Acceso a la Justicia y Debido Proceso. Una propuesta para la nueva Constitución

La ausencia de una consagración del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva es una de las omi- siones más graves de la Constitución Política de 1980 en materia de derechos de corte procesal. Esta garantía, íntimamente relacionada con el derecho a un debido pro- ceso, cumple un rol distinto que debe ser relevado y que debe ser considerado en el nuevo texto constitucional. Ello, pues cuando hablamos de acceso a la justicia nos referimos al derecho de todas y todos a acudir al sistema de justicia a obtener una respuesta estatal que, en caso de ser favorable, pueda ser efectivamente cumplida

Este déficit constitucional ha generado diversos problemas de interpretación y aplicación práctica de este derecho. Uno de los más frecuentes es la tendencia a circunscribir el amplio margen de acción y desarrollo del acceso a la justicia a la exigencia estatal de contar con asesoría jurídica para quienes no puedan procurarse una defensa letrada por sí mismos, todo basado en lo dispuesto en el artículo 19 n° 3 inciso 3°. Este enfoque no solo reduce la acción del acceso a la justicia, sino que incurre en un error al confundir este derecho con una de las dimensiones del derecho a la defensa.

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