usticia de género y acceso a la salud: lo que hay detrás del proyecto de despenalización del aborto

La iniciativa busca dejar atrás la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de criterios de plazos y no solo de causales, como lo dispone la legislación actual. “No es aborto legal, porque para que lo sea el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso” explica la diputada Marcela Sandoval.

maternidad deseada

 

Fue en 2018 cuando las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola  (PC), Camila Rojas, Claudia Mix (Comunes), Maite Orsini , Catalina Pérez (RD), Natalia Castillo (Ind.), Gael Yeomans (CS),  Daniela Ciccardini , Emilia Nuyado (PS),  Cristina Girardi (PPD) y  la ahora senadora Loreto Carvajal (PPD) presentaron  una moción que busca  modificar el Código Penal y despenalizar así la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

Segundo Monitoreo Social: Los obstáculos al aborto legal y el déficit en salud sexual y reproductiva se agravan durante la pandemia

“Nos sentimos postergadas”. Esta frase resume de forma significativa las muchas conversaciones sostenidas, tanto con usuarias como con funcionarias del sistema público de Salud en el segundo monitoreo social a la ley de interrupción del embarazo (IVE) en tres causales y el acceso a salud sexual y reproductiva.

Es la segunda vez que la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia realizan este ejercicio de fiscalización ciudadana. Esta vez, se realizó junto a seis organizaciones en distintas localidades: Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle en la región de Coquimbo, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y Colectiva Las Furias de Ancud en la región de los Lagos. 

El primer monitoreo fue en 2019, a poco más de un año de implementada la ley, y develó la ausencia de información sobre la ley a las mujeres y la comunidad; una preocupante falta de información y capacitación del propio personal de salud; la objeción de conciencia como un obstáculo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; y, finalmente, la afectación del derecho de decisión de quienes estuvieran enfrentando un embarazo en alguna de las causales permitidas por ley.

En esta oportunidad nos propusimos monitorear lo que ocurrió con la atención de salud sexual y reproductiva (SSR) y el acceso al aborto legal durante el pandémico 2020. Es entendible que la crisis requiriera una serie de adecuaciones para responder a la emergencia y disminuir las situaciones de riesgo de contagio para pacientes y personal de salud, pero el monitoreo arroja una opinión bastante generalizada entre usuarias y equipos, en que en los primeros meses hubo bastante caos, sin información clara para las usuarias, pero tampoco de directrices adecuadas desde las autoridades para los propios centros de atención. 

De hecho, recién en junio de 2020 se conocen las orientaciones para el manejo de casos COVID en gestantes, donde se indica que en situación de riesgo vital materno se puede constituir la primera causal en el embarazo de mujeres con COVID positivo y con patologías respiratorias severas, y en octubre se adoptan las orientaciones técnicas de continuidad de atención en SSR en el contexto de la pandemia.

Los resultados muestran que, en los seis territorios monitoreados, la realización de interrupciones voluntarias del embarazo se mantuvo durante la pandemia, pero los problemas y obstáculos identificados en el monitoreo de 2019 no se han superado, y en algunos casos se han producido retrocesos en la atención. 

Es grave la ausencia de información sobre el aborto legal, sobre todo cuando se conoce del aumento de la violencia y la violencia sexual al interior de las familias contra mujeres y niñas en los peores meses de la pandemia. En las entrevistas, las mujeres dicen haber conocido de las tres causales por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios, y no como resultado de la difusión de una política de salud. 

En la red asistencial, la objeción de conciencia se mantiene como una barrera para acceder al aborto legal, así como la obstrucción de profesionales que no se declaran objetores, pero que tramitan pidiendo mayores evaluaciones de las necesarias, o felicitan a las mujeres por sus embarazos o hacen comentarios religiosos a ver si cambian de opinión. 

En la atención de salud sexual y reproductiva, los déficits previos a la crisis sanitaria se han agudizado debido a la discontinuidad en las atenciones, la orientación de no ir a un establecimiento de salud salvo situaciones de emergencia o sospecha de COVID, así como el temor al contagio de las propias mujeres que evitaron acercarse a los consultorios. 

La atención de salud estuvo centrada en las gestantes -control prenatal y parto- y el o la recién nacida. Luego de semanas se retomó la entrega de anticonceptivos, no sin dificultades, tal como mostró la tardía información sobre lotes de anticonceptivos defectuosos que fueron distribuidos en la red asistencial. Las demás prestaciones como papanicolaous, mamografías, y manejo de infecciones de transmisión sexual, se suspendieron y sólo se han ido retomando recientemente. El personal de salud expresa temor respecto del impacto de estas postergaciones sobre la mortalidad y enfermedad de las mujeres –por ejemplo, cánceres no detectados a tiempo. 

Un grupo particularmente afectado es el de adolescentes y jóvenes: cerradas las escuelas, los internados y los espacios amigables en la red de salud, faltaron estrategias para mantener el contacto y la información con esta población. Veremos consecuencias en su salud sexual y reproductiva, en violencia sexual y en embarazos no deseados.

El monitoreo también da señales respecto de otras deficiencias de la atención en salud sexual y reproductiva a poblaciones específicas con necesidades particulares, como las personas en situación de discapacidad y la comunidad LGBTI+, a quienes claramente no ha incorporado el sistema de salud

A las mujeres y personas gestantes con discapacidad se las infantiliza en su sexualidad, y se las excluye, pues no hay información pensada en términos de accesibilidad universal, ni personal capacitado para entregarla. Por su parte, son muy escasos los establecimientos y profesionales que dan respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las lesbianas y las personas trans. 

En todos los territorios, las usuarias declararon haber vivido situaciones de maltrato en la atención. Particularmente durante la juventud, adolescencia o durante el parto. 

Finalmente, las entrevistas expresan que lo que se ha podido hacer en acceso al aborto en tres causales y en atención en salud sexual y reproductiva ha dependido en mucho del compromiso de los equipos de salud y de las mismas mujeres de esos equipos. Si bien se agradecen las voluntades de profesionales que tienen un interés por resguardar el acceso a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos, esto debería ser una garantía estatal.

En suma, los hallazgos del monitoreo son preocupantes y debieran llevar a acciones urgentes de parte del Ministerio de Salud

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¿Cómo hablamos de aborto?

“Si tú no estuvieras todavía seguiría siendo la niña de la casa. Yo estaría estudiando, no tendría que estar trabajando a esta edad. Si tú no estuvieras yo estaría casada con el hombre que yo quería. Si tú no estuvieras yo… me muero”, dice una joven mientras mira por la ventana a una niña de no más de dos años. Luego aparece una leyenda que dice: “Un embarazo no deseado cambia tu vida, pero puede ser mejor”. El video es parte de la campaña antiaborto de la Fundación Chile Unido, que se transmitió en televisión abierta en el país, el año 2004. El otro video que era parte de la campaña, mostraba a una adolescente con uniforme escolar sentada en una mesa susurrando “me van a matar”, mientras sus padres le sirven el desayuno. Y luego hacen un efecto, como si la cámara entrara a su cuerpo y entonces muestran a un feto diciendo lo mismo: “me van a matar”. El video termina con la siguiente leyenda: “¿Te das cuenta lo que puede hacer tu hija por miedo a contarte que está embarazada?”.

Esta campaña no es la única. Quienes la recuerdan son parte de una generación que creció en la década de los noventa y principios de los dos mil, viendo propaganda de criminalización del aborto, incluso en muchos colegios les mostraron videos de este tipo a niñas, niños y adolescentes como parte del proyecto educativo. Un trabajo comunicacional que según la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), Débora Solís, tuvo un impacto altísimo. “Lo que ahí se muestra no es concreto y tampoco va acompañado de la información necesaria para prevenir un embarazo. No orienta ni informa, sino que sataniza y estigmatiza una situación que a pesar de ser muy cotidiana y real, sigue estando en el lado más oscuro de nuestras cabezas”, explica.

Y es que en temas valóricos como este, suele ocurrir que las campañas apelen más a una cuestión emocional que netamente científica. Así lo explica Cristián Leporati, Director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. “Es un tema complejo porque se cruza con dimensiones ideológicas, políticas y religiosas, y por tanto cualquier comunicación ya sea pro aborto o contra el aborto, está cruzada por estas dos dimensiones y hace que la discusión que uno vea tangibilizada posteriormente en campañas sea muy emocional y poco racional”. Dice además que es complejo porque la dimensión emocional va contaminando toda la retórica que puede tener un comercial, un spot o una campaña en un camino o en el otro.

Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en España, un país que contempla la interrupción del embarazo de manera voluntaria desde julio de 2010. En 2017, el Boletín Oficial del Estado definió a la entidad ultra y antiabortista Más Futuro, como “un instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos”. Ese año la entidad fue declarada como una asociación de utilidad pública por el gobierno de Mariano Rojoy. Desde entonces, disfrutan de ventajas fiscales y asesoría jurídica gratuita para el desarrollo de sus labores, esto es, importunar a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. En el sitio español kamchatka.es cuentan el testimonio de una mujer que tenía muy claro lo que iba a hacer, pero que en las puertas de la clínica Dator –la primera de Madrid autorizada para la realización de abortos de alto y bajo riesgo– se sintió agredida cuando fue asaltada en plena calle por un grupo de cinco mujeres que intentaron socavar su decisión. “Me decían que iba a matar a mi hijo, que no tenía derecho y que ellas podían ayudarme”.

Una trabajadora de la clínica cuenta que todos los días se plantan delante de la puerta, abordan a las mujeres y les entregan folletos, sin que ellas hayan dado su consentimiento. La normativa española establece que las clínicas autorizadas son las encargadas de entregar la información (procesos a seguir dependiendo de la edad gestacional y la valoración médica, así como las posibles complicaciones y riesgos, y los derechos que asisten a las mujeres), sin embargo, la trabajadora cuenta que “una de las prácticas más habituales entre los pelotones antielección es el reparto de panfletos que pueden llevar a confusión por constituir un memorándum de falacias desacreditadas por la ciencia. En uno de ellos, en el que se exhorta a las mujeres a ‘escuchar la llamada de tu consciencia’, advierten de la relación entre el aborto y el cáncer, una conexión desmentida por numerosos estudios médicos”.

Fernanda Marín es investigadora y parte de la red de politólogas. En 2015 realizó la investigación Aborto en Chile: La (NO) discusión de derechos y plantea que las campañas debieran estar enfocadas en entregar información clara y honesta. “No puede haber información que tenga un tinte político para uno u otro bando, porque esto no se trata de bandos, sino que un tema de salud pública, vida digna y derechos humanos”, explica. Agrega que por eso es relevante que exista una ley. “Es fundamental la desistagmitacion social del aborto y con ello no solo me refiero a la idea del aborto como tal, sino que también a la palabra. Acá en comunicaciones y campañas se suele hablar de interrupción del embarazo, se maquilla la palabra porque les parece muy fuerte, pero por ejemplo en Argentina –donde el aborto es legal hace un par de meses– no solo lograron legalizar el aborto como una práctica médica, sino que a la vez removieron el estigma social que tenia la palabra aborto a muchos niveles. Se empezó a hablar de aborto en espacios donde antes no se hablaba como en escuelas y territorios. Y esa labor es muy importante y necesaria para que la discusión pública sea seria y honesta”, agrega.

Un paréntesis en la historia

El dossier Aborto en Chile: avances en derechos humanos, publicado por la Corporación Miles en la biblioteca virtual Scielo España, dice que “las mujeres que se han realizado un aborto en Chile, viven una serie de dificultades para reinsertarse en su vida cotidiana tanto en el contexto familiar como social, debido a que muchas veces tienen que dar explicaciones respecto al por qué se interrumpió el embarazo, además de enfrentar largos procesos de recuperación psicológica, afectando su entorno familiar”. También agrega que si en una sociedad el aborto es permitido existen menos prejuicios sociales y estigmatizaciones. En este sentido la legislación chilena ha sido un terreno fértil para que las campañas antiaborto tuvieran el efecto deseado. De hecho surgen principalmente entre los años 1989 y 2017, cuando la legislación sanitaria sobre aborto difiere completamente de la que rigió en Chile durante gran parte del siglo XX, donde el aborto era lícito y socialmente aceptado.

La Ley N°18.826, implementada en 1989, sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario y penalizó el aborto en los artículos 342 a 345 del Código Penal. Desde 1931 hasta 1989 el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo por motivos terapéuticos. Las condiciones eran la autorización de dos médicos cirujanos y tener por objeto fines terapéuticos. Sin embargo, a partir de la reforma, el Código Sanitario reguló la interrupción del embarazo en los siguientes términos: “No podrá ejecutarse ninguna acción destinada a provocar el aborto” (Artículo 119). Con la modificación el aborto quedó absolutamente prohibido, tanto en la legislación sanitaria como en la penal. Para Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, este fue un punto de inflexión en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Tras la recuperación de la democracia, lamentablemente, para las mujeres en Chile fue muy difícil poder reestablecer ese derecho. Pasaron casi treinta años hasta que se pudo dictar, en 2017, una ley que permitió avanzar de la criminalización total del aborto, a un modelo de causales”, explica.

Sin embargo, esto no hizo que los abortos dejaran de realizarse. Datos publicados en el dossier de la Corporación Miles indican que aunque el número de abortos que se practican las mujeres en Chile es desconocido porque está penalizado, existen estimaciones de abortos clandestinos anuales que varían entre 160.000 –de acuerdo al único estudio nacional realizado en 1990– a 200.000 según datos del año 1994. Se suman datos del año 2012 –aunque menos corroborados– que señalan que existen 60.000 abortos clandestinos y en el año 2015 esta cifra alcanzaría a 300.000. Débora Solís dice que estas cifras confirman la idea de que las campañas antiaborto lo único que hacen es estigmatizar, porque no ayudan ni a prevenir los embarazos no deseados, ni tampoco los abortos. “Muchas de las niñas o jóvenes que vieron esos videos igualmente se practicaron un aborto, solo que con consecuencias nefastas para su salud mental. O chicas que supieron de experiencias de abortos de sus madres, hermanas o amigas y que inmediatamente las veían como criminales, porque además estos temas hasta hace poco no se conversaban”.

Fernanda Marín explica que esta estigmatización es mucho más fuerte en las generaciones de mujeres que actualmente tienen hasta 40 o 45 años. “Antiguamente era común que las mujeres se hicieran abortos por temas económicos porque no podían tener mas hijos. En el campo siempre han habido “remedios” y existe un gran imaginario en torno a esto. Fue con el cambio en la ley que se transformó en un tema tabú, que fue criminalizado y eso evidentemente afectó a generaciones de mujeres que solo tenemos consciencia respecto a los años en que el aborto fue completamente penalizado legal y socialmente. Tenemos más latente el estigma justamente porque crecimos con estas campañas”.

El rol del estado

Independiente de la tendencia política del gobierno de turno, Fernanda Marín dice que el rol del Estado debiese ser democratizar el acceso a la información. “Estos temas se deben abordar desde un punto de vista de salud pública y en ese sentido, evidentemente se debe tener un rol activo”. Leporati coincide: “Cuando estás en un gobierno indudablemente lo que tiene que primar es la política pública, pero lamentablemente como la discusión cruza con lo emocional, también influye quien esté gobernando. Sin embargo, Chile ha ido madurando y le ha hecho más fácil la tarea a los gobiernos de turno. Hoy un video antiaborto en el que muestren a un feto gritando “me van a matar” resulta muy burdo y sería impensado que se transmita por televisión abierta. La sociedad ha madurado, es más consciente de sus derechos y además está hiperconectada. Si alguien te dice en una campaña que si te haces un aborto te va a dar cáncer, los líderes de opinión van a salir a decir que eso no es cierto”.

Por eso el rol de los movimientos sociales que han relevado este tema es importante. “Todo lo que significa una discusión social y legislativa frente al aborto es difícil, ya que enfrenta importantes resistencias, sin embargo, lo que hemos visto es que los últimos años este debate se ha instalado con mucha fuerza. Los derechos de las mujeres y de las personas con la capacidad de gestar ocupan un lugar relevante en la conversación social y respecto al derecho de decidir o al derecho al aborto libre”, complementa Camila Maturana. “Ahora las chicas tienen más información, escuchan y se hacen parte del debate, entonces las ves hablando de su sexualidad con libertad, hablan de placer, de protección, de consentimiento. Ahí te das cuenta de que algo hemos evolucionado. Pero es un camino lento que necesita ir de la mano de una legislación y de una discusión pública que, por sobre todo, se base en la salud y los derechos de las mujeres”, concluye Débora.

Publicado en Revista Paula 

Datos y Mapas| Las cifras que deja el aborto en 3 causales y que el nuevo proyecto de 14 semanas pretende revertir

Datos y Mapas| Las cifras que deja el aborto en 3 causales y que el nuevo proyecto de 14 semanas pretende revertir

A propósito del inicio de la tramitación del proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14, El Desconcierto desmenuza las cifras que han dejado los tres años de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sus causales y la objeción de consciencia, la principal barrera que hasta ahora ha limitado este derecho.

Han pasado apenas 15 días desde que Argentina aprobó la despenalización del aborto y en Chile el debate ya ha tomado fuerza. Este miércoles la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas empieza la discusión sobre el proyecto de ley que busca legalizar el aborto hasta la semana 14. “Me he puesto a disposición de las organizaciones feministas que han dedicado su vida a la pelea por un aborto libre y seguro para todas”, señaló la diputada (RD) Maite Orsini, presidenta de la instancia. La iniciativa, ingresada el 2018, fue patrocinada por un grupo de parlamentarias de la oposición.

El empujón de las argentinas ha servido a Chile para dar el play a una tramitación que viene a culminar los primeros pasos dados con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales (riesgo para la salud de la mujer, inviabilidad fetal y violación), aprobada en septiembre de 2017. Una norma que permitió derogar la regulación impuesta durante la dictadura, que prohibía el aborto bajo cualquier supuesto. Sin embargo, para las feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, esta ley siempre quedó corta, por circunscribirse solo a tres supuestos básicos que, además, quedaron muy restringidos. “Las tres causales son insuficientes para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, por eso preparamos una propuesta para presentar a las organizaciones feministas y parlamentarias”, explica la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana. «Con este nuevo texto se busca eliminar la sanción penal para quienes interrumpan su embarazo fuera de las tres causales y dentro de las 14 semanas», precisa.

Según cifras del Minsal, desde 2018 y hasta el 15 de octubre de 2020, período en que se ha implementado la ley IVE, se han practicado más de 2.000 abortos, en su mayoría asociados a la inviabilidad fetal (49,6%), seguido del riesgo para la salud de la mujer (32%) y la violación (18,4). La mayoría de ellos, se han producido en los establecimientos públicos de salud. Sin embargo, los porcentajes se invierten cuando las cifras se focalizan solo en los casos de niñas y adolescentes: de los 144 abortos se han realizado a menores de edad en este período, un 82,6% han sido bajo la causal de violación.

La coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, subraya que las cifras de 2020 son sensiblemente inferiores (22,8%) a la de los dos años anteriores. En 2018 se registró el 36,4% del total y en 2019 el 40,7%. En su opinión, esa disminución tiene que ver con las “barreras de acceso” que se han levantado en la implementación de la ley. “Como no hay facilidades para acceder a las tres causales, las mujeres buscan otras alternativas para interrumpir sus gestaciones”.

Entre las limitaciones de la ley que han denunciado las organizaciones feministas y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, están la falta de información a las usuarias y las deficiencias en las capacitaciones de los y las profesionales. “Estas barreras influyen en la acreditación de las causales y, si no se acreditan, la mujer no puede hacer uso de su derecho”, señala Maira, que junto con Maturana, serán de las primeras integrantes de organizaciones en exponer ante la Comisión de Mujer de la Cámara.

Objeción de consciencia amplia e «inadecuada»

Otro punto de la legislación actual que siempre fue controvertido es la protección que entrega a los equipos de salud para negarse a practicar un aborto y declararse objetores de consciencia. “Es una normativa de manga ancha con algo que debería ser una excepción y no una regla”, indica Maira.

La ley actual permite no solo que establecimientos privados de salud se definan como objetores de conciencia institucionales, sino que también amplía esta categoría a los profesionales tanto del sistema público como del privado. Rellenar un formulario basta para poder negarse a atender a una niña o una mujer que requiera un aborto bajo una de las tres causales. “La forma como está regulada la objeción de conciencia es inadecuada porque en lugar de garantizar la atención de mujeres y niñas en los establecimientos donde les corresponde, se plantea que pueda ser trasladada a otro centro que muchas veces va a estar a kilómetros de distancia y donde las mujeres no cuentan con las redes que sí tienen en su territorio”, sostiene Camila Maturana. Si no existe un sistema de turnos para asegurar la atención de las mujeres y niñas afectadas, se procede a derivarlas a otro hospital que cuente con un equipo no objetor. Para la abogada, se trata de derivaciones “sin ningún sustento en el tipo de procedimiento o la infraestructura” porque en la mayoría de los casos la IVE se lleva a cabo con medicamentos y sin requerir intervención quirúrgica, por lo que no tienen una “justificación biomédica o sanitaria”.

La mitad de obstetras son objetores

Las facilidades que permite la ley vigente ha generado una alta proporción de objetores de conciencia. Un informe publicado a finales de noviembre de 2020 por la Corporación Humanas revela que, desde la implementación de la norma,la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetores de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. En concreto, uno de cada dos obstetras que trabaja en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital, señala el documento.

El estudio, elaborado a partir de la información reportada por el Minsal y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, recoge las cifras de objetores de personal de salud de 70 recintos habilitados para implementar la Ley IVE.

De acuerdo a la información recabada por la Corporación Humanas, 27 de los 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información registran una proporción de entre el 66,7% y el 100% de obstetras objetores de conciencia del total de sus contrataciones. Los casos más preocupantes son los de los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén, cuyos médicos obstetras son todos objetores. Con un tercio de objetores del total de contrataciones (33,4% a 66,6%) y en una situación intermedia, se encuentran otros 23 hospitales públicos. Finalmente, solo 17 recintos cuentan con todos sus médicos obstetras abiertos a atender a una niña o mujer que necesita un aborto bajo alguna de las causales legales.

Desde este miércoles, la discusión volverá a colocarse al centro del debate público y, como ocurrió en Argentina, las activistas apuestan por alcanzar una despenalización social total que empuje hacia la despenalización legal. “Esperamos que el debate legislativo visibilice la negación de derechos y el impacto directo que tiene en la democracia y la justicia”, cierra Maira.

Lee aquí Moción Despenalización aborto consentido 14 semanas Boletín Legislativo Nº 12.038-34 by Meritxell Freixas on Scribd

Monitoreo implementación ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales en relación a la objeción de conciencia de funcionarios/as públicos/as de salud

En Chile, al dictarse la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en septiembre de 2017, junto con aprobarse una legislación restrictiva sobre aborto en situaciones excepcionales (riesgo vital, inviabilidad, violación), se adoptó una normativa amplia y genérica en materia de objeción de conciencia, que la permite no sólo a integrantes de los equipos de salud sino también a centros privados de salud en su calidad de instituciones. Se trata de una regulación que no resguarda el carácter estricto que dicha figura debe tener en conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos y que no cautela de manera adecuada los derechos de las mujeres y las niñas.

Con base en la normativa vigente, parte importante de los equipos de salud que se desempeñan en establecimientos públicos han podido acogerse a la objeción de conciencia para abstenerse de intervenir o participar de procedimientos médicos de interrupción voluntaria del embarazo requeridos por mujeres y niñas afectadas por alguna de las causales contempladas en la legislación. En efecto, a partir de la dictación de la ley y en adelante, la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetor/a de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. De hecho, de acuerdo a la  información reportada por el Ministerio de Salud y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, uno de cada dos obstetras que se desempeña en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital. Pese al transcurso del tiempo, esta alarmante situación no ha mejorado.

La alta proporción de funcionarios/as públicos/as que se ha acogido a la objeción de conciencia constituye una preocupación de la mayor relevancia, pues ello puede obstaculizar el respeto a las decisiones de mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales y dificultar su acceso a una prestación de salud que la legislación reconoce y protege. De ahí que para Corporación Humanas y otras organizaciones y colectivas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes, monitorear en el tiempo la implementación de la ley Nº 21.030, la realidad de la objeción de conciencia y la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país constituya una temática prioritaria, que reviste especial importancia en contexto de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 por las barreras que de ello han derivado a las atenciones en salud sexual y reproductiva y acceso al aborto legal.

Más allá de la preocupación que suscita la alta proporción de obstetras y otros/as integrantes de los equipos de salud de establecimientos públicos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto en tres causales que se declara objetor/a de conciencia, y que ello se mantenga en el tiempo, cabe señalar que dicha realidad no es homogénea a nivel nacional y que se presentan, además, particularidades territoriales que resulta necesario atender.

El reciente monitoreo llevado a cabo por Corporación Humanas permite identificar que en parte importe de los hospitales públicos –27 de 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información–, la proporción de médicos/as obstetras objetores/as de conciencia es superior a dos tercios de las contrataciones y que en cinco establecimientos la totalidad declara tal calidad, como ocurre en los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén. Además, entre los hospitales públicos en que los/as obstetras objetores/as superan los dos tercios se encuentran siete hospitales regionales, Antofagasta, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, establecimientos a los que corresponde la resolución de las necesidades de atención de la población regional. Asimismo, presentan esta elevada proporción de objetores de conciencia los hospitales Luis Tisné y Melipilla de la Región Metropolitana, Vallenar en la zona norte, y los hospitales de San Felipe, Rengo, Santa Cruz, Linares, Coronel, Lota, Cañete, Angol, Victoria, Nueva Imperial, Osorno y Castro de la zona centro y sur.

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MAPA NACIONAL MÉDICOS/AS OBSTETRAS OBJETORES DE CONCIENCIA

Tras hito argentino, feministas buscan reimpulsar la despenalización del aborto en Chile

En el Congreso Nacional ya hay al menos dos proyectos que buscan autorizar, sin causales, la interrupción del embarazo.

La norma actualmente vigente nuestro país es «sumamente limitada, y no protege a todas las mujeres», afirma la Corporación Humanas.

Tras hito argentino, feministas buscan reimpulsar la despenalización del aborto en Chile
La abogada Camila Maturana estimó que la aprobación en Argentina «pone de relieve la importancia de contar con marcos jurídicos que reconozcan y protejan nuestros derechos».

DIVERSAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS DE CHILE VEN LA APROBACIÓN DEL ABORTO LIBRE EN ARGENTINA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA REIMPULSAR EL DEBATE EN EL PAÍS, TOMANDO EN CUENTA QUE EL CONGRESO TIENE AL MENOS DOS PROYECTOS QUE BUSCAN DESPENALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO POR COMPLETO.

Una de las instituciones interesadas en que se tramiten es la Corporación Humanas, desde donde la abogada Camila Maturana estimó que la decisión del Congreso trasandino «es un tremendo avance para todas las mujeres y las niñas en la región», al tiempo que «pone de relieve la importancia de contar con marcos jurídicos que reconozcan y protejan nuestros derechos, en especial el derecho a decidir».

«En Chile, se cuenta con una ley sobre aborto en tres causales, sumamente limitada, que no protege a todas las mujeres, y consideramos que ya es tiempo de que el Parlamento debata una moción presentada en agosto del año 2018 para despenalizar la interrupción voluntaria del aborto sin causales durante las primeras 14 semanas», remarcó.

Esta iniciativa, que se encuentra hace dos años en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y fue firmada por 10 diputadas, modifica el Código Penal para señalar que, en las ocasiones en que se habla de sanciones por abortar, éstas se aplicarían solo si la interrupción del embarazo ocurre después de la semana 14.
La diputada Daniella Cicardini (PS), firmante del mencionado proyecto, dijo que «cosas que eran imposibles hasta el 2019, como el cambiar la Constitución, hoy serán una realidad. Creo que el debate que se dio en Argentina no sólo es viable, sino que es absolutamente necesario reimpulsar en nuestro país, entendiendo que hay una serie de demandas por los derechos de las mujeres que se pusieron con mucha fuerza sobre la mesa y que, a través de LasTesis, tuvieron resonancia mundial».

«Es importante volver a discutir la interrupción voluntaria del embarazado más allá de las tres causales en Chile», sostuvo la diputada Camila Vallejo (PC), también impulsora de la iniciativa.

«La lucha que han dado las mujeres feministas en Argentina es un ejemplo a seguir a nivel mundial», agregó.

Por otro lado, está el proyecto que se mantiene desde su inicio en la Comisión de Salud del Senado, ingresado por tres parlamentarias y dos parlamentarios, y aunque éste permite abortar hasta la semana 14, habla de requisitos, garantías de acceso y objeción de conciencia.

Sin embargo, la presidenta de la instancia, Carolina Goic (DC), descartó que vaya a ser revisado en lo inmediato, pues «en términos de prioridades para la discusión legislativa, hoy día estamos abocados al fortalecimiento de Fonasa, donde está el 70 por ciento de la población».

«Ahí yo espero que concentremos las energías durante el mes de enero, y por otro lado, la Ley de Fármacos II, que no puede seguir demorando más su tramitación», agregó.

De todos modos, colectivos y organizaciones de mujeres inician conversaciones para intentar promover la tramitación de estos proyectos junto a las legisladoras que ya han reivindicado sus demandas en esta materia.

DIPUTADO RN: «ES UNA NOTICIA PREOCUPANTE»

El diputado Eduardo Durán (RN) considera el hito argentino como «una noticia sin dudas triste y preocupante».

«En lugar de poner el foco en la educación para que exista una sexualidad responsable e indagar en las causas sociales de las agresiones sexuales y condenar a sus responsables, se legaliza el aborto y se condena a muerte a niños que están por nacer», aseguró el legislador, quien rechazó el proyecto de ley de educación sexual integral (ESI)en octubre pasado.

«Es de esperar que en nuestro país esto (la legalización del aborto) nunca pase. Los que no estamos de acuerdo estaríamos financiando con nuestros impuestos ese aborto», afirmó el hijo del obispo evangélico Eduardo Durán.

 

Campaña: Negar el aborto y los derechos sexuales y reproductivos es violencia

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género que se inicia el 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia” y hasta el 10 de diciembre “Día Internacional de los DDHH”, Corporación Humanas y la Mesa Acción por el Aborto en Chile lanzan campaña “Negar el aborto y los derechos sexuales y reproductivos ES VIOLENCIA”, con el fin de develar que la falta de acceso a la prestación e información sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es constitutiva de violencia.

Desde su promulgación, hemos constatado que no existen campañas públicas que informen a las mujeres, niñas adolescentes y personas gestantes, así como a las comunidades,  sobre la ley de aborto en tres causales, que la pandemia develó  aún más complicaciones  en el acceso a la prestación de las que existían antes del COVID19 y que hubo error en la entrega de anticonceptivos. 

Además, centramos la campaña en el debate constitucional  bajar el contenido al derecho a decidir, aterrizándolo:  la maternidad debe ser voluntaria (y sin acceso al aborto legal no existe esa voluntariedad).

Un reciente encuesta de Corporación Humanas y el Observatorio de Género Equidad 2020 da cuenta que el 83% de las mujeres encuestadas se siente discriminada en el ejercicio de su libertad sexual y un 79% de las mujeres encuestadas considera que se debe incluir el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva en la Nueva Constitución.

Datos del Monitoreo Social de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, han detectado problemas de acceso al aborto antes del COVID19: con la inexistente información pública a la ciudadanía, la  falta de capacitación de los equipos de Salud (salvo duplas IVE) y la objeción de conciencia como una limitante al derecho a elegir de las mujeres.

 

 

Andrea Huneeus, ginecóloga: “una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el planeta es la anticoncepción segura y accesible para todas”

El pasado 13 de noviembre en el programa de radio de Nada Sin Nosotras, nos acompañó la ginecóloga e integrante de la sociedad norteamericana de ginecología infanto juvenil Andrea Huneeus.

Durante el capítulo, junto a la conductora Kena Lorenzini, hablaron sobre educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos y sobre qué es lo que ha dejado todo este tiempo que hemos vivido en pandemia.

En relación a cómo la pandemia ha afectado los derechos sexuales y reproductivos la ginecóloga aseguró que “la pandemia y la sexualidad adolescente es como la tormenta perfecta ha sido la tormenta perfecta y nos tenemos que preparar para cuando esta ola reviente porque se juntan muchas cosas que son muy peligrosas para la sexualidad infantil, que son el cierre de los servicios de salud sexual y reproductivo, en tanto en entregar anticonceptivos, el difícil acceso a las farmacias, en todo lo que es control y manejo de las infecciones de transmisión sexual”.

En este sentido, Andrea Huneeus dijo que cuando reviente la tormenta perfecta a la cual se refirió en el párrafo anterior nos encontraremos con “un aumento medible de las tasas de embarazos en adolescentes, un aumento medible en infecciones de transmisión sexual, este año aún no se han notificado el número de VIH y la verdad es que este año los test de VIH no se han hecho y un aumento medible y cuantificable del abuso sexual en las casas”.

Respecto a los ítem que debería contener una nueva Constitución Huneeus afirmó que ve con preocupación la cantidad de hijos que nacen sin ser planificados y que “en la constitución, que yo sé que los derechos ambientales si van a ir anotados, es muy importante que una de las medidas más importantes para evitar el calentamiento global, que es que no nazcan hijos no planificados, esté garantizada porque es una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el planeta, la anticoncepción segura y accesible para todas”.

Por último y en relación a lo que ha ocurrido con el aborto en nuestro país, la especialista realizó una crítica a una de las causales que contempla la ley 21030 “el hecho que la tercera causal haya quedado con un límite de edad gestacional es tremendo por las condiciones de vulnerabilidad que vive una embarazada violada por un familiar, entonces es súper complicado y eso es lo que está pasando ahora, las que están llegando están llegando pasados los límites de edad gestacional en que los profesionales de salud con la ley actual no podemos hacer nada y por eso ha disminuido tanto la causal no porque haya disminuido la violación sino porque no se logra acreditar la causal”.

Nota publicada en Nada Sin Nosotras

El caso de Camila, una niña indígena abusada sexualmente que enfrentó un embarazo forzado, llega al Comité de Derechos del Niño de la ONU

  • Es la primera vez que un caso de abuso sexual a una niña peruana es presentado a esta instancia internacional, de la mano de Promsex.
  • El Estado peruano ya ha sido sancionado en dos ocasiones anteriores en otros Comités de la ONU por haberse negado a brindar información y acceso al aborto terapéutico a dos niñas que lo solicitaron.

Camila vivía en una zona rural del Perú junto a su padre, un trabajador del campo y su madre, una persona quechuahablante con una discapacidad severa. Cuando tenía trece años, su padre abusó sexualmente de ella y quedó embarazada. Ante las autoridades policiales, Camila reveló que su padre la había estado violando durante al menos cuatro años. La Fiscalía ordenó la detención preliminar de su agresor y en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua.

En el 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 1303 nacimientos de madres menores de 15 años. Las niñas entre 10 y 14 años tienen 4 veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta (SIS). Un estudio regional de Planned Parenthood Global señaló que el 24% de niñas entre 9 y 14 años que pasaron por un embarazo forzado había tenido complicaciones alrededor del momento del parto, como hemorragias e infecciones.

Persecución injustificada

Preocupada por la salud de Camila, su madre solicitó la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto terapéutico es un procedimiento médico legal en el Perú desde 1924 y se aplica en casos que la vida o la salud de la gestante se encuentra en riesgo. De acuerdo con la guía que establece pautas para la atención de estos casos, la respuesta debió llegar en seis días como máximo. Sin embargo, el hospital nunca le informó que tenía el derecho de interrumpir su embarazo y peor aún, nunca respondió a la solicitud. Inclusive, condicionó el servicio a la presentación de un informe médico y de una ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.

Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales. Este hecho aumentó la presión social sobre Camila, ya que vecinos de su comunidad preguntaban por lo sucedido y realizaban comentarios humillantes sobre su comportamiento.

Luego del aborto espontáneo sufrido por Camila, la representante del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido y, basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, decidió denunciarla por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes. A pesar de que el agresor había reconocido su responsabilidad, Camila pasó de víctima a victimaria, siendo ella la investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema de justicia.

#JusticiaParaCamila

Así como a Camila, a miles de niñas violadas se les impone un embarazo y maternidad forzadas que ponen en riesgo su vida y su salud física, mental y emocional, afectando de ese modo sus posibilidades de un futuro en el que pueda desarrollarse y lograr sus sueños.

“El caso de Camila es un patrón del Estado. Esas falencias son una serie de vulneraciones horribles que no solo ha vivido Camila. A pesar de que al Perú se le ha recomendado aplicar la normativa en el tema de aborto, esperamos que el Estado aplique un enfoque de niñez e interculturalidad, sobre todo para víctimas de violencia sexual. Ellas necesitan una atención eficaz, de calidad y rápida, no una persecución penal ni más violencia”, explicó Claudia Castro, abogada y asesora del área de Litigio Estratégico de Promsex.

Promsex asumió la defensa de Camila e inició una serie de procesos judiciales y administrativos que lograron que quede libre de la persecución en su contra. Agotados los recursos judiciales internos, el caso llega al Comité de los Derechos del Niño de la ONU de la mano de Promsex, Planned Parenthood Global y con el respaldo del Centro de Derechos Reproductivos y el movimiento #NiñasNoMadres. Camila busca justicia para que ninguna niña, en Perú o América Latina, tenga que vivir de nuevo esta situación y que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar lineamientos que garanticen la atención integral de las niñas en situación de embarazo producto de violencia sexual.

“Lo sucedido en el caso Camila es solo una muestra de cómo, a pesar de que el Estado ya ha sido interpelado por instancias internacionales en casos similares como el de L.C., hasta hoy sigue sin establecer estándares judiciales y de salud adecuados, para que las niñas no sean revictimizadas cuando son víctimas de violencia sexual y necesitan acceder a servicios de salud que puedan garantizarles su derecho a una adecuada atención, en el marco de la Guía de atención del protocolo de aborto terapéutico. El Estado sigue teniendo una deuda pendiente con todas ellas”, señala Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex.

Lima, 12 de octubre del 2020

#JusticiaParaCamila

#NiñasNoMadres

Publicado por Clacai