En todos los países, incluido Chile, las leyes se organizan de manera jerárquica, como una pirámide y en la punta se encuentra la la Constitución, sobre todas las demás normas, regulando entre otras cosas los principios y valores que guían la vida en común, los derechos y libertades de las personas, la estructura del Estado, las obligaciones, atribuciones y límites de los órganos públicos, entre otras cuestiones fundamentales.
Descarga el cuadernillo Una nueva Constitución para todas. Una guía breve y sencilla sobre el proceso constituyente y los derechos sexuales y reproductivos.
Los derechos que ella contenga definen las obligaciones del Estado con todas las personas que vivimos en el país. Por ejemplo, si somos parte en un juicio la herencia que dicte la jueza o juez debería esperas los derechos consagrados en la Constitución, o si el Estado decide otorgar un subsidio o definir una política de salud, también debe sujetarse a lo que la Constitución diga.
Tras el rechazo en particular del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, la medida quedó archivada. Ante un próximo período político “paradojal”, colectivos feministas ponen sus expectativas en el proceso constituyente y una discusión que ya está instalada en la sociedad.
Una amarga sensación dejó en diversas colectividades feministas el rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación.
Con todo, el debate en la Cámara Baja no estuvo exento de polémicas y es que estuvo marcado por las ausencias del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el diputado de Revolución Democrática y miembro de su comando, Giorgio Jackson, aunque como los parlamentarios estaban pareados con sus pares oficialistas estas inasistencias no influyeron el resultado.
En ese contexto, fueron los votos de militantes de la Democracia Cristiana los que terminaron por sellar el futuro de la tramitación, con el rechazo por parte de los diputados Miguel Ángel Calisto, Daniel Verdessi, Matías Walker, Jorge Sabag y Joanna Pérez.
A raíz de esta situación se suscitó el pasado miércoles una manifestación a las afueras del ex Congreso Nacional convocada por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, que presentó ante la Convención Constitucional una Iniciativa Popular Constituyente, con el objetivo de consagrar los derechos sexuales y reproductivos en la futura Constitución.
La abogada y directora ejecutiva de la Corporación Miles, Javiera Canales- cuyo organismo pertenece a este colectivo- lamentó la determinación del Congreso “principalmente porque esto continúa perpetuando las brechas de desigualdad que existe entre niñas y mujeres más pobres, ya que estas van a continuar realizándose abortos clandestinos en espacios inseguros y, en caso de emergencia sanitaria, obstétrica, van a restarse de asistir a los centros de asistencia de salud por el miedo eventual de ser perseguidas penalmente”.
Pese a lo anterior, Canales se mostró optimista frente al futuro de la discusión sobre el aborto en el país, dado el ingreso de esta propuesta por parte de agrupaciones de la sociedad civil.
En ese sentido, apuntó que “esta Iniciativa Popular Constituyente nace pensando negativamente con el proyecto de despenalización del aborto. Entonces, nosotras tenemos todas las esperanzas puestas también en la Convención, de que la nueva Constitución permita aperturar los derechos sexuales y reproductivos y, con ello, sea obligatorio y sea un mandato para el Estado de Chile, luego de aprobada la nueva Constitución, la creación de una ley que garantice en general y en particular el aborto hasta la semana 14 a lo menos”. De modo que esto sea concebido como una prestación de salud “en todos los servicios de atención, tanto públicos como privados”.
En particular, para viabilizar este tipo de medidas se requieren 15.000 firmas de cuatro regiones del país y según comentó Canales “nosotras estamos articuladas en más de 70 organizaciones a lo largo de Chile. Sabemos que vamos a lograr esas firmas, estamos articuladas incluso con el colectivo de Las Tesis para poder realizar actividades culturales en distintos espacios con el objetivo de poder reunir esas firmas y, una vez que se apruebe la iniciativa de forma como de fondo, se lleva al pleno de la comisión y probablemente no va a quedar tal cual, pero sí por lo menos va a tener que ser discutida”.
La constituyente por el distrito 9 y exdirectora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas Chile (Abofem), Bárbara Sepúlveda, sostuvo que “tenemos que entender que existen muchas trabas para la realización de los proyectos de vida de las personas en nuestro país y que, por lo tanto, el debate sobre el aborto y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivo se enmarcan en un asunto de justicia social, en una sociedad tremendamente desigual en materia de género y que hoy día buscamos consagrar como uno de los aspectos centrales de la Constitución también de estas demandas”.
Por ello, la abogada valoró la presentación de esta Iniciativa Popular Constituyente, señalando que la recibieron “muy contentas aquí dentro de la constituyente y que, además, nos hemos comprometido a apoyar y mejorar en todos los aspectos que sean necesarios”.
Por otra parte, consideró relevante “desenmarcar el debate en esto que se ha denominado de forma errónea como una ‘agenda valórica’, como si todos los asuntos relativos a los derechos de las mujeres fueran parte de una diferencia de opinión, de una forma de entender la vida, de una posición moral, que finalmente termina relativizando esos derechos”.
Mientras la encargada del programa de Seguimiento Legislativo de Corporación Humanas, Camila Maturana, se refirió a los alcances de este proyecto que se rechazó en la Cámara baja y, si bien lo consideró importante, “no responde plenamente a esta demanda social en torno a al derecho a decidir y a la maternidad voluntaria. Para garantizar este derecho a decidir se requiere un conjunto de derechos sexuales y reproductivos reconocidos y protegidos para todas las personas y, en particular respecto al aborto, garantizar la atención de las mujeres que requieren la interrupción del embarazo”
Por lo que apuntó que para aquello se necesita de una iniciativa impulsada el Ejecutivo, ya que implica gasto público, “como lo fue el proyecto de que presentó la presidenta Bachelet en 2015 que derivó en la ley 21.030 que no solo despenaliza el aborto en tres causales, sino que garantiza la atención de salud”.
Con todo, pese a que según Maturana se avizora un escenario “paradojal” para la discusión sobre la legalización del aborto- ante un nuevo Congreso con tendencia más conservadora y en paralelo el trabajo constituyente- “es un proceso que no se detiene en ningún país, ni tampoco en Chile”.
Así, sostuvo que “las demandas sociales en general y, en particular la demanda feminista respecto del derecho a decidir, nunca se ha detenido por una votación en contra. En todos los países en que estas leyes se han logrado aprobar, pensemos en Uruguay, Argentina, en México, en ninguno se logró en la primera oportunidad. Es un proceso que tiene que ver con un grado creciente de vinculación de las autoridades con las demandas de la ciudadanía y con la obligación que los estados han asumido en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas”.
El próximo martes 14 de septiembre se cumplen cuatro años de la promulgación de la Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Cuatro años de marchas, procesos legislativos y debate, cuyo abordaje ha marcado diferencias entre los distintos sectores políticos de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se aproximan en noviembre próximo.
“Es un tema de políticas públicas, ¿cierto?,” comenta Camila Maturana, abogada feminista de Corporación Humanas, en conversación con el Observatorio Género y Equidad al ser consultada sobre la instalación que ha tenido, desde 2017, la discusión del aborto en Chile luego de la despenalización en tres causales. Hecho que cambió el paradigma y posicionó la discusión en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Las candidaturas presidenciales tienen que tener una opinión, posición, propuesta de cómo se va a regular para garantizar y proteger la salud y la vida de las mujeres y las niñas y las personas con capacidad de gestar”, remarca la abogada.
Debate que, según anticipa, se llevará a cabo en la antesala del debate legislativo que se está desarrollado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto, puntualmente, respecto a la votación del proyecto que protegerá a personas con capacidad de gestar en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Moción que fue discutida el miércoles 1 de septiembre y que obtuvo 82 votos a favor, 48 en contra y seis abstenciones.
“Se va a dar en plena campaña para la reelección, ya sea para quienes van a la reelección como diputadas y diputados, o para quienes quieran ir al Senado. Eso es importante, porque la ciudadanía puede conocer qué es lo que piensan y qué es lo que va hacer el candidato o la candidata; cómo se posiciona respecto de los derechos de las mujeres y las niñas. Si legisla en base a las obligaciones que el Estado de Chile tiene en materia de derechos humanos, a lo que dicen los tratados internacionales, o legisla de acuerdo a sus condiciones personales”, reflexiona Maturana.
Según plantea, las y los chilenos no han tenido la oportunidad de conocer a quiénes piensan que las mujeres deben seguir siendo encarceladas, o en otras palabras, abortar bajo la amenaza del castigo penal, y quiénes piensan que las mujeres deben ser protegidas, y que la decisión de interrumpir el embarazo no sea impuesta a través del Código Penal.”
Seguir ese camino permitiría “avanzar un paso más allá, lo que implica dar garantía en la atención de salud para evitar que se continúe reproduciendo la desigualdad entre las mujeres, porque “si no está despenalizado y eres una mujer migrante o una adolescente migrante, no podrás acceder a un aborto seguro y en un entorno digno y protegido”
Aborto, la deuda de la política chilena
Con más de 20 años en organizaciones feministas y participando activamente desde entonces en la discusión del aborto en Chile , Camila Maturana, abogada feminista de Corporación Humanas, recuerda con gran entusiasmo lo que fue el inicio de un camino de lucha por posicionar y visibilizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Comenzó trabajando en la Casa de la Mujer de Valparaíso una línea de trabajo sobre maternidad voluntaria, paralelamente participó en Kaleitas, colectiva feminista, y en el Foro Red de Salud y Delitos Sexuales y Reproductivos. Esta última, según comenta, fue una organización sumamente importante en la discusión de aborto en los 90.
En ese entonces, recuerda Maturana, se derogó el aborto terapéutico y comenzó la reinstalación del parlamento elegido democráticamente. “Las feministas ingenuamente pensamos que una de las primeras medidas que el parlamento iba a tomar, era cambiar esa ley que acababa de aprobar la dictadura para impedir a las mujeres su derecho a la salud. Y bueno, se presentaron proyectos de ley por parlamentarias feministas”.
Reflexiones que también rememoran manifestaciones en las que participaba junto a otras feminista de Valparaíso, sagradamente el último viernes de cada mes. “Por supuesto, que hacíamos muchas actividades callejeras, íbamos al Congreso con pancartas y nunca, ningún medio cubría lo que nosotras hacíamos”.
En ese entonces, describe, las demandas feministas por el aborto y todos las temáticas que derivan de este en el marco del derecho sexuales y reproductivos, se tradujeron en levantar un trabajo que permitiese modificar las legislaciones y abolir su criminalización del Código Penal; demanda que se mantiene hasta hoy.
Luego de la incorporación y escalada del aborto en la agenda pública como una violación a los derechos humanos, se instaló en el debate la criminalización, el maltrato y los problemas que traían las denuncias contra las mujeres en los hospitales. Desde entonces “los partidos políticos mantienen una deuda en esta materia que incluso empieza a ser representada y reprochada por organismos de Naciones Unidas a Chile”, relata Maturana.
Posteriormente, en 2017, con la ley circunscrita a tres casuales, se plantean varios problemas. El principal: “No reconocer a las mujeres y las niñas como sujetas plenas de derechos. Sólo se garantiza la atención de salud cuando se trata de estas tres causales; muy específicas y acotadas. Todas las otras mujeres que necesitan o deciden abortar fuera de las tres causales, siguen estando forzadas a interrumpir su embarazo en condiciones de ilegalidad y de clandestinidad. Además, esta ley instaura esta figura de la objeción de conciencia”, explica Camila Maturana.
La abogada recuerda que al inicio del debate en torno a las tres causales y como feministas, algunas apoyaron la iniciativa a pesar de no estar de acuerdo con la proyección de la normativa implementada porque “consideramos que era un paso necesario para salir de esta situación de criminalización total”.
Así, Camila Maturana cuenta que desde Corporación Humanas elaboraron una propuesta de ley sobre despenalización dentro de las primeras 14 semanas. La iniciativa fue presentada a otras organizaciones feministas quienes apoyan el documento, y finalmente, fue entregada a las parlamentarias feministas.
Durante el 2018, se comenzaron a reunir los apoyos entre las y los parlamentarios, socializando el proyecto y discutiendo el contenido. Era una moción bien simple: modificar el Código Penal para que el aborto no sea delito.
En ese entonces, el escenario era más bien complejo. Las movilizaciones tras el mayo feminista recién habían comenzado a tomar vuelo y la posibilidad de modificar la Constitución para instalarlo como dentro del debate constituyente , parecía una opción más bien lejana. “Como estamos en un gobierno conservador, opositor a los derechos sexuales y reproductivos, sabíamos que no había ninguna posibilidad de que apoyaran la iniciativa. Por lo tanto, no podíamos pensar en que ese era un proyecto que estableciera garantías de atención, porque estas implican un financiamiento y un gasto público que sólo puede presentar en el Ejecutivo”, detalla Maturana.
“Presentamos este proyecto, muy acotado, sin duda. No es una propuesta feminista que garantice la atención de las mujeres, porque si tú despenalizas, finalmente se mantienen inalteradas prácticamente las desigualdades estructurales entre las mujeres, porque las mujeres no abortamos en las mismas condiciones, la ilegalidad o la falta de garantía de atención de salud, perjudica y afecta de manera mucho más grave a mujeres pobres, jóvenes y niñas, pobres y migrantes, principalmente”.
El proyecto tocó puerto y fue presentado junto a varias mujeres que marcaron presencia dentro del parlamento. Cada una con su pañuelo verde colgado en el cuello y otros que fueron instalados en los pasillos de la Cámara de Diputados, “¡ fue hermoso!”, recuerda Maturana. “Y ahí quedó”, dice inmediatamente.
“La Comisión de la Mujer recién estaba creada –en el 2018–, había muchos proyectos pendientes, urgentes, que generaban más apoyo que este. Las diputadas decidieron dejarlo para más adelante y avanzar en iniciativas que tenían apoyo transversal, que no era el caso lógicamente la despenalización”, explica.
Criminalización del aborto en Chile
En enero 2021, a partir de la aprobación en Argentina de la ley de aborto, cuenta que las diputadas vuelven a poner en discusión el proyecto que incorpora la despenalización dentro de las primeras 14 semanas. “Sabiendo que no tenía apoyo transversal. En esa discusión en la Comisión de la Mujer, que tuvo lugar hasta el lunes 9 de agosto, se recibieron en sucesivas ocasiones a organizaciones a favor y en contra de la moción. Sin embargo, al momento de la votación, quedó en evidencia que no sólo las diputadas oficialistas no apoyaban este proyecto, sino también las diputadas de la Democracia Cristiana, que era algo esperado”.
Camila Maturana plantea que “es difícil entender cómo las diputadas pueden decir ‘yo no estoy de acuerdo’, no encuentro justo que una mujer vaya a la cárcel por abortar, pero que aún así voten en contra de una ley que permitiría que las mujeres no sufran la amenaza del castigo penal. Es una contradicción, porque si tú votas en contra de despenalizar lo que estás diciendo, es que ¡esto es lo que corresponde’, que las mujeres vayan presas”.
La criminalización de las mujeres es una realidad. Un hecho conocido, abierto y público. “Gendarmería dijo que no había ninguna mujer condenada por aborto, pero resulta que si tú miras las cifras del Ministerio Público, desde el 2010 hasta el 2020, es decir en los últimos 11 años, tienes en promedio más de 170 mujeres ingresadas al Ministerio Público por delito de aborto fuera de las tres causales. La criminalización existe, y cómo esas cifras no están desagregadas, no sabemos a quién impacta directamente. Esto quiere decir que la actual ley no soluciona el problema porque siguen existiendo denuncias, casos nuevos investigados”.
Así, la ruta de la criminalización, comenta, se inicia desde el momento en que surgen las complicaciones, en que es necesaria la atención médica y en el momento en que se instala el temor por ir al hospital; miedo al maltrato y a la denuncia. “Los equipos de salud permiten que la policía entre a tomarles declaración estando hospitalizadas. Hay mujeres que son atendidas engrilladas para que no se escapen porque están bajo una investigación penal. En otros casos, cuando no van presas, tienen que dar declaraciones. Hay mujeres que viven en la incertidumbre de si serán condenada o si finalmente su caso se va a archivar, qué es lo que ocurre la mayoría de las veces”.
Según lo establecido por Naciones Unidas, los estados no deben penalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo porque la criminalización incrementa los riesgos para la salud y la vida de las mujeres. En este sentido, Camila Maturana insiste que el impulso y la visibilización que ha tenido el aborto en Chile ha marcado pauta, transformándolo en un tema que va más allá de lo valórico.
Derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución
En atención al abordaje que tendrán los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y para todas las personas, Camila Maturana es tajante: “Deben plantearse sin discriminación de ejercer la sexualidad plena como fuente de desarrollo personal, y elegir y adoptar decisiones en materia de reproducción, que evidentemente, involucran a las disidencias sexuales y afectan, principalmente, a las mujeres, ante la falta de protección a estos derechos”.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, y la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, conversaron con El Mostrador Braga sobre los cuatro años desde la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los procesos legislativos y el debate que ha generado en los sectores políticos de cara al nuevo proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias. Para las expertas es vital evidenciar los trabajos políticos que se han realizado desde la vuelta a la democracia, la penalización del aborto en dictadura y la poca preocupación de los sectores políticos en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. En este sentido, Maturana considera que se viene un buen pronóstico por delante, puesto que, sea a través de un(a) Presidente(a) o de la Convención Constitucional, tras el estallido social “los tomadores de decisiones ya no pueden ignorar los requerimientos de la ciudadanía”.
El aborto ha sido un punto de división social desde los orígenes del país y uno de los ejes de los conflictos políticos entre distintos sectores. Ya era condenado en el Código Penal de 1874 por la influencia española, hecho que solo cambió 57 años después, en 1931, cuando se despenalizó el terapéutico. Este avance retrocedió en dictadura, y luego avanzó con creces en 2017 con la despenalización en tres causales y el cambio de paradigma socio-cultural respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A partir de entonces, es que la discusión por un aborto libre se instala como algo más tangible.
Actualmente, con la nueva Constitución y las elecciones presidenciales en la mira, el debate por el aborto despenalizado y bajo ninguna causal, ha tomado la agenda de los programas gubernamentales y políticos. Si bien es una demanda que proviene de décadas, se retomó con fuerza en la opinión pública durante el estallido social.
En este sentido, tanto para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, como para la abogada y encargada de incidencia legislativa de Corporación Humanas, Camila Maturana, ha existido una dualidad en los sectores políticos, especialmente en los de “centro”, sin embargo, ambas coinciden en que alejarse de esta demanda feminista histórica, es considerarse un partido que está “en contra de los derechos de las mujeres”. Para las especialistas, “siempre fue difícil que los sectores de derecha y centro aceptaran el aborto en tres causales, especialmente la tercera causal de violación”, puntualiza Casas.
Para Maturana, la discusión ha ido cambiando el tono y es eso lo que la diferencia de hablarlo en 2021 que en 1990. Cada vez se ve menos como una muestra valórica, y más se advierte desde un derecho humano, y eso lo han comprendido ciertos sectores políticos. “En la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, el debate de las tres causales permitió plantear la conversación social”, sostiene.
En noviembre de este año habrá elecciones presidenciales y parlamentarias, y el derecho al aborto no ha estado exento de polémicas. El candidato presidencial por la alianza Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha expuesto abiertamente su apoyo a la despenalización total, al igual que la libre autonomía de decidir.
Caso contrario ocurre con los candidatos de derecha, ya sea la coalición Chile Podemos + o el Partido Republicano, donde Sebastián Sichel y José Antonio Kast, respectivamente, se oponen a su legalización. Para Sichel, las tres causales son suficientes para acceder al aborto, “mantendría las cosas tal como están”, en cambio Kast recurre a la oposición total de la legalización.
Por otro lado, la apuesta de Unidad Constituyente (ex Concertación), Yasna Provoste, ha tenido una posición dual. Si bien ella ha manifestado estar a favor, su partido (DC) se ha mostrado contrario a la despenalización y a su legalización.
“Quienes van de candidatos(as) deben decir desde qué lado están, si desde los derechos de las mujeres y las niñas, para cumplir las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado al firmar los tratados, o si quieren defender sus propias convicciones morales y religiosas, incluso imponiéndolas a otros a través de la ley o de ‘mi cargo de representante ciudadano’. Es muy importante dejarlo en evidencia”, plantea Maturana.
Para Casas, el aborto no es una temática que la derecha considerará, ya que “históricamente han estado en contra de los derechos de las mujeres”, pero pone énfasis en la diferencia de opinión que genera esta discusión al interior de Unidad Constituyente y su candidata.
“Ella (Yasna Provoste) como candidata tiene que mostrar un paso más allá de su coalición, sin embargo, va a tener que enfrentarse a su propio sector, donde no necesariamente va a contar con los votos. Eso le pasó a la Presidenta Bachelet, donde no solo los detractores estaban en la oposición, sino que también en su propio Gobierno”.
Por otro lado, Boric tiene una postura mucho más clara. “Si fuéramos los hombres quienes nos embarazáramos sin desearlo (incluso ante la violencia de una violación), el aborto en Chile hace mucho tiempo sería legal”, ha opinado en debates parlamentarios acerca de la temática. Sin embargo, se le ha criticado por su postura y votación en proyectos defendidos por la derecha, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos, como la Ley Antibarricadas, una ley que para el excandidato presidencial Daniel Jadue es la causa de que “hoy día tengamos muchos presos políticos del estallido social”.
El cambio de paradigma
Cuando se habla de aborto, sobre todo desde la comunidad internacional, se hace desde una perspectiva de derechos humanos, eso es una novedad respecto de lo que fueron los debates antes, porque el aborto ya no se ve desde el punto de vista valórico. Para Maturana, en la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, la aprobación de las tres causales permitió plantear la conversación social, y que en las casas, en las onces, se hablara de los abortos, “porque las mujeres abortamos con o sin ley, siempre a lo largo de la historia, pero las condiciones son muy distintas cuando es ilegal, al hacerlo en la clandestinidad acarreas mucho estigma”, expresa.
Eso importa mucho en la discusión legislativa. Para la abogada, entregarle a una mujer autonomía para decidir sobre su vida cambia a una sociedad, la historia lo ha demostrado con la pastilla de emergencia y con los anticonceptivos, y por eso es que hay sectores conservadores que, al ver que desde lo moral y lo valórico “ya no resulta”, entonces buscan “tener un argumento para que esa opresión en el Código Penal no sea explícita, hay que darle otra apariencia, como ‘la protección de la vida’, por ejemplo, porque no puedes decir ‘no queremos que las mujeres sean libres’”, analiza.
Todo esto considerando que estamos en un contexto país donde se está discutiendo la nueva Constitución, para Casas y Maturana, en ella se va a hablar de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo porque “es un espacio mucho más representativo de las distintas sensibilidades, valores que la ciudadanía tiene. La composición de la Convención representa mucho mejor a la ciudadanía chilena que el Parlamento”.
Si bien apenas un 4,5% de los programas de las y los constituyentes incluyen propuestas explícitas respecto al derecho al aborto, según concluye un informe del Observatorio Nueva Constitución, el 65,1% incluye demandas feministas o pro-mujer en sus propuestas. Del total, el 57,4% tiene un perfil feminista y el 7,7% se pronuncia respecto a propuestas pro-mujer.
A pesar de las dificultades sociales y políticas que se presentan respecto a esta problemática, la abogada Maturana considera que hay un futuro prometedor, y que el cambio se dará sí o sí, sea a través de un nuevo Presidente o nueva Presidenta, o a través de la Convención Constitucional.
“Yo lo veo todo muy positivo, considerando el tiempo transcurrido y las posiciones rígidas que estos actores han tenido en el tiempo, estamos en un momento en donde las demandas feministas en Chile y el mundo se han encalado con mucha fuerza, dando cuenta de una legitimidad social muy importante que hace unos años no era reconocida por los tomadores de decisiones, y hoy, en pleno proceso constituyente, en el marco de un estallido social que se mantiene, de un malestar social por una falta en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas, es mucho más difícil para los tomadores decisiones oponerse a las demandas y a los estatutos establecidos por los organismos internacionales”, indica.
¿Qué pasa con el aborto desde la aprobación de las tres causales?
A pocos días de cumplirse cuatro años de la promulgación de la Ley 21.030, que legaliza el aborto en tres causales, se han realizo más de dos mil interrupciones del embarazo desde 2018 hasta la actualidad. Tres causales que, para muchas organizaciones sociales, no son suficientes para ejercer el derecho de soberanía de los cuerpos.
El jueves 14 de septiembre de 2017 fue promulgada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si bien las causales fueron un avance en la salud pública, los lemas de “no bastan tres causales” o “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, comenzaron a tomar fuerza debido a la no protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.
Bajo los últimos meses del Gobierno de Bachelet, su equipo se aseguró de iniciar capacitaciones en técnicas de vaciamiento uterino, sin embargo, esa capacitación cesó a partir de la llegada del Presidente Sebastián Piñera. «Ahora, solo un 29% de aquellos que trabajan en equipos médicos están capacitados”, indica la experta en Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas.
Las tres causales en cifras
La Ley 21.030 contempla las siguientes causas:
1. Que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Este tipo de aborto puede ocurrir durante toda la gestación.
2. Que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida. Al igual que la causal anterior, no tiene límite de temporalidad.
3. Que señala que, si hubo delito de violación, el aborto se puede realizar hasta la semana 12 de gestación. Si esto ocurre en una menor de 14 años, puede ser hasta las 14 semanas.
De acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dentro de la causal 1 se han realizado 797 IVE en cuatro años, es decir, un 31,2% del total. Si se desglosa desde 2018, año en que comenzó a contabilizarse esta intervención médica, hubo 262 en todo el territorio nacional y durante este año, hasta el mes de junio, se contabilizaron 108 casos.
Respecto de la causal 2, hubo 346 casos en 2018 y 192 hasta junio de 2021. Por otro lado, la causal 3, la que genera más conflictos entre los grupos conservadores y algunos políticos, ha sido la que posee menor cantidad de casos. En 2018 hubo 124, y en 2021, hasta junio, solo 48.
Para la abogada Lidia Casas, la tercera causal tiene bajos números de aborto debido a varios factores. Uno de ellos es la limitante temporal (12 o 14 semanas), a diferencia de las otras causales, que puede ser en todo el periodo gestacional. Además, agrega que no se sabe el número exacto de niñas y mujeres que acceden a esta causal porque están fuera de plazo.
El segundo punto, explica, es que existe un “prejuicio de la agresión sexual”, es decir, en las dos primeras causales está presente la base médica, donde hay un diagnóstico, sin embargo, en el caso de una violación, este no está presente y solo depende del relato de la niña y/o mujer.
“Si a las mujeres no les creemos y hay una serie de prejuicios que están en la base sobre la violencia sexual, tendremos problemas con esa causal. Además se cruzan con otro tipo de prejuicios en los prestadores de salud (…). En otros estudios se revelan que hay 264 nacimientos con niñas menores de 14 años, entonces, cuando hablamos de esto, inmediatamente estamos en una hipótesis de violación, así la ley lo establece. La pregunta es: a esas 264 niñas, ¿alguna vez se les ofreció la posibilidad de interrumpir ese embarazo? Nosotras creemos que no”, enfatiza la especialista.
Gráfico nº1: Totalidad de abortos en tres casuales periodo 2018-2021
Fuente: Minsal
Gráficos nº2: Abortos por región en los cuatro años
Fuente: Minsal
Gráfico nº3: Abortos realizados en centros de salud público v/s privados
Fuente: Minsal
Con respecto al gráfico número tres, Casas comenta que deben realizar más abortos en centros de salud privados, solo que no se informan al Ministerio Público. “También sucede que mujeres que no encuentran satisfacción en clínicas privadas, terminan en el sistema público”, ejemplo de ello es el caso del Hospital San José, quienes recibían a mujeres de distintas regiones del país y de clínicas privadas, para asistirlas en las tres causales. Esto se debe a que las clínicas privadas no quisieron “hacerse cargo” de esta situación.
Las clínicas que han declarado abiertamente objeción de conciencia institucional son: Clínica de la Universidad de los Andes, Hospital Clínico Universidad Católica, Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital de Panguipulli, Hospital de Pucón, Clínica Adventista Los Ángeles y la Clínica Indisa, bajo la tercera causal.
Casas considera que la causal 1 se niega realizar a pesar de que la vida de una mujer esté en peligro, por lo que es contradictorio por parte de las médicas y los médicos que ejercen la objeción de conciencia.
Finalmente, para ambas especialistas, es de vital importancia revisar la objeción de conciencia, puesto que significaría que el derecho humano de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no se está respetando.
(*) El Mapa de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales 2018-2021 es un informe interactivo de Data Intelligence con datos obtenidos desde El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), por medio del portal de «datos abiertos» en deis.minsal.cl buscando con palabra clave «IVE». Este Mapa contiene información hasta junio 2021. Debido a que DEIS realiza actualización cada 3 meses.
El lunes 9 de agosto de 2021, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados ha rechazado legislar en torno a la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, iniciativa promovida por organizaciones de mujeres y feministas en 2018 frente a las falencias de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales (Ley No 21.030). Por 7 votos en contra y 6 a favor, dicha instancia ha negado resguardar un mínimo de dignidad a quienes deciden abortar (Boletín Legislativo No 12.038-34).
EXISTE abundante evidencia acerca de que la criminalización del aborto no impide ni disuade a las mujeres de realizarlo, pero sí profundiza las desigualdades sociales (Organización Mundial de la Salud, 2012). Además, numerosos organismos internacionales han relevado que los Estados no deben aplicar sanciones penales a quienes se sometan a un aborto ni a los proveedores de servicios médicos que las ayuden, pues la penalización fuerza a las mujeres a recurrir a abortos en condiciones de riesgo (Comité de Derechos Humanos, 2019). La criminalización del aborto no solo es una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino también una manifestación de la violencia de género, constitutiva de una violación a los derechos humanos (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2017).
EXISTEN hace décadas guías e instructivos elaborados por organismos competentes que garantizan procesos de abortos seguros, entre ellos la OMS, CLACAI y FIGO, además de toda la evidencia levantada por las redes de acompañantes de aborto en Latinoamérica y el mundo.
No existen razones epidemiológicas ni de salud para negar el acceso garantizado al aborto seguro y legal, que además es de bajísimo costo. Lo que EXISTE es misoginia, desinformación, criminalización, estigma y desprotección de la salud.
Entonces nos preguntamos ¿EXISTEN autoridades democráticamente elegidas que prioricen la dignidad y la salud de las mujeres? Creemos que no.
Por ello, invitamos a las Organizaciones Sociales y Feministas a plegarse a la ASAMBLEA POPULAR Y ESTADO DE ALERTA PERMANENTE POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO, pues lo que nos toca es posicionar en el proceso constituyente los elementos necesarios para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo el acceso al aborto seguro. Porque quienes abortamos EXISTIMOS.
Esperamos generar colectivamente una propuesta integral que permita legalizar el aborto.
Por la vida y dignidad de las mujeres, las niñas y personas con capacidad de gestar Por un aborto legal y libre de estigmas
Para sumar organizaciones escríbenos a: contacto@redporderechoadecidir.cl observadorasleydeaborto@riseup.net
CRONOGRAMA DE ACCIÓN
Desde el 9 al 26 de agosto de 2021:
Suma a tu organización a la Asamblea Popular y Estado de Alerta Permanente por la Legalización del Aborto
Sábado 28 de agosto de 2021, 12 hrs: Sesión inaugural Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto
RED CHILENA DE PROFESIONALES POR EL DERECHO A DECIDIR
CORPORACIÓN HUMANAS – CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO
RED NACIONAL DE ACOMPAÑANTES DE ABORTO CON LAS AMIGAS Y EN LA CASA
La iniciativa busca dejar atrás la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de criterios de plazos y no solo de causales, como lo dispone la legislación actual. «No es aborto legal, porque para que lo sea el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso» explica la diputada Marcela Sandoval.
Fue en 2018 cuando las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola (PC), Camila Rojas, Claudia Mix (Comunes), Maite Orsini , Catalina Pérez (RD), Natalia Castillo (Ind.), Gael Yeomans (CS), Daniela Ciccardini , Emilia Nuyado (PS), Cristina Girardi (PPD) y la ahora senadora Loreto Carvajal (PPD) presentaron una moción que busca modificar el Código Penal y despenalizar así la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.
La legislación penal vigente prescribe, en el artículo 344 del Código Penal, que la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique puede ser condenada a la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es, desde tres años y un día a 5 años.A la vez, en el mismo cuerpo legal existen otras dos disposiciones relativas al aborto que también imponen penas de cárcel para eltercero que causa un aborto consentido por una mujer y al médico que practica o coopera con un aborto consentido por la mujer.
El proyecto de las mencionadas parlamentarias pretende que todas estas situaciones sean despenalizadas cuando la gestación es inferior a las catorce semanas y requiere, necesariamente, que el aborto sea consentido por la mujer.
“El proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género más bien apunta a la despenalización y a liberar de la criminalización tanto de la mujer como de terceros que pueden estar apoyando en esa decisión. Se trata de incorporar algunas modificaciones al Código Penal y no es aborto legal, porque para que lo fuera, el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso”, explica en entrevista con nuestro medio la diputada Marcela Sandoval (RD).
Diputada Marcela Sandoval.
En enero de este año entró en vigencia la ley que permite a a las argentinas abortar de forma legal, libre y gratuita hasta la semana 14, y en Chile, esa misma semana la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la revisión de la moción que pretende despenalizarlo de la manera ya explicada. Las críticas desde el sector conservador se elevaron de manera inmediata, acusando a las parlamentarias de una campaña orquestada apara aprovechar el “vuelito” de lo ocurrido en el país vecino.
Sin embargo el proyecto chileno dista mucho de la interrupción voluntaria del embarazo que rige actualmente en Argentina y así lo detalla la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana.
“En Argentina la legislación es mucho más amplia pues no solo despenaliza la figura del aborto dentro de las primeras catorce semanas, sino que legaliza el aborto estableciendo garantías de atención de salud para las mujeres y adolescentes que así lo requieran y, además en el marco de una ley de educación integral muy importante y de un programa de atención social orientado a apoyar a las mujeres que deciden seguir adelante con sus embarazos”, precisa Maturana.
En el caso chileno, una normativa de ese estilo solo podría provenir desde el Ejecutivo en su rol de colegislador y con materias de iniciativa exclusiva, ya que implicaría gasto público. Al tratarse de una moción parlamentaria, solo pretende avanzar un paso más allá de la legislación actual que permite el aborto en tres causales, ya que esta es muy limitada y permite que puede acceder a él en situaciones muy específicas y excepcionales. Además mantiene vigente las sanciones penales para la inmensa mayoría de las mujeres, adolescentes y niñas que interrumpen sus embarazos por razones distintas de las tres establecidas taxativamente en la ley.
“Se trata de un aborto no sujeto a causales ni autorización de terceras personas, más bien se acerca a un modelo de plazo considerando que se plantea que, dentro de las primeras catorce semanas, el aborto deja de ser un delito”, indica la abogada de Humanas.
Un asunto también sanitario
En Chile existe un número indeterminado de abortos ilegales. Previo a la entrada en vigencia del aborto en tres causales, las cifras del del Ministerio de Salud señalaban que se realizaban más de 33 mil abortos por año, es decir 90 abortos diarios en promedio. Sin embargo, otros estudios ampliaban el número a un rango de entre 60 mil a 70 mil abortos al año, y otras indicaban incluso una cantidad que cuadriplicaba el dato del Minsal con más de 160 mil abortos por año.
Así, el tema del aborto trasciende incluso los principios de igualdad, el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que además se trata de un asunto de salud pública.
Abogada Camila Maturana.
“En la medida que la legislación criminaliza a las mujeres que interrumpen sus embarazos, eso no contribuye a prevenir los abortos. Lo que previene es la educación sexual integral, el acceso amplio a métodos anticonceptivos, leyes que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, etcétera, pero la criminalización no tiene impacto en la disminución o prevención de los abortos. Lo que ocurre es que cuando el aborto es ilegal, las mujeres abortan en condiciones de clandestinidad y eso significa riesgos para su vida, su salud física y mental, y además, como lo han destacado la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, estos riesgos no son iguales para todas las mujeres, porque afecta en mayor medida a las adolescentes, a las mujeres pobres, migrantes y a las que viven en sectores rurales, porque están en situación de mayor vulnerabilidad, por lo tanto, cuentan con menos información, menos redes y menos recursos para poder interrumpir sus embarazos en condiciones de cierta seguridad”, manifiesta Camila Maturana.
Las mujeres chilenas están en una situación de desigualdad con otras mujeres del planeta, debido a que se mantiene coartado su derecho a decidir, pero, incluso dentro de nuestro territorio también hay desigualdades, como señala la diputada Marcela Sandoval.
“Efectivamente hay un efecto en la salud de las mujeres que debe ser abordado por los equipos de salud, sobre todo de los recintos públicos. Muchas mujeres llegan a recibir atención hospitalaria, pero en las estadísticas no aparecen como personas que abortaron, sino que se les registra como con un legrado por razones de aborto espontáneo. Es un tema que se cuida y no se habla mucho, justamente porque una mujer se expone a la cárcel por haber abortado. Hay una responsabilidad de parte del Estado de que esto no puede seguir ocurriendo en un círculo de clandestinidad, porque se expone también a los equipos de salud a tomar estas decisiones para salvar las vidas de las mujeres luego de haber tenido que pasar por un aborto en clandestinidad” indica la parlamentaria.
“Como en muchas otras situaciones, hay sectores de la sociedad que pueden recurrir a la atención de privados donde pueden obtener los resguardos necesarios. Sin embargo, esa acción sigue siendo irregular, ilegal y clandestina, la única diferencia es que, dado el estándar de la salud privada, las condiciones son mucho más seguras”, enfatiza la legisladora.
El proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las catorce semanas se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados que en las últimas dos sesiones ha escuchado a diferentes organizaciones civiles como la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, Organización “Con las amigas y en la casa”, el Instituto Melisa, la ONG Médicos por la Vida, ABOFEM y la Fundación Chile Unido.
Dependiendo de la votación en la Comisión, el proyecto pasará o no a ser discutido en la Sala durante este segundo semestre.
En esta cartilla compartimos definiciones claves sobre los derechos sexuales y reproductivos, y como estos deben ser contenidos en una nueva Constitución.
Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos derechos humanos que permiten a todas las personas, sin discriminación ni bajo ninguna clase de violencia o coerción, ejercer plenamente su
sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre su cuerpo, su sexualidad y reproducción, contando para ello con la información, los servicios y los medios que así lo permitan.
Ello implica, al menos, dos niveles básicos de protección:
Reconocimiento y respeto de la dignidad, autonomía y libertad de todas las personas para la toma de decisiones en aspectos cruciales de su vida privada como son la vida sexual; tener o no pareja y conformar una familia; si quieren o no tener hijos o hijas, cuántos y cuándo; y protección frente a la violencia y discriminación, especialmente en razón de la orientación sexual e identidad de género (dimensión de autodeterminación).
Garantías de condiciones de posibilidad, puesto que para que las personas puedan efectivamente tomar decisiones en el ámbito de la sexualidad y reproducción se requiere de marcos normativos, políticas públicas, programas y servicios de educación, salud y seguridad social garantizados a todas las personas (dimensión de garantía).
En Chile, el aborto se encuentra tipificado como delito con la sola excepción de las tres causales previstas en el Código Sanitario a partir de la ley No 21.030 de septiembre de 2017: riesgo vital, inviabilidad y violación sexual. En tanto figura penal, el aborto es regulado en el Código Penal en el acápite referido a crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual.
Las sanciones asignadas en la legislación penal chilena al delito de aborto varían dependiendo de quien es la persona que realiza la acción y las circunstancias de ello. Así, para la mujer que se causa un aborto o consiente en que otra persona se lo realice, el Código Penal prevé una pena de tres años y un día a cinco años y se contempla una rebaja a dicha sanción “si lo hiciere por ocultar su deshonra” (541 días a tres años).
Respecto del tercero que “maliciosamente” cause un aborto, la condena prevista depende de si actúa o no con el consentimiento de la mujer o de si ejerce violencia en su contra. Frente a quien actúa con la voluntad de la mujer se prevé una pena de 541 días a tres años; a quién actúa sin su consentimiento, una sanción de tres años y un día a cinco años; y a quien ejerce violencia en su contra, una pena de cinco años y un día a diez años. Respecto de quien cause un aborto habiendo ejercido violencia en contra de la mujer embarazada, aun cuando no haya sido su propósito que abortara, se prevé una sanción de 61 días a tres años.
En tanto, respecto de los facultativos que “abusando de su oficio” causen un aborto o cooperaren en su realización, se regula que se les aplicarán las penas previstas respecto de terceros pero aumentadas en un grado. Es decir, tres años y un día a cinco años si actúa con el consentimiento de la mujer, cinco años y un día a diez años si actúa sin su voluntad, y diez años y un día a 15 años si ejerce violencia en su contra.
