Monitoreo implementación ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales en relación a la objeción de conciencia de funcionarios/as públicos/as de salud

En Chile, al dictarse la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en septiembre de 2017, junto con aprobarse una legislación restrictiva sobre aborto en situaciones excepcionales (riesgo vital, inviabilidad, violación), se adoptó una normativa amplia y genérica en materia de objeción de conciencia, que la permite no sólo a integrantes de los equipos de salud sino también a centros privados de salud en su calidad de instituciones. Se trata de una regulación que no resguarda el carácter estricto que dicha figura debe tener en conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos y que no cautela de manera adecuada los derechos de las mujeres y las niñas.

Con base en la normativa vigente, parte importante de los equipos de salud que se desempeñan en establecimientos públicos han podido acogerse a la objeción de conciencia para abstenerse de intervenir o participar de procedimientos médicos de interrupción voluntaria del embarazo requeridos por mujeres y niñas afectadas por alguna de las causales contempladas en la legislación. En efecto, a partir de la dictación de la ley y en adelante, la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetor/a de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. De hecho, de acuerdo a la  información reportada por el Ministerio de Salud y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, uno de cada dos obstetras que se desempeña en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital. Pese al transcurso del tiempo, esta alarmante situación no ha mejorado.

La alta proporción de funcionarios/as públicos/as que se ha acogido a la objeción de conciencia constituye una preocupación de la mayor relevancia, pues ello puede obstaculizar el respeto a las decisiones de mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales y dificultar su acceso a una prestación de salud que la legislación reconoce y protege. De ahí que para Corporación Humanas y otras organizaciones y colectivas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes, monitorear en el tiempo la implementación de la ley Nº 21.030, la realidad de la objeción de conciencia y la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país constituya una temática prioritaria, que reviste especial importancia en contexto de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 por las barreras que de ello han derivado a las atenciones en salud sexual y reproductiva y acceso al aborto legal.

Más allá de la preocupación que suscita la alta proporción de obstetras y otros/as integrantes de los equipos de salud de establecimientos públicos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto en tres causales que se declara objetor/a de conciencia, y que ello se mantenga en el tiempo, cabe señalar que dicha realidad no es homogénea a nivel nacional y que se presentan, además, particularidades territoriales que resulta necesario atender.

El reciente monitoreo llevado a cabo por Corporación Humanas permite identificar que en parte importe de los hospitales públicos –27 de 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información–, la proporción de médicos/as obstetras objetores/as de conciencia es superior a dos tercios de las contrataciones y que en cinco establecimientos la totalidad declara tal calidad, como ocurre en los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén. Además, entre los hospitales públicos en que los/as obstetras objetores/as superan los dos tercios se encuentran siete hospitales regionales, Antofagasta, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, establecimientos a los que corresponde la resolución de las necesidades de atención de la población regional. Asimismo, presentan esta elevada proporción de objetores de conciencia los hospitales Luis Tisné y Melipilla de la Región Metropolitana, Vallenar en la zona norte, y los hospitales de San Felipe, Rengo, Santa Cruz, Linares, Coronel, Lota, Cañete, Angol, Victoria, Nueva Imperial, Osorno y Castro de la zona centro y sur.

DESCARGAR MONITOREO OBJECIÓN DE CONCIENCIA

MAPA NACIONAL MÉDICOS/AS OBSTETRAS OBJETORES DE CONCIENCIA

Tras hito argentino, feministas buscan reimpulsar la despenalización del aborto en Chile

En el Congreso Nacional ya hay al menos dos proyectos que buscan autorizar, sin causales, la interrupción del embarazo.

La norma actualmente vigente nuestro país es «sumamente limitada, y no protege a todas las mujeres», afirma la Corporación Humanas.

Tras hito argentino, feministas buscan reimpulsar la despenalización del aborto en Chile
La abogada Camila Maturana estimó que la aprobación en Argentina «pone de relieve la importancia de contar con marcos jurídicos que reconozcan y protejan nuestros derechos».

DIVERSAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS DE CHILE VEN LA APROBACIÓN DEL ABORTO LIBRE EN ARGENTINA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA REIMPULSAR EL DEBATE EN EL PAÍS, TOMANDO EN CUENTA QUE EL CONGRESO TIENE AL MENOS DOS PROYECTOS QUE BUSCAN DESPENALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO POR COMPLETO.

Una de las instituciones interesadas en que se tramiten es la Corporación Humanas, desde donde la abogada Camila Maturana estimó que la decisión del Congreso trasandino «es un tremendo avance para todas las mujeres y las niñas en la región», al tiempo que «pone de relieve la importancia de contar con marcos jurídicos que reconozcan y protejan nuestros derechos, en especial el derecho a decidir».

«En Chile, se cuenta con una ley sobre aborto en tres causales, sumamente limitada, que no protege a todas las mujeres, y consideramos que ya es tiempo de que el Parlamento debata una moción presentada en agosto del año 2018 para despenalizar la interrupción voluntaria del aborto sin causales durante las primeras 14 semanas», remarcó.

Esta iniciativa, que se encuentra hace dos años en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y fue firmada por 10 diputadas, modifica el Código Penal para señalar que, en las ocasiones en que se habla de sanciones por abortar, éstas se aplicarían solo si la interrupción del embarazo ocurre después de la semana 14.
La diputada Daniella Cicardini (PS), firmante del mencionado proyecto, dijo que «cosas que eran imposibles hasta el 2019, como el cambiar la Constitución, hoy serán una realidad. Creo que el debate que se dio en Argentina no sólo es viable, sino que es absolutamente necesario reimpulsar en nuestro país, entendiendo que hay una serie de demandas por los derechos de las mujeres que se pusieron con mucha fuerza sobre la mesa y que, a través de LasTesis, tuvieron resonancia mundial».

«Es importante volver a discutir la interrupción voluntaria del embarazado más allá de las tres causales en Chile», sostuvo la diputada Camila Vallejo (PC), también impulsora de la iniciativa.

«La lucha que han dado las mujeres feministas en Argentina es un ejemplo a seguir a nivel mundial», agregó.

Por otro lado, está el proyecto que se mantiene desde su inicio en la Comisión de Salud del Senado, ingresado por tres parlamentarias y dos parlamentarios, y aunque éste permite abortar hasta la semana 14, habla de requisitos, garantías de acceso y objeción de conciencia.

Sin embargo, la presidenta de la instancia, Carolina Goic (DC), descartó que vaya a ser revisado en lo inmediato, pues «en términos de prioridades para la discusión legislativa, hoy día estamos abocados al fortalecimiento de Fonasa, donde está el 70 por ciento de la población».

«Ahí yo espero que concentremos las energías durante el mes de enero, y por otro lado, la Ley de Fármacos II, que no puede seguir demorando más su tramitación», agregó.

De todos modos, colectivos y organizaciones de mujeres inician conversaciones para intentar promover la tramitación de estos proyectos junto a las legisladoras que ya han reivindicado sus demandas en esta materia.

DIPUTADO RN: «ES UNA NOTICIA PREOCUPANTE»

El diputado Eduardo Durán (RN) considera el hito argentino como «una noticia sin dudas triste y preocupante».

«En lugar de poner el foco en la educación para que exista una sexualidad responsable e indagar en las causas sociales de las agresiones sexuales y condenar a sus responsables, se legaliza el aborto y se condena a muerte a niños que están por nacer», aseguró el legislador, quien rechazó el proyecto de ley de educación sexual integral (ESI)en octubre pasado.

«Es de esperar que en nuestro país esto (la legalización del aborto) nunca pase. Los que no estamos de acuerdo estaríamos financiando con nuestros impuestos ese aborto», afirmó el hijo del obispo evangélico Eduardo Durán.

 

Andrea Huneeus, ginecóloga: “una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el planeta es la anticoncepción segura y accesible para todas”

El pasado 13 de noviembre en el programa de radio de Nada Sin Nosotras, nos acompañó la ginecóloga e integrante de la sociedad norteamericana de ginecología infanto juvenil Andrea Huneeus.

Durante el capítulo, junto a la conductora Kena Lorenzini, hablaron sobre educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos y sobre qué es lo que ha dejado todo este tiempo que hemos vivido en pandemia.

En relación a cómo la pandemia ha afectado los derechos sexuales y reproductivos la ginecóloga aseguró que “la pandemia y la sexualidad adolescente es como la tormenta perfecta ha sido la tormenta perfecta y nos tenemos que preparar para cuando esta ola reviente porque se juntan muchas cosas que son muy peligrosas para la sexualidad infantil, que son el cierre de los servicios de salud sexual y reproductivo, en tanto en entregar anticonceptivos, el difícil acceso a las farmacias, en todo lo que es control y manejo de las infecciones de transmisión sexual”.

En este sentido, Andrea Huneeus dijo que cuando reviente la tormenta perfecta a la cual se refirió en el párrafo anterior nos encontraremos con “un aumento medible de las tasas de embarazos en adolescentes, un aumento medible en infecciones de transmisión sexual, este año aún no se han notificado el número de VIH y la verdad es que este año los test de VIH no se han hecho y un aumento medible y cuantificable del abuso sexual en las casas”.

Respecto a los ítem que debería contener una nueva Constitución Huneeus afirmó que ve con preocupación la cantidad de hijos que nacen sin ser planificados y que “en la constitución, que yo sé que los derechos ambientales si van a ir anotados, es muy importante que una de las medidas más importantes para evitar el calentamiento global, que es que no nazcan hijos no planificados, esté garantizada porque es una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el planeta, la anticoncepción segura y accesible para todas”.

Por último y en relación a lo que ha ocurrido con el aborto en nuestro país, la especialista realizó una crítica a una de las causales que contempla la ley 21030 “el hecho que la tercera causal haya quedado con un límite de edad gestacional es tremendo por las condiciones de vulnerabilidad que vive una embarazada violada por un familiar, entonces es súper complicado y eso es lo que está pasando ahora, las que están llegando están llegando pasados los límites de edad gestacional en que los profesionales de salud con la ley actual no podemos hacer nada y por eso ha disminuido tanto la causal no porque haya disminuido la violación sino porque no se logra acreditar la causal”.

Nota publicada en Nada Sin Nosotras

El caso de Camila, una niña indígena abusada sexualmente que enfrentó un embarazo forzado, llega al Comité de Derechos del Niño de la ONU

  • Es la primera vez que un caso de abuso sexual a una niña peruana es presentado a esta instancia internacional, de la mano de Promsex.
  • El Estado peruano ya ha sido sancionado en dos ocasiones anteriores en otros Comités de la ONU por haberse negado a brindar información y acceso al aborto terapéutico a dos niñas que lo solicitaron.

Camila vivía en una zona rural del Perú junto a su padre, un trabajador del campo y su madre, una persona quechuahablante con una discapacidad severa. Cuando tenía trece años, su padre abusó sexualmente de ella y quedó embarazada. Ante las autoridades policiales, Camila reveló que su padre la había estado violando durante al menos cuatro años. La Fiscalía ordenó la detención preliminar de su agresor y en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua.

En el 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 1303 nacimientos de madres menores de 15 años. Las niñas entre 10 y 14 años tienen 4 veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta (SIS). Un estudio regional de Planned Parenthood Global señaló que el 24% de niñas entre 9 y 14 años que pasaron por un embarazo forzado había tenido complicaciones alrededor del momento del parto, como hemorragias e infecciones.

Persecución injustificada

Preocupada por la salud de Camila, su madre solicitó la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto terapéutico es un procedimiento médico legal en el Perú desde 1924 y se aplica en casos que la vida o la salud de la gestante se encuentra en riesgo. De acuerdo con la guía que establece pautas para la atención de estos casos, la respuesta debió llegar en seis días como máximo. Sin embargo, el hospital nunca le informó que tenía el derecho de interrumpir su embarazo y peor aún, nunca respondió a la solicitud. Inclusive, condicionó el servicio a la presentación de un informe médico y de una ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.

Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales. Este hecho aumentó la presión social sobre Camila, ya que vecinos de su comunidad preguntaban por lo sucedido y realizaban comentarios humillantes sobre su comportamiento.

Luego del aborto espontáneo sufrido por Camila, la representante del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido y, basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, decidió denunciarla por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes. A pesar de que el agresor había reconocido su responsabilidad, Camila pasó de víctima a victimaria, siendo ella la investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema de justicia.

#JusticiaParaCamila

Así como a Camila, a miles de niñas violadas se les impone un embarazo y maternidad forzadas que ponen en riesgo su vida y su salud física, mental y emocional, afectando de ese modo sus posibilidades de un futuro en el que pueda desarrollarse y lograr sus sueños.

“El caso de Camila es un patrón del Estado. Esas falencias son una serie de vulneraciones horribles que no solo ha vivido Camila. A pesar de que al Perú se le ha recomendado aplicar la normativa en el tema de aborto, esperamos que el Estado aplique un enfoque de niñez e interculturalidad, sobre todo para víctimas de violencia sexual. Ellas necesitan una atención eficaz, de calidad y rápida, no una persecución penal ni más violencia”, explicó Claudia Castro, abogada y asesora del área de Litigio Estratégico de Promsex.

Promsex asumió la defensa de Camila e inició una serie de procesos judiciales y administrativos que lograron que quede libre de la persecución en su contra. Agotados los recursos judiciales internos, el caso llega al Comité de los Derechos del Niño de la ONU de la mano de Promsex, Planned Parenthood Global y con el respaldo del Centro de Derechos Reproductivos y el movimiento #NiñasNoMadres. Camila busca justicia para que ninguna niña, en Perú o América Latina, tenga que vivir de nuevo esta situación y que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar lineamientos que garanticen la atención integral de las niñas en situación de embarazo producto de violencia sexual.

“Lo sucedido en el caso Camila es solo una muestra de cómo, a pesar de que el Estado ya ha sido interpelado por instancias internacionales en casos similares como el de L.C., hasta hoy sigue sin establecer estándares judiciales y de salud adecuados, para que las niñas no sean revictimizadas cuando son víctimas de violencia sexual y necesitan acceder a servicios de salud que puedan garantizarles su derecho a una adecuada atención, en el marco de la Guía de atención del protocolo de aborto terapéutico. El Estado sigue teniendo una deuda pendiente con todas ellas”, señala Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex.

Lima, 12 de octubre del 2020

#JusticiaParaCamila

#NiñasNoMadres

Publicado por Clacai

Hablemos de aborto: ¿Decisión pública o privada?

En septiembre se cumplieron tres años desde que se promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y quisimos investigar cuáles son los ejes centrales que marcan la discusión actual respecto al aborto. ¿Son las tres causales suficientes? ¿Ha habido acceso a información durante la pandemia? ¿Cómo se articula una Constitución con perspectiva de género en esta y otras materias? ¿Se trata de una discusión pública o privada y en qué medida? Y, por sobre todo, en tiempos de feminismo en los que existe también una fuerte resistencia, ¿cómo se logra despenalizar el aborto a nivel social?

En 1973 el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de Norma McCorvey –más conocida por su seudónimo Jane Roe–, quien presentó una demanda en contra del estado de Texas por no permitirle interrumpir un embarazo que había sido, según sostenía, producto de una violación. El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos en el desarrollo de la historia del aborto, planteando una interrogante hasta entonces relegada: ¿por qué la decisión de abortar tenía que ser de interés público? ¿Por qué no podía permanecer como una decisión confidencial entre médico y paciente?

La resolución determinó que la mujer, amparada en el derecho a la privacidad –establecido en la decimocuarta enmienda de la Constitución–, podía elegir si continuaba o no su embarazo sin que el Estado se involucrara en la decisión. Y fue por ese veredicto que todas las leyes federales y estatales en materia de aborto fueron reformuladas. Porque ninguna había considerado, hasta entonces, que debía predominar el derecho a la privacidad.

Esta decisión histórica, que no estuvo exenta de polémica tanto por parte de los sectores conservadores y provida, como por parte de algunas feministas que expresaron que el fallo era insuficiente en tanto no consideraba los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, se tradujo en la despenalización del aborto en los 50 estados norteamericanos. Y fue la responsable de poner al centro de la discusión problemáticas que hasta entonces no habían sido visibilizadas y mucho menos sujetas a cuestionamiento tales como quiénes tenían derecho a decidir si el aborto era legal o no y qué tanta incidencia podían tener los grupos religiosos.

Se trató, como advierte la investigadora y activista feminista de la Red de Politólogas, Fernanda Marín, de un fallo que solo determinó la no interferencia, pero no consideró el reconocimiento de la autonomía de la mujer ni su derecho a elegir por sobre su propio cuerpo y proyecto de vida. “Fue un hito en la historia de los derechos sexuales y reproductivos porque despenalizó el aborto en todo el país, pero presupuso la noción de la privacidad por sobre los derechos de la mujer. No garantizó el aborto seguro y no aseguró ni materialmente ni en la ley el acceso a este derecho. No se puede, entonces, hablar de libertad. Porque legislar por el mero hecho de la privacidad es insuficiente”, explica.

Es tal vez por eso -ad portas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y a casi un mes de la muerte de la magistrada de la Corte Suprema e icono feminista, Ruth Bader Ginsburg y, en consecuencia, del nombramiento por parte de Donald Trump de su sucesora, la conservadora Amy Coney Barrett-, que esta resolución se ve mayormente amenazada.

Así lo postula la encuesta realizada recientemente por The New York Times y Siena College, en la que se reveló que un 62% veía posible que el nombramiento de una jueza conservadora revocara el veredicto de Roe v. Wade (como se conoce coloquialmente al caso). También se develó que de anular este derecho constitucional, pocos apoyarían al actual presidente en las próximas presidenciales.

Como explica la psicóloga, académica de la Universidad de Chile y especialista en temas de sexualidad en contexto de transformación, Irma Palma, la sociedad estadounidense ha sido central para la mantención del estatuto legal del aborto. “Con esa encuesta se da cuenta de que son conscientes de que el derecho al aborto está actualmente en riesgo, pero eso se traduciría en un menor apoyo a Trump”, señala. “Sin embargo, la discusión en Estados Unidos va por otro lado; el reconocimiento del derecho está basado en la privacidad, contrario a la argumentación a favor de la legalización del aborto en el resto del mundo, que está ubicada fundamentalmente en la noción de derechos sexuales y reproductivos de la mujer que apuntan al reconocimiento de su autonomía y libertad”.

Según los especialistas, que la anulación de este derecho constitucional sea una posibilidad en Estados Unidos, solamente da cuenta de que existe un movimiento a nivel mundial que se resiste fuertemente –y a ratos de manera más explícita– al feminismo y a la igualdad de género. Para ellos, como explica la abogada, socióloga y co coordinadora de la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos de ABOFEM, Lieta Vivaldi, es de suma relevancia que la familia siga siendo el pilar fundamental de la sociedad y cualquier posibilidad que atente en contra de eso pasa a ser una remoción al estatus quo. “Si existiera este tipo de retroceso en Estados Unidos, más que tener repercusiones directas en Chile, daría cuenta de la influencia que tienen los grupos que están en contra de los derechos de la mujer y que, de estar organizados, podrían lograr cosas similares en Latinoamérica”. Pero, ¿en qué va la discusión del aborto en Chile?

El escenario local es el siguiente: en septiembre se cumplieron tres años de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que regula la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad del feto y embarazo por violación. A pocas semanas del Plebiscito que determinará la existencia de una nueva Constitución y la posibilidad de que haya paridad de género en el órgano redactor, la discusión para los grupos feministas tiene tres ejes principales: la correcta implementación de la Ley; la despenalización social; y la posibilidad de incorporar una perspectiva de género transversal en la nueva Constitución.

¿En qué está la discusión respecto al aborto en Chile?

En primer lugar, el movimiento feminista se ha enfocado en que la ley se implemente en su totalidad porque, como explica Vivaldi, desde su promulgación ha sido defectuosa por falta de información, por la objeción de conciencia -de acuerdo al artículo 119 del Código Sanitario, pueden manifestar objeción de conciencia tanto el médico cirujano como el resto del personal requerido para desarrollar las funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención- y la falta de capacitación al personal de salud.

Según las cifras del Ministerio de Salud entregadas recientemente a través de la Ley de Transparencia, el primer semestre de este año, 228 mujeres tuvieron un aborto, de un total de 273 gestaciones registradas enmarcadas en alguna de las tres categorías. Esta cifra revela una caída en un 35% con respecto al primer semestre del año pasado –en el que se realizaron 350 intervenciones durante el mismo periodo de tiempo–, lo que a su vez daría cuenta, según las especialistas, de una falta de políticas focalizadas. “Esta ley que se presentó en el 2015, durante el gobierno de Michelle Bachelet, fue implementada en un gobierno de derecha contrario a la legalización del aborto. Eso ha implicado que no se difunda la información, que la objeción de conciencia por parte del personal médico sea un obstáculo y limitante, y que no exista un presupuesto que garantice la mantención y aplicación total de la ley”, explica Lieta Vivaldi.

Por su lado, Fernanda Marín agrega que durante los meses de la pandemia ha sido mucho más difícil acceder a la información necesaria para saber en qué consisten las tres causales y cuáles son los procedimientos a seguir. “La ruta crítica a la que se someten los cuerpos gestantes que deciden abortar parte con la falta de acceso a información y la escasez de centros asistenciales, sean públicos o privados. Si eso ya era difícil en tiempos previos a la pandemia, ahora lo ha sido más aun”, explica. Y es que según Marín, el problema radica principalmente en el desconocimiento de los protocolos y el hecho de que no existe información clara respecto a las tres causales y al aborto en general. “Por ende, termina siendo un tema de clases, porque son las mujeres pobres quienes se ven más afectadas. No es fácil para una persona que no dispone de conexión a internet ponerse a buscar información. El proceso no es amigable de entrada”, explica.

 

Hacerle seguimiento al cumplimiento de la ley, por ende, es fundamental. Desde la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, la coordinadora Gloria Maira explica que adquiere mayor relevancia cuando la institucionalidad ha penalizado históricamente el aborto. “Cambiar el imaginario de los profesionales de la salud es clave. Es difícil sacarse el crimen de la cabeza, pero la idea es más bien tratar de instalar a nivel social y cultural el reconocimiento de la autonomía de los cuerpos gestantes para definir su vida y una gestación deseada o no”, explica.

Es justamente esto lo que caracteriza al segundo eje de la discusión: la despenalización a nivel social. Las especialistas concuerdan que el estigma social que conlleva el aborto sigue pesando mucho. “Tenemos que hablar más de aborto. Y al que le moleste la palabra, está negando de raíz un hito reproductivo en la vida de las mujeres”, dice Fernanda Marín. “El aborto se ha transformado en un fenómeno moral y social además de médico, pero en definitiva se trata del cuerpo de la mujer y su derecho a poder elegir. Al final, ante el desconocimiento empezamos a creer lo que nos dicen. Por eso es clave que se hable en los colegios y en todo nivel. Para que se vaya rompiendo el estigma y se entienda que se trata de un derecho humano y de acceso a la salud. Las restricciones solo aumentan el miedo y se termina abortando en condiciones clandestinas”.

Porque, como explica Lieta Vivaldi, prohibir el aborto no impide que sigan existiendo. Más bien impide que existan los abortos seguros, lo que expone a las mujeres a una serie de riesgos para su salud y a la posibilidad de ser perseguidas por el sistema judicial.

En el 2015, Fernanda Marín realizó la investigación Aborto en Chile: La (NO) discusión de derechos, en la que dio cuenta que entre 1990 y el 2015 fueron 17 los proyectos de ley relacionados al aborto que fueron presentados, de los cuales siete fueron archivados por ausencia de discusión, seis no fueron revisados durante años y solo uno fue debatido en el congreso. “Legislar en materia de aborto se enmarca en el trabajo que han realizado las entidades internacionales por establecerlo como un derecho y velar por su cumplimiento. Los derechos sexuales y reproductivos han sido definidos por la OMS con el fin de establecer líneas de acción para los Estados que adscriben a sus convenios. De ello se desprende que Chile, como parte de Naciones Unidas, efectivamente comparte que estos derechos deben ser resguardados, aunque en la práctica no sea así”, postula Marín en su investigación.

Y es que su tesis parte de la base que los obstáculos ideológicos de la elite política han impedido el desarrollo de un debate desde el enfoque de los derechos humanos. “El capital en el cual se sostiene el discurso de los parlamentarios, que se caracteriza por ser no laico y orientado fuertemente a proteger la institución de la familia, ha dificultado por años el desarrollo integral del debate”, explica. “A través de este silencio se busca mantener una estructura patriarcal y un sistema de mercado”.

En vías de una nueva Constitución con perspectiva de género

Como explica Gloria Maira, la razón por la que el aborto es crucial dentro de la lucha feminista tiene que ver con que su prohibición es la expresión máxima de la sujeción, subordinación y tutelaje de la vida de las mujeres a través de sus cuerpos y capacidad reproductiva. “Ese es un núcleo duro de la dominación, que ha tenido distintas expresiones a lo largo de los siglos. Por lo tanto, el reconocimiento del derecho al aborto habla del reconocimiento de las mujeres en tanto personas que pueden decidir sobre su vida”.

Hace unas semanas, 12 abogadas, sociólogas y especialistas en género desarrollaron el documento Nueva Constitución con Perspectiva de Género, en el que proponen cómo se debiese gestar una Constitución que vele por y resguarda la igualdad de derechos. Con respecto al aborto en particular, las académicas –pertenecientes a distintas agrupaciones y movimientos feministas– plantearon que las mujeres se enfrentan a limitaciones para acceder en condiciones legales a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que constituye una forma de discriminación.

“También se ven afectadas en su privacidad con relación a sus funciones reproductivas, por ejemplo, cuando el Estado impone a los médicos y a otros funcionarios de salud la obligación de denunciar los casos de mujeres que se someten a abortos. Para atender estas situaciones, los derechos sexuales y reproductivos se configuran como la obligación del Estado de no interferir en la vida privada de las mujeres; y como la obligación del Estado de habilitar las condiciones para que las mujeres puedan tomar de forma autónoma y con información completa y veraz decisiones sobre su salud y sexualidad. Estos derechos deben reconocerse en el futuro texto constitucional como un derecho indivisible e interdependiente respecto de otros derechos, ligado a la integridad física y mental de las personas y su autonomía, a los derechos a la vida, a la libertad y la seguridad, entre otros”, postulan en el documento.

Es eso, justamente, lo que define el tercer eje de la discusión actual respecto al aborto: la participación del Estado en tanto garante de un derecho, pero no para interferir en la vida privada de la mujer. Y de qué manera esto se puede reflejar en una posible nueva Constitución.

Como explica Vivaldi, los grupos subordinados no fueron considerados en la Constitución actual como sí lo fue el hombre blanco, heterosexual, sano e independiente. “La Constitución tiene que ser transversalmente feminista porque con un solo artículo no se logra nada. Esto tiene que ver con el derecho a la educación y la salud, y con la concepción de la democracia y la justicia social”.

#NoMásMuñecas: Acción comunicacional por los derechos sexuales y reproductivos

En miras al plebiscito del 25 de octubre la Mesa de Acción por el Aborto presenta la serie de videos y piezas gráficas #NoMásMuñecas, una acción comunicacional que busca instalar la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y entre ellos el aborto, en la redacción de una nueva Constitución para Chile.

Estamos frente a una oportunidad histórica, donde por primera vez en el mundo una Carta Fundamental podría ser escrita por un organismo paritario que escuche la voz de las mujeres y disidencias sexuales. Por eso es que la Mesa llama a votar Apruebo y Convención Constitucional como único mecanismo que asegura esa paridad.

Este lunes 05 de octubre, después de la franja electoral comenzó a circular el primer principal, que aborda las imposiciones físicas y sociales a las que son sometidas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Los próximos días se pondrán en circulación los tres videos testimoniales que abordan la necesidad de despenalizar el aborto para que la maternidad deseada sea una realidad y no solo una declaración de buenas intenciones imposible de materializarse en una legislación que penaliza el aborto salvo en 3 causales.

De aquí al 25 de octubre se presentarán en nuestras redes sociales los videos, piezas gráficas y la frase radial que animan #NoMásMuñecas, un trabajo que da cuenta de las demandas de diversas organizaciones y redes de mujeres, feministas, por la salud y los derechos humanos, así como aquellas que componen la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

 

Derecho al aborto y nueva Constitución

 

Transcurridos tres años desde la aprobación de la ley de aborto por causales (ley Nº 21.030 de septiembre de 2017), han quedado de manifiesto sus limitaciones para la protección de los derechos de las mujeres y las niñas.

Se trata de una ley que desde el principio se planteó restringida a tres situaciones específicas, riesgo vital, inviabilidad y violación, de modo que siguen siendo miles las mujeres que, por necesitar abortar en base a otras razones, carecen de todo resguardo.

Pero aun quienes se encuentran en alguna de estas causales enfrentan numerosas barreras para acceder a la interrupción del embarazo, siendo una de las principales la falta de información puesto que no existen campañas públicas de difusión de los derechos que esta ley reconoce ni como ejercerlos.

Otra dificultad que enfrentan las mujeres y niñas afectadas por alguna de las causales es la altísima proporción de objetores de conciencia y las facilidades que la propia ley y el Tribunal Constitucional ha definido para ello, en lugar de resguardar su carácter excepcional.

Así, uno de cada dos obstetras del sistema público se declara objetor en al menos uno de las tres causales, principalmente frente a embarazos producto de violencia sexual (46,0%) y son numerosos los centros privados de salud que se han acogido a la denominada objeción de conciencia institucional, pese a que el derecho internacional de los derechos humanos no reconoce dicha figura. Especialmente preocupa que en 7 de 29 Servicios de Salud (Osorno, Araucanía Norte, Maule, O`Higgins, Concepción, Reloncaví y Valdivia), los objetores de conciencia superen los dos tercios de los obstetras y las trabas que ello impone a mujeres y niñas que necesitan atención.

A consecuencia de la pandemia por Covid-19, a partir de marzo del presente año las atenciones de salud sexual y reproductiva en el país han evidenciado barreras adicionales. Sin embargo, las autoridades sanitarias no han adoptado las medidas suficientes para definir dichas prestaciones como esenciales en contexto de crisis y garantizar su continuidad, como han planteado la Organización Mundial de la Salud y los organismos internacionales y regionales de derechos humanos.

En particular, respecto a las atenciones de salud previstas en la ley Nº 21.030 el ministerio de Salud ha señalado que las mismas se han mantenido en contexto de pandemia pues su cumplimiento se da en un marco legal. No obstante, de la revisión de las cifras publicadas por MINSAL sobre casos IVE resulta notorio que durante la emergencia sanitaria dichas atenciones han disminuido. En efecto, entre enero y junio de 2020 se registran 276 casos, 21% menos que en primer semestre del año pasado (350 casos).

Por lo señalado anteriormente se torna urgente atender la demanda por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito largamente sostenida por los movimientos feministas en Chile y el resto del mundo, y las garantías que se requieren para ello. Las leyes y políticas públicas deben proteger la vida y la salud de las mujeres y no criminalizar sus decisiones.

El debate constituyente instalado en el país por los movimientos sociales ha evidenciado que las mujeres exigimos ser reconocidas como sujetas de derechos y ciudadanas plenas.

Uno de los aspectos centrales que la ciudadanía aspira sea cautelado en la nueva Constitución es el derecho a una vida digna, que para las mujeres y las niñas requiere asegurar el respeto a nuestras decisiones y la maternidad como una opción libremente elegida.

Por ello resulta crucial fortalecer en la Nueva Constitución la protección de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y especialmente los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia.

Publicado en Cooperativa 

Pronunciamiento de la Campaña: Día Internacional del Aborto Seguro, 28 de septiembre de 2020

 

¡El aborto seguro es un servicio esencial de salud!

¡Garanticemos el acceso al aborto seguro ahora!

¡Ya hemos esperado 100 años!

La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve y exacerbado el acceso diferencial al aborto seguro y legal en todo el mundo, tanto entre países como dentro de ellos durante el 2020. Se han cerrado muchas fronteras y los encierros han confinado a las mujeres en sus hogares, dificultando el acceso a abortos seguros y legales. Incluso donde el aborto es accesible, la atención del aborto en persona, y especialmente en los hospitales, se ha vuelto considerablemente más difícil de obtener.

La pandemia ha dejado al descubierto el daño causado por leyes sobre el aborto altamente restrictivas. En algunos casos, los médicos reacios las han utilizado como excusa para no realizar abortos al colocarlos como atención “no esencial”, “no urgente” o “de rutina”. Sin embargo, en su mayor parte, el acceso reducido a la atención del aborto ha sido una consecuencia de la pandemia en sí. Este ha sido y sigue siendo un escenario que cambia rápidamente, y diferentes países han respondido de diferentes maneras. Es probable que más adelante descubramos el real alcance sobre si -y cómo- las mujeres pudieron encontrar abortos a través de los sistemas de salud.

Tanto la atención médica urgente, como la menos urgente, se han pospuesto o retrasado debido a que las trabajadoras y los trabajadores de la salud dan todo para lidiar con el Covid-19. Debido a la falta de pruebas y equipos de protección personal adecuados, muchas de ellas y ellos se han infectado o se han visto en la obligación de permanecer fuera del trabajo en cuarentena. El riesgo de infección en entornos clínicos / hospitalarios, donde normalmente se lleva a cabo la consejería y la asistencia para la atención del aborto, y tener que recolectar y tomar píldoras abortivas en persona, podría evitarse con un cambio de política. Las propias mujeres han tenido miedo de buscar atención incluso cuando los servicios están abiertos y seguros, por temor a una infección en el camino, debido a la falta de transporte seguro y a la preocupación de que incluso si llegan a una clínica, es posible que no puedan recibir la atención que necesitan. Cuanto más lejos tengan que viajar y menos dinero tengan, más difícil será. Estos problemas también se aplican a muchos otros aspectos de la atención médica, no solo a la atención del aborto seguro.

Al mismo tiempo, apenas hemos comenzado a abordar las consecuencias de esta pandemia para las economías, el trabajo, la vivienda y la educación a nivel nacional, y menos aún los efectos más graves sobre la salud pública mundial.

Por lo tanto, nos acercamos al Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre de 2020, conscientes de que el contexto global en el que exigimos el derecho al aborto seguro ha cambiado sustancialmente. Sin duda, hace que el acceso al aborto seguro, la anticoncepción segura y la maternidad segura sean más importantes que nunca.

En lo que respecta al aborto seguro, se ha producido un cambio importante. Hoy en día, las mujeres ya no tienen que depender de sus sistemas de salud para realizar abortos como lo hacían cuando el aborto era solo un procedimiento quirúrgico. A mediados de la década de 1980, las mujeres de Brasil se dieron cuenta de que un medicamento de venta libre llamado misoprostol también era abortivo; Esto se difundió rápidamente. En 1988, la Corte Suprema de Canadá derogó todas las leyes canadienses que restringían el aborto, aunque ningún otro país ha tenido el valor de seguir sus pasos. Así mismo en 1988, Francia aprobó la mifepristona, y personas científicas e investigadoras comprometidas, incluyendo a las de la Organización Mundial de la Salud, desarrollaron un método de aborto nuevo, seguro y eficaz – las píldoras abortivas – que comenzó a ser aprobado por los países.

Con estas píldoras, se había encontrado una alternativa a los abortos inseguros por parte de proveedores inseguros. Desde el 2005, este método, el aborto con medicamentos, figura en la Lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. El 1 de junio de 2020, frente a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud volvió a confirmar lo que habían dicho antes: el aborto seguro es servicio esencial de salud.

¿Cómo un servicio esencial de salud puede ser un acto delictivo? No puede.

Frente a las leyes penales y restrictivas sobre el aborto, y el continuo rechazo de la atención de abortos seguros a todas las mujeres que los solicitan, ellas obtienen, cada vez más, píldoras abortivas de fuentes fuera de sus sistemas de salud. Es probable que la pandemia haya hecho que esto sea aún más necesario y común.

Para ayudar a satisfacer esa necesidad, personas defensoras del derecho al aborto abrieron dos líneas internacionales directas de información sobre abortos seguros, la primera en 2005 y la segunda en 2014. Ambas asesoran, en línea en varios idiomas, a un número creciente de mujeres y les envían píldoras. También hay un número creciente de líneas directas de información sobre el aborto seguro a nivel nacional en todas las regiones del mundo, así como aplicaciones que solo brindan información. El hecho es que esta información se comparte de muchas maneras y ha viajado por todas partes.

Solo unos pocos países han “permitido” oficialmente la telemedicina y el aborto autogestionado en el hogar debido a la pandemia. Por lo tanto, las mujeres tienen grandes dificultades para encontrar una forma de acceder a abortos seguros. Especialistas temen que esto conduzca a un gran aumento de abortos inseguros y abortos tardíos, incluso en el segundo trimestre. El aborto inseguro ya es un grave problema de salud pública; seguramente nadie quiere que eso vuelva a empeorar.

Mas allá de la pandemia, casi todas las leyes y políticas nacionales sobre el aborto están desactualizadas: son restos de los siglos XIX y XX. La mayoría trata a las mujeres como bienes muebles. Algunas personas pueden decir que en medio de una pandemia no es realmente un buen momento para plantear esto. Pero el momento adecuado nunca parece llegar. Llevamos 100 años tocando esta puerta. Decimos que ya es hora de llevar las leyes, políticas y servicios de aborto al siglo XXI, precisamente por las implicaciones y las consecuencias de esta pandemia.

100 años de espera por el acceso universal al aborto seguro

Hace cien años, en 1920, la Unión Soviética aprobó la primera ley que legalizó el aborto, bajo la égida de Aleksándra Kolontái, la primera Comisaria del Pueblo para el Bienestar Social.

Quienes lideran los gobiernos, los parlamentos y los servicios de salud deben reconocer que el aborto seguro es un servicio esencial de salud y que es una contradicción que un servicio esencial de salud sea controlado y restringido legalmente.

Todos los Estados deben respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, la vida y el bienestar de todas aquellas personas que necesitan un aborto seguro. Todos los Estados deben garantizar el acceso universal al aborto seguro como parte de su compromiso con la atención integral de la salud sexual y reproductiva, como una cuestión de justicia social, y al derecho a decidir si tener hijos y cuándo.

Firmado 24 de septiembre 2020:

Equipo de Coordinación

  • Marge Berer, Shilpa Shroff, Christina Boateng, Will de Villiers, Rachel Mantock, Ellioté Long
  • International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion (ICWRSA), UK, India

Trustees

  • Susana Chávez, Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Perú
  • George Hale, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Perú
  • Sivananthi Thanenthiran, Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW), Malaysia
  • Beverly Winikoff, Gynuity Health Projects, USA
  • Jane Fisher, Antenatal Results & Choices, UK

International Advisory Group

  • Selma Hajri, Groupe Tawhida Ben Cheikh, Tunisia / Right & Access for Women to Safe Abortion in the Middle East & North Africa Network
  • Rodica Comendant, Reproductive Health Training Center, Moldova / Eastern European and Central Asian SRHR Regional Coalition
  • Mariana Romero, Health Economy and Society Department, Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) and Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), Argentina
  • Ammal Awadallah, Palestinian Family Planning and Protection Association, Palestine Occupied Territories
  • Sonia Corrêa, Sexuality Policy Watch, Brazil
  • Suzanne Majani, Ipas Africa Alliance, Kenya
  • Satang Nabaneh, Sexual and Reproductive Rights Network, The Gambia

Publicado por Clacai

Aborto sin Fronteras: una red de feministas europeas sale en auxilio de las mujeres polacas

El nombre tiene reminiscencias de Médicos sin Fronteras, que brinda atención sanitaria esencial a poblaciones en peligro; de modo análogo, Aborto sin Fronteras está restaurando los derechos sexuales de las mujeres polacas, pase lo que pase.

“Fue la experiencia más increíble de mi vida”, dice la veterana activista Mara Clarke. “Fue demencial, pero maravilloso. Una prueba de que hermanadas podemos hacer las cosas de una maldita vez cuando nos lo proponemos”.

En diciembre de 2019, tres meses antes de que el coronavirus fuera declarado pandemia, un grupo de mujeres de distintos lugares de Europa lanzaron una respuesta audaz y feminista a las leyes draconianas de Polonia: Aborto sin Fronteras.

Desde entonces, aseguran haber suministrado a más de 2.200 mujeres información, fondos y logística para acceder a abortos seguros, ya fuera viajando al exterior o adquiriendo en línea píldoras abortivas.

Los cierres de fronteras y cuarentenas obligatorias por la covid-19 pusieron en riesgo la iniciativa, mientras grupos ultraconservadores polacos aprovechaban la crisis sanitaria para impulsar su agenda contra el aborto. Pero estas mujeres tienen años de experiencia en luchar contra viento y marea.

En América Latina, una de las regiones con leyes más duras contra el aborto, hay una larga tradición en este tipo de redes que suministran a las mujeres abortos seguros, como Las Comadres, de Ecuador, Con Amigas y en la Casa, de Chile, o Socorristas en Red, de Argentina, por citar algunas. Pero Aborto sin Fronteras añadió otra dimensión: la colaboración transfronteriza.

De Irlanda a Polonia

“Hay una larguísima historia de gente ayudándose mutuamente para obtener abortos”, observa Clarke, originaria de Estados Unidos. Ella vive en Reino Unido y en 2009 fundó la Abortion Support Network para financiar viajes de mujeres de Irlanda, Irlanda del Norte y la Isla de Man a otras zonas de las islas británicas donde pudieran practicarse abortos seguros. El año pasado sumaron a Gibraltar y Malta a la lista. Reino Unido tiene normas más liberales que esas jurisdicciones, y la estrategia del grupo de Clarke era aprovechar esa ventaja para superar lo que consideran restricciones anacrónicas a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.

El referéndum de 2018 sobre el aborto en Irlanda, que condujo a su legalización en 2019, cambió el escenario. Unos meses después del referéndum, Clarke se reunió con otras integrantes de organizaciones europeas en Francia. Allí, ella formuló estas preguntas: “¿A dónde debemos dirigir ahora nuestras energías? ¿Qué les parece Polonia?”.

Poco después, algunas de esas mujeres volvieron a encontrarse marchando, cantando y enarbolando pancartas en una manifestación en Varsovia en el Día de Acción Global por el acceso a un aborto legal y seguro de 2018 (que se celebra cada 28 de setiembre), y la idea de Clarke empezó a tomar forma.

La letona Marina Slaikovska, que vive en Países Bajos, fue una de las que se reunieron en Varsovia con Clarke. Como muchas otras mujeres dedicadas a esta causa, ella vive de su trabajo, en este caso la biología. Ahora recuerda sus dudas iniciales sobre la red. “Pero todo pasó a gran velocidad”, dice.

Hubo otro encuentro a mediados de 2019 en Ámsterdam, donde se establecieron las bases de Aborto sin Fronteras. Todo se acordó en dos días. Era una idea a la que le había llegado su momento. “No hubo desacuerdos: nada de discusiones, nada de peleas, muchos bocaditos veganos y un sentimiento realmente especial en la sala”, describe Clarke.

Las mujeres que participan en Aborto sin Fronteras son diversas, pero están unidas en un objetivo y un abordaje claros y compartidos, observa. “Venimos de contextos políticos y económicos diferentes, pero tenemos el compromiso de suministrar a una mujer un aborto. Eso es lo importante, y todo lo demás es secundario”.

Resistencia a las leyes de Polonia

El marco legal polaco es el más restrictivo de Europa, con excepción del de Malta. Solamente se puede interrumpir legalmente un embarazo en caso de violación, incesto, anomalías graves del feto o si la vida de la madre está en peligro.

En 2016, varias propuestas para prohibir el aborto incluso en esos casos fueron desechadas luego de manifestaciones masivas de las mujeres polacas en el llamado Lunes Negro.

En abril de este año, un proyecto similar fue introducido en el Parlamento en medio de la cuarentena. La reacción se armó con protestas con distanciamiento social en todo el país. En bicicleta o en automóviles que hacían sonar sus bocinas e iban adornados en el símbolo de la Huelga de Mujeres Polacas, mujeres con mascarillas recorrieron calles semivacías con pancartas, banderas y paraguas con eslóganes.

Cifras oficiales indican que en Polonia se practicaron algo más de 1.000 abortos en 2018, último año con datos registrados. “No sabemos cuántos abortos hay. Sólo sabemos cuántos abortos deciden reportar los hospitales polacos al Ministerio de Salud”, dijo la activista Karolina Więckiewicz.

Además de esos procedimientos en hospitales, hay una cantidad desconocida de abortos en clínicas privadas en el extranjero, o bien con píldoras que las mujeres se administran y obtienen por internet, o mediante otras vías ilegales e inseguras.

Więckiewicz es, como Clarke, una experta. Esta abogada del grupo polaco Aborto Dream Team, que se lanzó en octubre de 2016 para informar a las mujeres e iniciar un debate público sobre la interrupción del embarazo, dice que entró “por accidente al activismo por el aborto”.

Más de una década atrás, Więckiewicz trabajaba en un servicio telefónico de ayuda legal de la Federación para las Mujeres y la Planificación Familiar. En cierto momento, “la gente nos empezó a llamar para pedirnos píldoras”, los fármacos que permiten abortar en las primeras 12 semanas de embarazo sin ningún procedimiento quirúrgico.

“Yo podría haberles dicho ‘llamá a Justina’”, dijo Więckiewicz, refiriéndose a la destacada activista Justina Wydrzyńska. “Pero me di cuenta de que a veces una no puede responder ‘llamá a otra persona’. Porque quizás no puedan”.

Fue entonces cuando asumió que el trabajo legal y la incidencia no eran suficientes. “Me di cuenta de que lo más importante era ayudar materialmente a esas personas”.

Apoyo remoto y virtual

Justina Wydrzyńska lleva más tiempo que Więckiewicz y Clarke contribuyendo a que las mujeres consigan un aborto seguro.

Comenzó 14 años atrás con su propio aborto. “Tuve mi experiencia de un embarazo no deseado, miedo y ataques de pánico, falta de información y nadie con quien hablar”, asegura.

“Intenté conseguir datos sobre las píldoras. Había un montón de información en línea que no me parecía confiable. Entonces pensé que sería bueno tener un lugar, o al menos una persona, que pudiera informar a otras sobre, por ejemplo, cómo administrarse correctamente los fármacos”, recuerda Wydrzyńska.

Poco después, entró en contacto virtual con otra mujer, Magda, que estaba preocupada como ella por la falta de información y que sabía cómo instalar un sitio web. Juntas fundaron el grupo Kobiety w Sieci (“Mujeres en la web”, en polaco), el primer foro polaco en línea que ofrecía información imparcial sobre aborto, y que también forma parte de Aborto sin Fronteras.

Mediante esta red, seis grupos en cuatro países –Polonia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido– colaboran para suministrar a las polacas consejos, apoyo y acceso a abortos seguros dentro de Polonia o en el exterior.

Mientras cualquiera que ayude a una polaca a abortar de forma ilegal arriesga una pena de tres años de prisión, Aborto sin Fronteras puede operar de forma segura desde el exterior, ayudando a las mujeres a obtener las píldoras o a organizar su viaje hasta un país donde sea legal la interrupción del embarazo.

“En Polonia tenemos un servicio telefónico que dirige Kobiety w Sieci. Cuando alguien llama, se la deriva a alguno de los otros grupos de la red”, explica Clarke.

Si el embarazo es de menos de 12 semanas, la mujer puede obtener en su casa los fármacos a través de internet. Si la gestación es de 14 semanas, puede practicarse el procedimiento en Alemania; hasta las 22 semanas, en Países Bajos; y hasta las 24 semanas, en Inglaterra.

Los desafíos de la covid-19

El primer día de Aborto sin Fronteras, una mujer llamó a la línea de asistencia simplemente para agradecer que existieran. Ella había pasado por un aborto con medicamentos, sola y sin ayuda, y esperaba que nadie más tuviera que pasar por eso.

Desde luego, es imposible asistir a todas las mujeres que lo necesitan. Clarke dice que, pese a todo, están haciendo “un muy buen trabajo, considerando la cantidad de quienes llaman a Kobiety w Sieci o nos buscan a través de Facebook, Instagram o el correo electrónico”.

Entonces apareció el coronavirus. “Fue irónico lanzar Aborto sin Fronteras justo cuando lo primero que hacía Europa era reinstalar las fronteras”, observa Kinga Jelinska, una antropóloga cultural polaca que vive en Ámsterdam.

Ella cofundó hace cinco años el grupo de ayuda en línea Women Help Women, que integra la misma red.

Había un riesgo real de que Aborto sin Fronteras no lograra funcionar por la covid-19, según Zuzanna Ziuban, académica y activista polaca que reside en Berlín. Pero, “de todas las mujeres que contactaron a la red buscando viajar fuera de Polonia, sólo dos no pudieron conseguir tratamiento en el exterior”, dice.

Hubo mucho estrés inicial, pero Aborto sin Fronteras logró que las mujeres consiguieran en cambio las píldoras, o accedieran a excepciones a las cuarentenas, por ejemplo, presentando pruebas de un procedimiento médico que no podía posponerse, explica Ziuban.

“Hay una sensación de triunfo cuando termina una semana y sabés que cuatro mujeres lograron llegar a Berlín para poner fin a sus embarazos no deseados y que muchas otras en Polonia recibieron sus fármacos. A pesar de esta legislación estúpida, opresiva y patriarcal… simplemente lo consiguieron”.

Esta es una versión traducida y editada de un artículo publicado originalmente por el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy. Traducción: Diana Cariboni.

Publicado por La Diaria 

A 30 años del compromiso por la despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe, feministas se manifiestan por su legalización

A 30 años del compromiso por la despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe, feministas se manifiestan por su legalización

 

Este 28 de septiembre de 2020 se cumplen 30 años de la declaración de San Bernardo, en donde las feministas de Latinoamérica y el Caribe, suscribieron su compromiso por la despenalización y legalización del aborto en la región. En ese contexto distintas organizaciones de mujeres en Chile han organizado diversas actividades para esta semana.

Este 28 de septiembre, Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, se conmemora hoy en base a los 30 años de la declaración de San Bernardo, en la cual las feministas de toda la región  suscribieron su compromiso por la despenalización y legalización del aborto.

En ese contexto, desde la “Campaña 28 de Septiembre por la Legalización y Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe”, lanzaron un comunicado en representación de las agrupaciones de la región, donde señalan que “no queremos más muertas, ni presas por aborto clandestino e inseguro, ni queremos niñas obligadas a parir”.

“Otro 28 de septiembre nos hermana en la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Un derecho esencial que los gobiernos deben garantizar, porque es una de las regiones más desiguales del mundo en razón de clase, de etnia y de género y con altos índices de violencias y por ello, frente a la emergencia sanitaria global los desafíos para los sistemas de salud son aún más importantes”, declararon en el documento.

Añadiendo que es imperioso que se “garantice como servicio de salud esencial y no se postergue su atención, el aborto, la anticoncepción y todo lo relativo a la salud sexual y reproductiva”.

“Ante la falta de medidas gubernamentales específicas para garantizar el acceso seguro y oportuno a servicios, insumos e información esenciales relativas a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia, desde la Campaña 28 de Septiembre exigimos que se garanticen las condiciones para el aborto seguro, con calidad de atención y los necesarios cambios jurídicos que otorguen plenos derechos en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Sin estas garantías, los Estados ejercen violencia directa hacia las personas con capacidad de gestar, especialmente a mujeres y niñas”, solicitaron las feministas en la declaración.

Finalmente las mujeres recalcaron que a 30 años de “aquella histórica Declaración de San Bernardo que marcó este día de lucha feminista, nuestro compromiso sigue firme e incesante. No queremos más muertas ni presas por abortos inseguros y clandestinos, ni tampoco queremos niñas torturadas, obligadas a gestar y parir. Queremos el derecho esencial del aborto legal para vivir una vida libre de violencias”.

Noticias Publicada en El Mostrador