ABORTO LEGAL EN DEUDA: A DOS AÑOS DE APROBADA LA LEY EXIGEN QUE SE FISCALICE SU IMPLEMENTACIÓN

La normativa fue aprobada en 2017 para tres causales, pero en su práctica existen altos índices de desconocimiento de los profesionales, a estos datos se suma que un alto índice de los obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia. 

Unas manos de carton a las afuera del parlamento donde se manifiestan antes que comience en la comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales

Foto Agencia Uno

Organizaciones se reunieron este viernes para solicitar a la Contraloría de la República que realice una auditoría a la implementación de la ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE), más conocida como ley de aborto en tres causales—peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación—.

Karen Espíndola, sub directora de la Fundación Comprometidos, encabeza la solicitud que tiene por objetivo dar cumplimiento efectivo de este derecho establecido por ley. A la acción se sumó la Mesa de Acción por el Aborto, que tras un “Monitoreo Social” demostró que existen serias falencias en información, preparación del personal médico y altos índices de objeción de conciencia.

Desde organizaciones feministas apuntan a que se impide en la práctica el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su maternidad. Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto—formada por 14 organizaciones, activistas, académicas y defensoras de derechos humanos— apunta a la responsabilidad política de garantizar este derecho.

“Este gobierno podrá estar de acuerdo o no con la Ley, de hecho forma parte de una coalición que se opuso tenazmente a que las tres causales fueran aprobadas, pero siendo ley de la República la responsabilidad política es cumplir con esa implementación y entregarle a las mujeres el derecho ganado” señala Gloria Maira.

Para la representante de la Mesa “hay que implementar, hay que cumplir con las mujeres y en la medida que no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio de Salud a nuestros requerimientos de información y de contarnos a  las mujeres como esta la implementación hemos venido a Contraloría”.

Graves deficiencias en la Ley

Mientras que el Ministerio de Salud reportó 188 casos de niñas y mujeres donde se constituyó la tercera causa, de las que 150 realizaron un aborto, según la ONG Corporación Miles. Una cifra notoriamente inferior a la proyectada por las autoridades en 2012, cuando en medio de la discusión parlamentaria se estimaba más de 1.000 mujeres.

Pero desde la puesta en marcha de la ley hay varias problemáticas, como el que 51% de los médicos obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia a la hora de practicar abortos por violación, lo que limita el acceso a este procedimiento médico sumado al enjuiciamiento social que también han podido constatar desde Aprofa como señala la directora ejecutiva, Debora Solis.

“Esta ley tenía un sentido a la base, que tenía que ver con que la decisión estaba erradicada en las mujeres, se iba a respetar el espíritu de la ley de que la mujer tenga la libertad de decidir si interrumpir el embarazo en cualquiera de las tres causales y que sí decidió interrumpir este llevaría a cabo prestando atención básica lo que no ha pasado en la implementación de la ley. Hay otras personas, médicos, personal sanitario que toman las decisiones en la causal uno y causal dos. En la causal tres se mantiene con fuerza la sospecha sobre el relato de las mujeres”.

Lo que se condice con las cifras que muestran que 580 de los 1.148 médicos gineco-obstetras del sistema público de salud se declaran objetores de conciencia para practicar abortos en casos de violación, un 21% se declara objetor de conciencia en el caso de peligro de vida de la madre (238) y un 29% cuando se trata de una inviabilidad fetal (328), de acuerdo al Ministerio de Salud.

 

En un estudio de la Corporación Humanas de julio pasado, que analiza la realidad de la objeción de conciencia en los servicios públicos, se hace referencia al reglamento de octubre de 2018 del Ministerio de Salud. En este se indica que ni la ley ni el reglamento resguardan el carácter “excepcional” que debería tener la objeción de conciencia, lo que se vuelve una limitante como lo comenta la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana.

La abogada señala que “No existen campañas de difusión tampoco de los derechos que reconoce esta ley, ni material gráfico en los centros de salud. Por otra parte, la objeción de conciencia que la propia ley reconoce es una barrera en sí misma para la aplicación de la ley. Obstaculiza que las mujeres y las niñas puedan acceder a la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se encuentran en alguna de las tres causales”.

“Y eso, encontramos además que ha sido agravado por la reglamentación que el propio ministerio de Salud a dictado, el Ministerio de Salud dictó un reglamento que se conoció en octubre del 2018 y con posterioridad a este reglamento aumentó el número de objetores de conciencia que trabajan en hospitales públicos” indicó Camila Maturana.

Esta solicitud de auditoría a la ley también fue firmada por distintas organizaciones sociales y feministas, académicas, gremios, diputadas y diputados de distintos partidos políticos a la espera de que se garantice y facilite el acceso a este derecho.

Publicado por radio JGM 

Comité de Expertas expresa su preocupación por el caso de Lucía Pérez en Argentina

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) expresa su preocupación por el caso de Lucía Pérez, joven de 16 años que en octubre de 2016 fue drogada, violada y asesinada en Argentina. Como resultado de esta grave situación, el Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata decidió absolver a los tres imputados, condenando a dos de ellos a ocho años de prisión por tenencia y comercialización de estupefacientes y a otro por encubrimiento agravado.

Al respecto, el Comité envió una carta dirigida a las altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina señalando que casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ratificado que el uso de los estereotipos de género en la actuación de los operadores de justicia representan una clara violación a los derechos humanos de las mujeres, entre los que se encuentran el derecho a vivir libre de violencia y el derecho a la justicia y a los recursos judiciales. Además, el Comité expresó que los criterios que han sido utilizados en esta sentencia construyen en la sociedad un mensaje de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y reflejan claros estereotipos de género utilizados para decidir el caso.

El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará establece que los Estados Parte deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Además, el artículo 8 establece que los Estados deben fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley.

Este Comité reitera el llamado a las autoridades argentinas a rectificar esta decisión y a tomar todas las medidas necesarias para proporcionar un efectivo acceso a la justicia para los familiares de Lucía y para todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, aplicando la normativa internacional de derechos humanos de las mujeres, especialmente los emanados de la Convención de Belém do Pará, las recomendaciones de este Comité de Expertas y la demás legislación internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

El aborto en América Latina

El aborto es un tema polémico pero en 2018, las discusiones para despenalizarlo en Argentina y la presentación de un proyecto de ley en Chile para ampliar las causas ya permitidas alimentaron las discusiones. Entre tanto, en Brasil, Paraguay y México, las reacciones a favor y en contra sobre este tema se mantienen más allá de las legislaciones actuales. Le damos una mirada en este especial de France 24.

Fin al acoso sexual y educación no sexista, la batalla feminista 2019

A cinco meses del Mayo feminista muchos se preguntan en qué quedó, y también, qué quedó de ese masivo movimiento de estudiantes pidiendo a gritos el fin del acoso y la violencia sexual en las Universidades y la implementación de una educación no sexista. Las numerosas tomas de locales, escuelas y casas centrales universitarias, las activas asambleas feministas –separatistas o no- en dichos establecimientos, los amplios petitorios y las arduas negociaciones con autoridades dieron paso a la entrega de los locales con acuerdos y compromisos contraídos con las dirigentes del movimiento.

Alcanzados los acuerdos, cada establecimiento ha vuelto, no sin dificultades, a la “normalidad”, con apretados calendarios de recuperación de clases y reprogramación del semestre. Las mesas y/o comisiones creadas para dar salida al conflicto tienen diferentes niveles de actividad, velando por la implementación de los compromisos. Terminada la efervescencia, surge una calma que para algunas y algunos puede ser inquietante.

La pregunta por “qué quedó” resulta probablemente apresurada, porque “está todo pasando”. Los debates y las conversaciones se extendieron al conjunto de la sociedad, a las familias, a los grupos de amigas y amigos, a los partidos políticos, a las empresas, a todas las instituciones en que trabajan mujeres y hombres, todas y todos “tocados” por las olas que generó la piedra lanzada al agua. ¿Cuántos procesos se han iniciado? ¿Qué profundidad alcanzará este estallido feminista? ¿Se mantendrá la agenda contra la violencia de género y la educación sexista? ¿Responderán las instituciones con la diligencia requerida?

Como Observatorio de Género y Equidad decidimos no darle tiempo al tiempo sino dar tribuna a estudiantes, a profesoras, a feministas para auscultar cómo se anuncia el proceso post Mayo. Presentamos en este Boletín entrevistas, opiniones y eventos que responden a este nuevo escenario.

Sofía Brito, vocera de Derecho de la Universidad de Chile: “Es difícil pensar la política estudiantil sin el feminismo”

Por Catalina Arenas

“Ya no hay vuelta atrás”, la agenda feminista se instaló en el debate público y aún se divisan brotes germinando en los espacios reflexivos: acoso sexual, violencia de género y críticas a proyectos ‘antiaborto’.  En esta conversación, Sofía Brito estudiante de último año de Derecho en la Universidad de Chile, y una de las líderes de la movilización feminista, repasa los aciertos, conflictos y desafíos que despertó el mayo feminista. Asegura que la presente ola del movimiento de las estudiantes y las disidencias universitarias todavía no se recoge al mar.

“Nos instalamos en la once familiar”

Las alumnas de la educación superior en todo el país levantaron sus ideas y propuestas, salieron a las calles, se coordinaron, hicieron ocupaciones feministas y se preguntaron ¿cómo hicimos que esto llegara a conversarse a la hora de once, en las familias? Fue un proceso largo que para la vocera universitaria reunió lo personal y lo político. Sofía Brito destaca que después de la movilización “ya nadie puede decir que no entiende lo que está pasando, esté o no de acuerdo”. Mayo feminista se tomó los espacios en los matinales, noticieros y en horario prime, discutiendo las problemáticas sociales que instaló. “Pensamos el feminismo cómo una forma de interrogar nuestras prácticas cotidianas”, rescata la estudiante de Derecho. Leer más

Camila Arenas, Movimiento SOL: “La ‘educación no sexista’ no está en la palestra pública”

Por Valentina Silva

Las movilizaciones estudiantiles feministas explotaron en mayo de este año cuando miles de estudiantes salieron a las calles y se tomaron universidades y colegios, exigiendo una educación no sexista o educación feminista, con el fin de transformar y visibilizar la violencia hacia mujeres que se producen al interior de planteles educativos.

Camila Arenasprofesora de filosofía de la Universidad de Chile e integrante del Movimiento Político Socialismo y Libertad, SOL, sostiene que si bien existen estudios sobre brechas de género y avances en cuotas en la universidad “el contenido de la educación no sexista es algo que no está en la palestra pública”Durante las manifestaciones de mayo 2018, 170 mil mujeres marcharon por una educación no sexista, exigiendo una reforma estructural, pero para la docente, el proceso es más largo, asegurando que “hay poca disposición; hay una tradición que lo impide porque hay falta de voluntad política para avanzar”. Leer más


A cinco meses de la histórica toma: el feminismo en la Universidad Católica desde la mirada del MAFI

Por Catalina Arenas

La ola feminista inundó los planteles académicos y gatilló la tercera toma histórica a la Pontificia Universidad Católica (PUC) desde 1967. En esta conversación, dos estudiantes reviven, desde distintos ángulos, cómo se planeó la ocupación feminista de Casa Central y sopesan lo que significó el mayo feminista.

Constanza Cornejo estudia Arquitectura en el Campus Lo Contador, va en segundo año y es mamá, y Constanza Rivera es estudiante de tercero de Letras Hispánicas y se ha vinculado firmemente a los movimientos estudiantiles desde 2016. Ambas conforman un grupo activista estudiantil denominado Movimiento Autónomo Feminista Interseccional (MAFI) que coordina y programa una serie de actividades con perspectiva de género.

Desde el patio de la Facultad de Humanidades del Campus San Joaquín, ambas comentan:

Fue la estrategia del año porque las políticas que proponían los movimientos más conservadores en sus programas eran más bien paternalistas o asistencialistas y en la mayoría de ellos el foco todavía está en hablar del hombre y la mujer, sostiene Cornejo de Arquitectura. A su juicio, son errores que pasan porque los distintos espacios políticos no comprometen una articulación real con la movilización feminista y prometen cosas que ya se están trabajando a partir de lo que se avanzó en mayo y no pueden pasar por encima de eso. Por su parte, Constanza Rivero remata: “Sí, es la instrumentalización del movimiento porque se usa como una estrategia para agarrar votos y generar adherencia”. Leer más

 

Compromisos y desafíos para erradicar la discriminación y violencia sexual en la educación superior

Por Valentina Silva
Una diversidad de actores políticos y sociales asistieron al Seminario “Estrategias y experiencias internacionales comparadas contra la discriminación y violencia sexual hacia las mujeres en la educación superior”, organizado por ONU Mujeres y el Ministerio de Educación realizado el 30 y 31 de octubre. 
Hasta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llegaron autoridades, entre ellas, la ministra de Educación Marcela Cubillos; la ministra (S) de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas. También rectores de universidades: Ignacio Sánchez de la Católica; Rafael Epstein en calidad de subrogante por la Chile y Aldo Valle de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (CRUCH). También participó un variado grupo de representantes de instituciones educacionales del país, que busca impulsar políticas para una educación no sexista y combatir la violencia de género en las universidades chilenas.

Llegando al último trimestre de 2018 y a los balances de lo que fueron las movilizaciones feministas en las universidades, el seminario realizado en la CEPAL fue una oportunidad más para reflexionar y aprender de las experiencias internacionales sobre cómo combatir la violencia de género en la educación superior. Un desafío que busca elaborar e implementar protocolos contra la discriminación y violencia sexual al interior de las universidades y también contar con políticas de prevención que permitan que las estudiantes avances en sus estudios libres de discriminación. Leer más 

En 2018 el activismo feminista lideró la lucha por los derechos humanos en el mundo, según Amnistía Internacional

Movilización frente al Parlamento argentino, mientras se votaba la ley de aborto (archivo, agosto de 2018).

La organización publicó el informe anual “Derechos hoy”.

Los movimientos de mujeres luchan desde hace décadas, o siglos, para tener más derechos y libertades en un mundo en el que todas las desigualdades –económicas, políticas, sociales, culturales– pesan sobre ellas. En el camino, han logrado ganar batallas y marcar hitos. Algunas teóricas se refieren a esos momentos álgidos de la lucha por la igualdad de género como “olas” del feminismo e identifican particularmente tres.

Los estudios feministas contemporáneos entienden que durante la última década comenzó a gestarse una cuarta ola, que se caracteriza por la militancia en la calle y la difusión masiva de contenidos por medio de las redes sociales y otras plataformas virtuales. Además de renovar reclamos clásicos del movimiento –como la paridad en los ámbitos de toma de decisiones, la igualdad salarial o la legalización del aborto–, esta nueva fase se erige especialmente contra todas las formas de violencia de género. Y retoma la consigna “lo personal es político”.

En este contexto, 2018 estuvo marcado por la resistencia organizada de las mujeres en todos los frentes y en todos los continentes, según el informe anual Derechos hoy, de Amnistía Internacional. “Donde más ruidosa y visible ha sido la lucha por la igualdad este año ha sido en la lucha por los derechos de las mujeres”, asegura el documento, que repasa las movilizaciones que lideraron las mujeres el año pasado en distintos países.

En América, la organización destaca la consolidación del movimiento #NiUnaMenos en Argentina y el impacto del #MeToo en Estados Unidos. El informe señala que la lucha de las mujeres argentinas por la legalización del aborto se convirtió en el hito más importante del año en América Latina. Si bien el proyecto de ley no fue aprobado por el Senado, fue la primera vez en la historia que adoptó estado parlamentario y llegó a aprobarse en la Cámara de Diputados. El movimiento feminista argentino atribuye este logro, en gran medida, a la resistencia organizada de las mujeres, que pusieron el cuerpo en las calles, las casas, los centros de estudio, los lugares de trabajo y ampliaron el debate en las redes sociales y los medios de comunicación.

Amnistía Internacional también destaca las acusaciones de acoso sexual que disparó el movimiento #MeToo contra varones poderosos de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, que “tuvieron repercusiones en todo el patriarcado de Hollywood” y cuestionaron “décadas de impunidad”. Las protestas en este sentido traspasaron las fronteras estadounidenses: en Europa y partes de Asia, millones de mujeres se sumaron a la segunda Women’s March convocada en enero por el movimiento #MeToo para reclamar el fin de la misoginia y los abusos sexuales, ya no sólo por parte de actores o directores de cine, sino también de dirigentes políticos.

Las mujeres también se movilizaron en el norte europeo. En Irlanda, miles se manifestaron en las calles para exigir la legalización del aborto y, a fines de mayo, 66% de la población votó en un referéndum a favor de derogar el artículo constitucional que lo prohibía. El Parlamento irlandés no fue ajeno al reclamo sostenido de las mujeres y a mediados de diciembre, finalmente aprobó la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación sin que la mujer tenga que justificar la decisión.

En tanto, en Polonia, las mujeres se movilizaron durante meses en repudio a un proyecto de ley presentado por el gobierno del partido ultraconservador Ley y Justicia y aprobado por el Parlamento que suprime una de las tres causales por las cuales las polacas tienen permitido interrumpir su embarazo. El gobierno mantuvo una postura inamovible, pero el rechazo popular –encabezado por las mujeres– prendió las alarmas de organismos internacionales y de la propia Unión Europea (UE), que pidieron a las autoridades polacas que dieran marcha atrás.

En Islandia y Suecia el grito de las mujeres en las calles logró que se aprobaran nuevas leyes que reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. Y, en Escocia, el reclamo sostenido de organizaciones feministas contra el “impuesto de sangre” obligó al país a aprobar una iniciativa que estableció que todas las estudiantes de liceos y universidades pueden tener acceso gratuito a toallitas y tampones.

Más lejos, miles de mujeres tomaron las calles en India y Sudáfrica para protestar contra la violencia sexual endémica. Las mujeres indias organizadas, además, lograron que el gobierno decidiera eliminar el impuesto a las toallitas y a los tampones, artículos que eran tan caros en el país que las mujeres se veían obligadas a usar trapos o retazos de tela durante el período menstrual –lo que provoca infecciones y enfermedades– y faltar a clase o al trabajo.

En el nordeste de Nigeria, miles de mujeres desplazadas se movilizaron para reclamar justicia por los abusos que sufrieron a manos de los combatientes del grupo yihadista Boko Haram y de las fuerzas de seguridad nigerianas.

También hubo vientos de cambio en países de Medio Oriente. En Arabia Saudita, las mujeres obtuvieron por fin el derecho a conducir vehículos. En Irán, muchas activistas se arriesgaron a ser detenidas por oponerse al uso obligatorio del hiyab, el velo islámico.

“Mujeres activistas de todo el mundo han estado en la vanguardia de la batalla por los derechos humanos en 2018”, concluye en el informe el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo. El funcionario advirtió que los actos de muchos dirigentes mundiales “de mano dura” que están impulsando políticas misóginas, xenófobas y homofóbicas han vuelto a poner en peligro libertades y derechos reconocidos hace mucho tiempo. “Sin embargo”, reconoció, “las mujeres activistas son las que en 2018 han ofrecido la visión más potente de cómo combatirlos”.

Una ola que despertó a los antiderechos

El informe de Amnistía Internacional reconoce que la resistencia y el activismo de las mujeres han generado la reacción de grupos antiderechos de América Latina y Europa, que “han adoptado una nueva táctica de represión”. Esta se basa en calificar a feministas y activistas LGBTI de “impulsores de una ideología de género” que, a su entender, representa una amenaza existencial para el “matrimonio y los valores de la familia”.

Estos grupos –que generalmente tienen poder económico e incluso político– tratan de silenciar a las mujeres y a la comunidad LGBTI que defienden los derechos humanos con campañas de “advertencia” en la vía pública y en internet. Son los mismos que en Argentina usaron el pañuelo celeste en rechazo a la despenalización del aborto y tildaron a sus defensoras de “asesinas”. Los mal llamados “pro vida”. Los que en países como Perú, Argentina y también Uruguay repudian la educación sexual integral en centros educativos con el hashtag#ConMisHijosNoTeMetas.

Las redes sociales han sabido estar a su servicio. De hecho, la investigación realizada por Amnistía Internacional en 2018 –que constituye uno de los primeros estudios de esta clase sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres en internet– confirma que las redes “son al mismo tiempo una bendición y una maldición”. La organización reconoce que las plataformas son herramientas que han servido a las mujeres para denunciar situaciones de violencia o desigualdad y organizarse. Sin embargo, responsabiliza a empresas y gobiernos de haber “fallado estrepitosamente a la hora de proteger a las usuarias de una avalancha de conductas abusivas en internet”, lo que ha hecho que muchas mujeres “se autocensuren” o “abandonen definitivamente estas plataformas”. Señala en particular a Twitter. Por eso, para Amnistía Internacional, las activistas mujeres lideran una batalla “adicional”: la de defender su derecho a alzar la voz.

Todo lo que falta

Nadie puede negar que la lucha feminista fue la protagonista de 2018. Pero no es posible celebrar el auge del activismo de las mujeres sin recordar lo que impulsó e impulsa a tantas a movilizarse para reivindicar un cambio. “Los derechos de las mujeres son sistemáticamente colocados en un segundo plano con respecto a otros derechos y libertades por gobiernos que piensan que pueden limitarse a apoyarlos de palabra y, en la práctica, hacer muy poco para proteger los derechos de la mitad de la población”, afirma el secretario de Amnistía Internacional en Derechos hoy.

El ejemplo más emblemático, quizás, es el referido a la salud sexual y reproductiva. En todo el mundo, 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países en los que el aborto sigue estando estrictamente restringido y alrededor de 225 millones de mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos. El informe menciona un conjunto de políticas y leyes destinadas a subyugar y controlar a las mujeres en esta materia. Lo que pasó en Argentina y Polonia son ejemplos de que, más allá de la efervescencia social, los legisladores siguen decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres.

En Guatemala, el Parlamento analiza el proyecto de la llamada Ley para la Protección de la Vida y la Familia que, de ser aprobada, endurecería las penas por aborto, prohibiría la educación sexual en escuelas y reiteraría la prohibición del matrimonio igualitario. El Salvador mantiene la penalización del aborto en cualquier circunstancia y criminaliza a las mujeres que lo practican. Mientras tanto, en los Estados Unidos de Donald Trump los recortes a los fondos destinados a clínicas de planificación familiar han puesto en peligro la salud de millones de mujeres.

Por otra parte, una de cada diez niñas en el mundo sufre una agresión sexual antes de cumplir 20 años, mientras que sólo un tercio de los países de la UE reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación.

En otros países, mujeres de zonas afectadas por conflictos de Nigeria, Irak, Sudán del Sur y Birmania describieron a Amnistía Internacional los continuos episodios de violencia sexual que han sufrido, a menudo a manos de las fuerzas de seguridad de su propio país.

En todo el mundo, las mujeres que experimentan capas de discriminación entrecruzadas –basadas en su orientación sexual, identidad de género, etnia, raza o estatus socioeconómico-–están expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos de carácter único. En Somalia, las mujeres con discapacidad suelen ser sometidas a matrimonios forzados y a violencia en el ámbito familiar. En Canadá, las mujeres indígenas tienen seis veces más probabilidades de ser asesinadas que el resto de la población femenina.

A todo esto se suma el creciente número de femicidios, la forma más extrema de violencia de género que tomó características de epidemia, especialmente en América Latina.

Falta mucho. Pero este año puede dar revancha. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer cumple 40 años en 2019. Naidoo cree que este será “un hito importante que el mundo no puede ignorar”. El secretario general dice que si bien el documento ha sido “ampliamente adoptado”, muchos gobiernos lo hicieron con la condición de poder rechazar importantes disposiciones destinadas a garantizar libertades de las mujeres, como la de promover una política nacional dirigida a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica, o la de comprometerse a erradicar la discriminación de las mujeres en el matrimonio y las relaciones familiares. Agrega que la organización que lidera se compromete a interpelar a esos gobiernos y a respaldar los movimientos de mujeres en todo el mundo para “amplificar sus voces en toda su diversidad y luchar por el reconocimiento de todos los derechos”.

Termina con una reflexión: “En todo el mundo, las mujeres, por término medio, ganan mucho menos que los hombres en los mismos puestos, tienen un grado de estabilidad laboral muy inferior, encuentran impedimentos para acceder a la representación política por parte de quienes ejercen el poder y se enfrentan a una violencia sexual endémica que los gobiernos siguen pasando por alto. Debemos preguntarnos la razón por la que esto ocurre. Si viviéramos en un mundo en el que las víctimas de esta clase de persecución fueran los hombres, ¿se permitiría que continuaran estas injusticias?”.

Escribe: Stephanie Demirdjian en Movimientos | Foto: Mariana Greif

¿Por qué el 2018 fue tan importante para el feminismo?

El 2018 quedará en la memoria de chilenos y chilenas como el año de la irrupción pública y masiva de los feminismos. Se pensaba que éramos pocas, exageradas y pasadas de moda. Las miles de jóvenes y estudiantes demostraron lo contrario y más, denunciaron que a pesar de los discursos de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la práctica muchas viven discriminación, acoso y abuso sexual, y violencia en sus hogares, en las universidades, en los colegios, por parte de sus maridos, pololos, profesores o empleadores.

Durante el 2018, el feminismo se instaló como un actor político de transformación social que demanda la recuperación del cuerpo como territorio soberano, exige el respeto y autonomía para poder desarrollar sus potencialidades y ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones con los hombres. Logró incomodar a las élites masculinas que tuvieron que escuchar, recoger y empezar a asumir que la democracia patriarcal no es el horizonte que las feministas imaginamos y queremos.

Este año las feministas del mundo constatamos que somos muchas más de las que pensábamos, que la violencia hacia una es la violencia hacia todas, que unidas tenemos fuerza y más de la que pensábamos. El trabajo colaborativo tomo fuerza, las redes sociales y el tecno feminismo instaló consignas que se desplegaron por todo el mundo #MeToo, #YoTambién #TimesUp #YoSiTeCreo, #AbortoLegalYa y #MiraComoNosPonemos.

En 2018 las feministas dijimos ¡basta! Todo con nosotras y nada sin nosotras. Por un 2019 más feminista.

Por Lorena Fries

Comité de Expertas aprueba Ley Modelo sobre Femicidio/Feminicidio

En su 15ª Reunión que se celebró los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2018 en Washington DC, el Comité de Expertas del MESECVI aprobó la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres (Femicidio/Feminicidio), culminando un proceso que comenzó en la 6ta Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará (CEP) en octubre de 2015. El proceso de elaboración y consulta se llevó a cabo entre las propias Expertas del MESECVI, representantes de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará y otros organismos internacionales y regionales que trabajan en la materia.

La Ley Modelo sobre Femicidio/Feminicidio buscará ser una herramienta para crear o actualizar la legislación en la región y fortalecer las acciones de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación integral para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia y de patrones estereotipados de comportamiento. La Ley Modelo se basa en los principios de igualdad y no discriminación, debida diligencia del Estado, centralidad de los derechos de las víctimas, interés superior de las niñas, niños y adolescentes, autonomía de las mujeres, progresividad de los derechos humanos y prohibición de regresividad.

El Tercer Informe Hemisférico sobre Prevención establece que el femicidio es la expresión más extrema e irreversible de la violencia y discriminación contra las mujeres, radicalmente opuesto a todos los derechos y garantías establecidos en las legislaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

Red de abogadas defensoras de mujeres: por una justicia feminista

Hace algunos días nació la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres, alianza que busca garantizar el acceso a la justicia como también otorgar representación jurídica con enfoque feminista y de derechos humanos, esto con el apoyo de abogadas con un enfoque claro en estas materias.

Por Emilia Paz y Andrea Pozo 

La agrupación se oficializó el pasado 23 de octubre tras la firma de convenio entre Corporación Humanas y la Asociación de Abogadas Feministas, donde se espera otorgar asesoramiento legal a mujeres que se vean afectadas por situaciones que se encuentran en el marco legislativo, como también para aquellas que no están contempladas por el Estado.

Es por esto que, para la abogada de Corporación HumanasCamila Maturana, se requiere de abogadas feministas para evaluar estas problemáticas con el enfoque debido. “Estas dos grandes necesidades de representación jurídica para las mujeres, requiere que muchas abogadas feministas sean parte de iniciativas como estas”, afirmó.

La Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM surgió a fines de mayo bajo la idea de insertar un discurso feminista en las leyes, un mundo que consideran masculino, androcéntrico y heteronormado, por lo tanto sesgado e injusto para las mujeres.

La unión de Humanas y ABOFEM viene a brindar un apoyo sustancial a las mujeres chilenas, quienes al enfrentarse a la justicia y sus procesos, lo hacen desde una mirada patrialcal de las instituciones, así lo asegura Rossana Cañete, directora de la coordinación de ABOFEM.

“Esta alianza lo que va a hacer es acercar una defensa con enfoque feminista a las mujeres, que se vean enfrentadas ante una controversia que requiera de algún pronunciamiento judicial, y a la vez ir generando líneas estratégicas de activación que permitan, de alguna manera, ir hacia un enfoque feminista o de género en cuanto a los pronunciamientos que puedan emitir los tribunales de justicia”, indicó.

Articular para enfrentar

La justicia chilena ha dejado bastante que desear en esta materia. No hay que ir tan lejos en el tiempo para recordar el caso de Nabila Rifo, joven mujer a la cual le arrancaron sus ojos. La rebaja de la condena a Mauricio Ortega, el culpable de esta brutal agresión, en manos de cuatro hombres de la Corte Suprema se debió a que no se catalogó el delito en contra de Nabila como femicidio frustrado. A esto se suman los más de dos años sin justicia ni avances significativos en el caso de Nicole Saavedra, joven lesbiana que fue asesinada en Limache bajo un crimen de odio. Estos casos hacen de esta red una respuesta ante la violencia simbólica e institucional hacia las mujeres.

Rossana Cañete expresa que el aporte de la Red en este tipo de casos radica en fijar un piso mínimo de conocimientos en temas de género para poder proceder.

Los operadores de la justicia van a tener que tener conocimientos mínimos sobre género para poder fallar y decidir, sobre todo tratándose de que va a existir una red de abogadas que va a tener esta expertiz y que va a utilizar todas las herramientas jurídicas de orden sustantivo que existan para poder controvertir estas acusaciones”, señaló.

Es por esto que, a través de estas dos organizaciones, se harán capacitaciones constantes a las abogadas que se integren a esta red y así enfrentar estas problemáticas con estrategias feministas.

Al menos así lo señaló Camila Maturana, donde también destacó que para llevar a cabo este proyecto, es importante que abogadas que tengan una visión feminista se integren a este colectivo. “La verdad es que lo más importante es que para poder hacer realidad esta representación jurídica a mujeres con enfoque de género, feminista y de Derechos Humanos que necesitamos, es que las abogadas que tengan este mirada, esta aproximación y que estén interesadas en litigar casos se integren a la red de abogadas y sean parte de este proceso colectivo de avanzar en el acceso a la justicia para las mujeres”, finalizó.

Fuente: https://radiojgm.uchile.cl/red-de-abogadas-defensoras-de-mujeres-por-una-justicia-feminista/

La CPI: la puerta internacional para la justicia de género

Pese a todo pronóstico, y contra el Vaticano, los islamistas, diversos Estados, e incluso con la falta de apoyo por parte de algunas organizaciones de derechos humanos, el movimiento internacional feminista de la década de los años 90 logró que se incluyeran los delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), establecida el 17 de julio de 1998 en La Haya.

No fue fácil. Sin embargo, hoy es posible decir que se cumplen 20 años del primer tribunal penal internacional que reconoce delitos autónomos cometidos contra las mujeres y medidas especiales para tratar los casos de violencia sexual en los tribunales, como las reglas de procedimiento y prueba.

El objetivo de la creación de la Corte Penal Internacional era cimentar la experiencia de tribunales específicos como el de Núremberg, Ruanda o la antigua Yugoslavia. Se buscaba consolidar una Corte que velara por la defensa de los derechos humanos a nivel universal y que fuera accesible para todas las víctimas. “Entonces implicaba poner de acuerdo a muchosEstados y comprometerse con la creación de una sola corte. Un reto y un cambio en el chip de los que es proteger los derechos humanos”, explica Cecilia Barraza, exdirectora de la Corporación Humanas Colombia, y una de las mujeres que participó activamente en el lobby feminista cuando se debatía sobre el Estatuto de Roma.

El mundo se movilizaba en torno a una sola corte que pudiera tratar temas de carácter universal en materia de derechos humanos. No obstante, cuando se nombraba la palabra género, se criticaba que lo que se estaba buscando era tener un tribunal parcializado a favor de las mujeres, cuando este debía ser un tribunal para “todos los seres humanos”. El hecho de que la jurisprudencia siempre se ha visto desde la mirada de los hombres quedaba fuera de este análisis.

Hablar de la perspectiva de género en derechos humanos no era algo nuevo pero sí reciente. En la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena de 1993 se consideró la violencia de género como una forma de violación a los derechos humanos, y eso es lo que después se logra repicar en la CPI. Así mismo, ya se había establecido que Naciones Unidas debía trabajar desde este mismo enfoque.

Así fue el lobby feminista

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Fueron más de 800 organizaciones de mujeres del mundo las que se unieron en el ‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Se logró tal nivel de incidencia y de lobby que fue posible que en el texto del Estatuto de la CPI aparecieran, entre otras, palabras como mujer, género o violencia sexual que en un principio no se veían en el primer borrador del texto del Estatuto de Roma.

Lorena Frías, de la Corporación Humanas Chile y una de las mujeres que se echó al hombro la tarea de hacer lobby, relata que después de 1995, con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing y en donde se adoptan medidas en torno a temas como la violencia contra las mujeres, la activista feminista estadounidense, Rhonda Copelon, y Alda Facio, de la delegación de Costa Rica, crearon en 1996, el ‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Allí invitaron a participar a diversas feministas del mundo para articular un movimiento global de mujeres y hacer un trabajo de lobby e incidencia.

“Nos tocó un trabajo doble como feministas. Teníamos que impulsar temas universales, pero cuando era lobby para temas de género no necesariamente teníamos apoyo de algunas organizaciones de derechos humanos. No se ponían en contra, pero no había un apoyo específico para los temas de género”, cuenta Frías.

Pero además “hubo un proceso de incidencia para bloquear al Vaticano y a grupos islamistas que, como siempre, hacen alianzas para oponerse a temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Las mujeres latinoamericanas de distintos países, de Chile, Ecuador,Argentina, de México y Costa Rica, apostaron muchísimo a ese proceso”, recuerda Cecilia Barraza.

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A Cecilia y Lorena, les correspondió hacer incidencia con el representante del Vaticano. “Me tocaba introducir algunos delitos de violencia sexual como el embarazo forzado y la esterilización forzada. Él fue muy agresivo cuando supo quién era, nunca más me dirigió la mirada y nunca me contestaba las cosas que yo decía para tratar de sancionar el crimen de embarazo forzado. Nunca me miró a la cara”, recuerda Lorena Fríes.

Cuentan dos de las feministas que protagonizaron esa lucha, que el movimiento de mujeres se veía enfrentado a un primer instrumento jurídico universal, lo que les implicaba salir de su zona de confort para definir internamente una estrategia de negociación en la que se establecieran los mínimos intransables.

Tradicionalmente las organizaciones de mujeres no habían mirado estos espacios tan claramente sino que focalizaban sus esfuerzos en el Estatuto Social y Jurídico de la Mujer de la ONU. Sin embargo, la CPI era un espacio mixto que tenía un valor distinto. “Se trataba de incidir para que en el gran Estatuto quedara de manera transversal el reconocimiento delos derechos de las mujeres”, explica Barraza.

Para 1998, después de dos años de cabildeo, el movimiento feminista logra posicionar a algunas mujeres en Roma para participar en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, destinada al establecimiento de la Corte Penal Internacional. De esa forma se impulsó la lucha de las mujeres y se logró reconocer la violencia sexual y de género como prácticas que atentan contra la libertad, la integridad física y la sexualidad de las mujeres. Por primera vez son reconocidas la violación, la esclavitud sexual, la prostitución, el embarazo y la esterilización forzada, además de las persecuciones basadas en género, el tráfico de personas y la violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De hecho, en algunas circunstancias reconoce algunos de estos crímenes como formas de cometer genocidio.

Una vez instaurada la CPI, las organizaciones del Caucus iniciaron un proceso, de 1998 a 2002, para hacer pedagogía en todo el mundo y dar a conocer a las mujeres el Estatuto de Roma y que este fuera implementado en los Estados.

Otros logros

El movimiento de mujeres logró también que fueran incorporadas las reglas de procedimiento y prueba, es decir, una serie de criterios sobre protección de testigos y de víctimas para que la persona no fuera revictimizada y se puedan garantizar los derechos de las mujeres. Por otro lado, se pactan medidas de equilibrio de género frente a quienes integren la CPI.

Según señala Lorena Frías, otro de los logros fue una mayor visibilidad de la violencia sexual en cualquiera de sus formas, ya sea como delitos en medio de conflictos armados o en contextos donde no haya conflicto. Frente a esto, la exdirectora de la Corporación Humanas Colombia asevera que es necesario seguir documentando la violencia sexual, “pero habría que deslindarse del contexto del conflicto y mirar otros contextos, como el narcotráfico, los nuevos grupos armado ilegales, la explotación sexual, y así buscar otras aristas donde estos crímenes no solo ocurren en un Estado sino que se trata de crímenes transnacionales, por ejemplo como ocurre con la migración de venezolanas y venezolanos, hablando del caso colombiano”.

Para Barraza uno de los retos que sigue vigente es que no solo se incorpore la verdad y la justicia, sino que también se incluya la reparación para las mujeres víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Los retos en el caso colombiano

Una vez Colombia se adhiere el Estatuto de Roma, hay grandes aprendizajes a la hora de aplicar conceptos como el carácter sistemático y generalizado para analizar casos de violaciones a derechos humanos como los delitos de violencia sexual y el desplazamiento forzado. De ahí se empieza a ver la importancia de documentar los contextos. Organizaciones como la Corporación Humanas Colombia, empezaron a jugar un papel importante en la documentación de casos, ya que así es posible dar cuenta de la existencia de una política de generalidad o sistematicidad en la comisión de dichos crímenes.

Los criterios de la CPI se incorporan a la jurisprudencia colombiana y, en 2005, la Corte Constitucional usa los términos del Estatuto de Roma, para fallar en una tutela en el caso de una víctima de violencia sexual mediante la sentencia T-453 de 2005. Así se logra condenar a Jorge Enrique Orejarena Colmenares a 145 meses de prisión por el delito de acceso carnal violento contra la joven Sandra Liliana Orejarena Troya. Un hecho que implica todo un avance en el respeto de la intimidad de las víctimas de violencia sexual, ya que se le cree a la víctima por encima de los testimonios del victimario que buscaban poner en duda la integridad moral de Sandra.

Además, en los 15 años de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, a la cual se acogieron los grupos paramilitares en el marco de su desmovilización, no solo fue posible que se aplicaran las reglas de procedimiento y prueba de la CPI, sino que se puso en evidencia que los delitos de violencia sexual cometidos por los paramilitares fueron crímenes de lesa humanidad. Así lo estableció, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia que señaló que las graves conductas cometidas por estos grupos, como las violaciones a las mujeres, deben enmarcarse, primordialmente, dentro del contexto de crímenes de lesa humanidad, además, aseguró que estos se desarrollaron de manera generalizada y sistemática.

La jurisprudencia colombiana y la del mundo ha venido dando pasos afines a la justicia de género, pero aún son cientos los que falta dar para que se acabe la impunidad en los crímenes cometidos contra las mujeres. De ahí que las feministas que participaron en ese gran movimiento global de los años 90, coinciden en que es necesario reactivar el impulso de aquella época, tanto para mantener los avances en la CPI como para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual.

Por: Mónica Lozano

Lanzan Red de Abogadas Defensoras de Mujeres

La acción busca prestar la correcta asesoría a casos que requieran un enfoque de género.

La Asociación de Abogadas Feministas y Corporación Humanas firmó, este martes 23 de octubreel convenio que oficializa la colaboración entre ambas instituciones y crea la Red de Abogadas Defensoras de Mujeres.

La Red de Abogadas Defensoras de Mujeres se gesta a partir de la necesidad de una pertinente protección jurídica y reparación a la violación de los derechos de las mujeres.

En la oportunidad Bárbara Sepúlveda, Directora Ejecutiva de Abofem destacó la importancia de este tipo de alianzas, al respecto comentó: “Chile tiene una deuda histórica con las mujeres en materia de derechos, igualdades, oportunidades y no discriminación. Estamos convencidas de que un enfoque feminista del derecho, especialmente en la formación inicial de abogados y abogadas es necesario para disputar la visión patriarcal y androcéntrica actual”.

Para ello la Red buscará brindar una adecuada protección que incorpore un enfoque de derechos humanos y de género en las estrategias judiciales.

Sobre la Red la Directora Ejecutiva explicó: ‘ la red nos permitirá tener la coordinación y las herramientas necesarias para brindar una adecuada protección’.

Por su parte, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas comento que ‘ en sociedades patriarcales son numerosas las expresiones de violencia y discriminación que afectan a las mujeres, tanto en el espacio público, como en el espacio privado. […] Frente a la vulneración de derechos, el sistema jurídico y judicial resulta en gran medida insuficiente para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres”.

Maturana agregó que ‘Corporación Humanas y la Abofem comparten esta preocupación y han definido celebrar este convenio para la conformación de la red que permitirá la derivación de mujeres que requieran asesoría y representación jurídica y la definición de estrategias de litigio por parte de profesionales competentes.

Maturana que consideró que para que la red sea posible, no basta con la voluntad de las organizaciones que adscriben, sino con la participación y el compromiso de las abogadas. Por ello hizo un llamado a las abogadas para que se sumen al proceso colectivo, que asuman representaciones y defensas de mujeres y con ello el desafío de la capacitación y formación permanente que esto requiere.

Finalmente, Bárbara Sepúlveda puntualizó ‘ En ABOFEM estamos convencidas de que el feminismo es una forma de activismo político y no sólo fundamento teórico. Queremos decirles a los operadores del derecho que las abogadas feministas nos hemos organizado, que somos parte del movimiento social y llegamos para quedarnos.