Red Defensoras Derecho a Decidir
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El Informe Hemisférico de la Tercera Ronda de Evaluación Multilateral de la Implementación de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) presenta el estado de avance de 24 países de la región en el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas al ratificarla.
Da cuenta del los avances logrados por los Estados Parte en la implementación de la Convención de Belém do Pará, así como de los retos significativos que siguen existiendo en la región en cuanto a una respuesta oportuna, apropiada y efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres, dentro de un marco de derechos humanos.
Da cuenta del los avances logrados por los Estados Parte en la implementación de la Convención de Belém do Pará, así como de los retos significativos que siguen existiendo en la región en cuanto a una respuesta oportuna, apropiada y efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres, dentro de un marco de derechos humanos.
El informe aborda las principales consecuencias de la violencia sexual – el embarazo infantil, la mortalidad materna y los matrimonios forzados y destaca en particular la gravedad de la mortalidad materna de niñas de 10 a 14 años.
Este Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División para el Adelanto de la Mujer, tiene por objeto ayudar a los Estados y a otras partes interesadas a mejorar o a promulgar leyes que protejan a las mujeres.
En su recomendación general núm. 19 (1992) sobre la violencia contra la mujer, adoptada en su 11º período de sesiones, el Comité aclaró que la discriminación contra la mujer, tal como se define en el artículo 1 de la Convención, incluía la violencia por razón de género, que es “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y que constituía una violación de sus derechos humanos.
El presente informe analiza de forma detallada el problema del uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos.