Datos y Mapas| Las cifras que deja el aborto en 3 causales y que el nuevo proyecto de 14 semanas pretende revertir

Datos y Mapas| Las cifras que deja el aborto en 3 causales y que el nuevo proyecto de 14 semanas pretende revertir

A propósito del inicio de la tramitación del proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14, El Desconcierto desmenuza las cifras que han dejado los tres años de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sus causales y la objeción de consciencia, la principal barrera que hasta ahora ha limitado este derecho.

Han pasado apenas 15 días desde que Argentina aprobó la despenalización del aborto y en Chile el debate ya ha tomado fuerza. Este miércoles la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas empieza la discusión sobre el proyecto de ley que busca legalizar el aborto hasta la semana 14. “Me he puesto a disposición de las organizaciones feministas que han dedicado su vida a la pelea por un aborto libre y seguro para todas”, señaló la diputada (RD) Maite Orsini, presidenta de la instancia. La iniciativa, ingresada el 2018, fue patrocinada por un grupo de parlamentarias de la oposición.

El empujón de las argentinas ha servido a Chile para dar el play a una tramitación que viene a culminar los primeros pasos dados con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales (riesgo para la salud de la mujer, inviabilidad fetal y violación), aprobada en septiembre de 2017. Una norma que permitió derogar la regulación impuesta durante la dictadura, que prohibía el aborto bajo cualquier supuesto. Sin embargo, para las feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, esta ley siempre quedó corta, por circunscribirse solo a tres supuestos básicos que, además, quedaron muy restringidos. “Las tres causales son insuficientes para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, por eso preparamos una propuesta para presentar a las organizaciones feministas y parlamentarias”, explica la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana. «Con este nuevo texto se busca eliminar la sanción penal para quienes interrumpan su embarazo fuera de las tres causales y dentro de las 14 semanas», precisa.

Según cifras del Minsal, desde 2018 y hasta el 15 de octubre de 2020, período en que se ha implementado la ley IVE, se han practicado más de 2.000 abortos, en su mayoría asociados a la inviabilidad fetal (49,6%), seguido del riesgo para la salud de la mujer (32%) y la violación (18,4). La mayoría de ellos, se han producido en los establecimientos públicos de salud. Sin embargo, los porcentajes se invierten cuando las cifras se focalizan solo en los casos de niñas y adolescentes: de los 144 abortos se han realizado a menores de edad en este período, un 82,6% han sido bajo la causal de violación.

La coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, subraya que las cifras de 2020 son sensiblemente inferiores (22,8%) a la de los dos años anteriores. En 2018 se registró el 36,4% del total y en 2019 el 40,7%. En su opinión, esa disminución tiene que ver con las “barreras de acceso” que se han levantado en la implementación de la ley. “Como no hay facilidades para acceder a las tres causales, las mujeres buscan otras alternativas para interrumpir sus gestaciones”.

Entre las limitaciones de la ley que han denunciado las organizaciones feministas y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, están la falta de información a las usuarias y las deficiencias en las capacitaciones de los y las profesionales. “Estas barreras influyen en la acreditación de las causales y, si no se acreditan, la mujer no puede hacer uso de su derecho”, señala Maira, que junto con Maturana, serán de las primeras integrantes de organizaciones en exponer ante la Comisión de Mujer de la Cámara.

Objeción de consciencia amplia e «inadecuada»

Otro punto de la legislación actual que siempre fue controvertido es la protección que entrega a los equipos de salud para negarse a practicar un aborto y declararse objetores de consciencia. “Es una normativa de manga ancha con algo que debería ser una excepción y no una regla”, indica Maira.

La ley actual permite no solo que establecimientos privados de salud se definan como objetores de conciencia institucionales, sino que también amplía esta categoría a los profesionales tanto del sistema público como del privado. Rellenar un formulario basta para poder negarse a atender a una niña o una mujer que requiera un aborto bajo una de las tres causales. “La forma como está regulada la objeción de conciencia es inadecuada porque en lugar de garantizar la atención de mujeres y niñas en los establecimientos donde les corresponde, se plantea que pueda ser trasladada a otro centro que muchas veces va a estar a kilómetros de distancia y donde las mujeres no cuentan con las redes que sí tienen en su territorio”, sostiene Camila Maturana. Si no existe un sistema de turnos para asegurar la atención de las mujeres y niñas afectadas, se procede a derivarlas a otro hospital que cuente con un equipo no objetor. Para la abogada, se trata de derivaciones “sin ningún sustento en el tipo de procedimiento o la infraestructura” porque en la mayoría de los casos la IVE se lleva a cabo con medicamentos y sin requerir intervención quirúrgica, por lo que no tienen una “justificación biomédica o sanitaria”.

La mitad de obstetras son objetores

Las facilidades que permite la ley vigente ha generado una alta proporción de objetores de conciencia. Un informe publicado a finales de noviembre de 2020 por la Corporación Humanas revela que, desde la implementación de la norma,la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetores de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. En concreto, uno de cada dos obstetras que trabaja en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital, señala el documento.

El estudio, elaborado a partir de la información reportada por el Minsal y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, recoge las cifras de objetores de personal de salud de 70 recintos habilitados para implementar la Ley IVE.

De acuerdo a la información recabada por la Corporación Humanas, 27 de los 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información registran una proporción de entre el 66,7% y el 100% de obstetras objetores de conciencia del total de sus contrataciones. Los casos más preocupantes son los de los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén, cuyos médicos obstetras son todos objetores. Con un tercio de objetores del total de contrataciones (33,4% a 66,6%) y en una situación intermedia, se encuentran otros 23 hospitales públicos. Finalmente, solo 17 recintos cuentan con todos sus médicos obstetras abiertos a atender a una niña o mujer que necesita un aborto bajo alguna de las causales legales.

Desde este miércoles, la discusión volverá a colocarse al centro del debate público y, como ocurrió en Argentina, las activistas apuestan por alcanzar una despenalización social total que empuje hacia la despenalización legal. “Esperamos que el debate legislativo visibilice la negación de derechos y el impacto directo que tiene en la democracia y la justicia”, cierra Maira.

Lee aquí Moción Despenalización aborto consentido 14 semanas Boletín Legislativo Nº 12.038-34 by Meritxell Freixas on Scribd

Monitoreo implementación ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales en relación a la objeción de conciencia de funcionarios/as públicos/as de salud

En Chile, al dictarse la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en septiembre de 2017, junto con aprobarse una legislación restrictiva sobre aborto en situaciones excepcionales (riesgo vital, inviabilidad, violación), se adoptó una normativa amplia y genérica en materia de objeción de conciencia, que la permite no sólo a integrantes de los equipos de salud sino también a centros privados de salud en su calidad de instituciones. Se trata de una regulación que no resguarda el carácter estricto que dicha figura debe tener en conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos y que no cautela de manera adecuada los derechos de las mujeres y las niñas.

Con base en la normativa vigente, parte importante de los equipos de salud que se desempeñan en establecimientos públicos han podido acogerse a la objeción de conciencia para abstenerse de intervenir o participar de procedimientos médicos de interrupción voluntaria del embarazo requeridos por mujeres y niñas afectadas por alguna de las causales contempladas en la legislación. En efecto, a partir de la dictación de la ley y en adelante, la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetor/a de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. De hecho, de acuerdo a la  información reportada por el Ministerio de Salud y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, uno de cada dos obstetras que se desempeña en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital. Pese al transcurso del tiempo, esta alarmante situación no ha mejorado.

La alta proporción de funcionarios/as públicos/as que se ha acogido a la objeción de conciencia constituye una preocupación de la mayor relevancia, pues ello puede obstaculizar el respeto a las decisiones de mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales y dificultar su acceso a una prestación de salud que la legislación reconoce y protege. De ahí que para Corporación Humanas y otras organizaciones y colectivas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes, monitorear en el tiempo la implementación de la ley Nº 21.030, la realidad de la objeción de conciencia y la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país constituya una temática prioritaria, que reviste especial importancia en contexto de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 por las barreras que de ello han derivado a las atenciones en salud sexual y reproductiva y acceso al aborto legal.

Más allá de la preocupación que suscita la alta proporción de obstetras y otros/as integrantes de los equipos de salud de establecimientos públicos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto en tres causales que se declara objetor/a de conciencia, y que ello se mantenga en el tiempo, cabe señalar que dicha realidad no es homogénea a nivel nacional y que se presentan, además, particularidades territoriales que resulta necesario atender.

El reciente monitoreo llevado a cabo por Corporación Humanas permite identificar que en parte importe de los hospitales públicos –27 de 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información–, la proporción de médicos/as obstetras objetores/as de conciencia es superior a dos tercios de las contrataciones y que en cinco establecimientos la totalidad declara tal calidad, como ocurre en los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén. Además, entre los hospitales públicos en que los/as obstetras objetores/as superan los dos tercios se encuentran siete hospitales regionales, Antofagasta, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, establecimientos a los que corresponde la resolución de las necesidades de atención de la población regional. Asimismo, presentan esta elevada proporción de objetores de conciencia los hospitales Luis Tisné y Melipilla de la Región Metropolitana, Vallenar en la zona norte, y los hospitales de San Felipe, Rengo, Santa Cruz, Linares, Coronel, Lota, Cañete, Angol, Victoria, Nueva Imperial, Osorno y Castro de la zona centro y sur.

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MAPA NACIONAL MÉDICOS/AS OBSTETRAS OBJETORES DE CONCIENCIA

Tras hito argentino, feministas buscan reimpulsar la despenalización del aborto en Chile

En el Congreso Nacional ya hay al menos dos proyectos que buscan autorizar, sin causales, la interrupción del embarazo.

La norma actualmente vigente nuestro país es «sumamente limitada, y no protege a todas las mujeres», afirma la Corporación Humanas.

Tras hito argentino, feministas buscan reimpulsar la despenalización del aborto en Chile
La abogada Camila Maturana estimó que la aprobación en Argentina «pone de relieve la importancia de contar con marcos jurídicos que reconozcan y protejan nuestros derechos».

DIVERSAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS DE CHILE VEN LA APROBACIÓN DEL ABORTO LIBRE EN ARGENTINA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA REIMPULSAR EL DEBATE EN EL PAÍS, TOMANDO EN CUENTA QUE EL CONGRESO TIENE AL MENOS DOS PROYECTOS QUE BUSCAN DESPENALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO POR COMPLETO.

Una de las instituciones interesadas en que se tramiten es la Corporación Humanas, desde donde la abogada Camila Maturana estimó que la decisión del Congreso trasandino «es un tremendo avance para todas las mujeres y las niñas en la región», al tiempo que «pone de relieve la importancia de contar con marcos jurídicos que reconozcan y protejan nuestros derechos, en especial el derecho a decidir».

«En Chile, se cuenta con una ley sobre aborto en tres causales, sumamente limitada, que no protege a todas las mujeres, y consideramos que ya es tiempo de que el Parlamento debata una moción presentada en agosto del año 2018 para despenalizar la interrupción voluntaria del aborto sin causales durante las primeras 14 semanas», remarcó.

Esta iniciativa, que se encuentra hace dos años en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y fue firmada por 10 diputadas, modifica el Código Penal para señalar que, en las ocasiones en que se habla de sanciones por abortar, éstas se aplicarían solo si la interrupción del embarazo ocurre después de la semana 14.
La diputada Daniella Cicardini (PS), firmante del mencionado proyecto, dijo que «cosas que eran imposibles hasta el 2019, como el cambiar la Constitución, hoy serán una realidad. Creo que el debate que se dio en Argentina no sólo es viable, sino que es absolutamente necesario reimpulsar en nuestro país, entendiendo que hay una serie de demandas por los derechos de las mujeres que se pusieron con mucha fuerza sobre la mesa y que, a través de LasTesis, tuvieron resonancia mundial».

«Es importante volver a discutir la interrupción voluntaria del embarazado más allá de las tres causales en Chile», sostuvo la diputada Camila Vallejo (PC), también impulsora de la iniciativa.

«La lucha que han dado las mujeres feministas en Argentina es un ejemplo a seguir a nivel mundial», agregó.

Por otro lado, está el proyecto que se mantiene desde su inicio en la Comisión de Salud del Senado, ingresado por tres parlamentarias y dos parlamentarios, y aunque éste permite abortar hasta la semana 14, habla de requisitos, garantías de acceso y objeción de conciencia.

Sin embargo, la presidenta de la instancia, Carolina Goic (DC), descartó que vaya a ser revisado en lo inmediato, pues «en términos de prioridades para la discusión legislativa, hoy día estamos abocados al fortalecimiento de Fonasa, donde está el 70 por ciento de la población».

«Ahí yo espero que concentremos las energías durante el mes de enero, y por otro lado, la Ley de Fármacos II, que no puede seguir demorando más su tramitación», agregó.

De todos modos, colectivos y organizaciones de mujeres inician conversaciones para intentar promover la tramitación de estos proyectos junto a las legisladoras que ya han reivindicado sus demandas en esta materia.

DIPUTADO RN: «ES UNA NOTICIA PREOCUPANTE»

El diputado Eduardo Durán (RN) considera el hito argentino como «una noticia sin dudas triste y preocupante».

«En lugar de poner el foco en la educación para que exista una sexualidad responsable e indagar en las causas sociales de las agresiones sexuales y condenar a sus responsables, se legaliza el aborto y se condena a muerte a niños que están por nacer», aseguró el legislador, quien rechazó el proyecto de ley de educación sexual integral (ESI)en octubre pasado.

«Es de esperar que en nuestro país esto (la legalización del aborto) nunca pase. Los que no estamos de acuerdo estaríamos financiando con nuestros impuestos ese aborto», afirmó el hijo del obispo evangélico Eduardo Durán.

 

El caso de Camila, una niña indígena abusada sexualmente que enfrentó un embarazo forzado, llega al Comité de Derechos del Niño de la ONU

  • Es la primera vez que un caso de abuso sexual a una niña peruana es presentado a esta instancia internacional, de la mano de Promsex.
  • El Estado peruano ya ha sido sancionado en dos ocasiones anteriores en otros Comités de la ONU por haberse negado a brindar información y acceso al aborto terapéutico a dos niñas que lo solicitaron.

Camila vivía en una zona rural del Perú junto a su padre, un trabajador del campo y su madre, una persona quechuahablante con una discapacidad severa. Cuando tenía trece años, su padre abusó sexualmente de ella y quedó embarazada. Ante las autoridades policiales, Camila reveló que su padre la había estado violando durante al menos cuatro años. La Fiscalía ordenó la detención preliminar de su agresor y en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua.

En el 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 1303 nacimientos de madres menores de 15 años. Las niñas entre 10 y 14 años tienen 4 veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta (SIS). Un estudio regional de Planned Parenthood Global señaló que el 24% de niñas entre 9 y 14 años que pasaron por un embarazo forzado había tenido complicaciones alrededor del momento del parto, como hemorragias e infecciones.

Persecución injustificada

Preocupada por la salud de Camila, su madre solicitó la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto terapéutico es un procedimiento médico legal en el Perú desde 1924 y se aplica en casos que la vida o la salud de la gestante se encuentra en riesgo. De acuerdo con la guía que establece pautas para la atención de estos casos, la respuesta debió llegar en seis días como máximo. Sin embargo, el hospital nunca le informó que tenía el derecho de interrumpir su embarazo y peor aún, nunca respondió a la solicitud. Inclusive, condicionó el servicio a la presentación de un informe médico y de una ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.

Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales. Este hecho aumentó la presión social sobre Camila, ya que vecinos de su comunidad preguntaban por lo sucedido y realizaban comentarios humillantes sobre su comportamiento.

Luego del aborto espontáneo sufrido por Camila, la representante del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido y, basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, decidió denunciarla por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes. A pesar de que el agresor había reconocido su responsabilidad, Camila pasó de víctima a victimaria, siendo ella la investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema de justicia.

#JusticiaParaCamila

Así como a Camila, a miles de niñas violadas se les impone un embarazo y maternidad forzadas que ponen en riesgo su vida y su salud física, mental y emocional, afectando de ese modo sus posibilidades de un futuro en el que pueda desarrollarse y lograr sus sueños.

“El caso de Camila es un patrón del Estado. Esas falencias son una serie de vulneraciones horribles que no solo ha vivido Camila. A pesar de que al Perú se le ha recomendado aplicar la normativa en el tema de aborto, esperamos que el Estado aplique un enfoque de niñez e interculturalidad, sobre todo para víctimas de violencia sexual. Ellas necesitan una atención eficaz, de calidad y rápida, no una persecución penal ni más violencia”, explicó Claudia Castro, abogada y asesora del área de Litigio Estratégico de Promsex.

Promsex asumió la defensa de Camila e inició una serie de procesos judiciales y administrativos que lograron que quede libre de la persecución en su contra. Agotados los recursos judiciales internos, el caso llega al Comité de los Derechos del Niño de la ONU de la mano de Promsex, Planned Parenthood Global y con el respaldo del Centro de Derechos Reproductivos y el movimiento #NiñasNoMadres. Camila busca justicia para que ninguna niña, en Perú o América Latina, tenga que vivir de nuevo esta situación y que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar lineamientos que garanticen la atención integral de las niñas en situación de embarazo producto de violencia sexual.

“Lo sucedido en el caso Camila es solo una muestra de cómo, a pesar de que el Estado ya ha sido interpelado por instancias internacionales en casos similares como el de L.C., hasta hoy sigue sin establecer estándares judiciales y de salud adecuados, para que las niñas no sean revictimizadas cuando son víctimas de violencia sexual y necesitan acceder a servicios de salud que puedan garantizarles su derecho a una adecuada atención, en el marco de la Guía de atención del protocolo de aborto terapéutico. El Estado sigue teniendo una deuda pendiente con todas ellas”, señala Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex.

Lima, 12 de octubre del 2020

#JusticiaParaCamila

#NiñasNoMadres

Publicado por Clacai

28 de septiembre: Día de la acción global por el aborto legal

Este 28 de septiembre es un día significativo para las mujeres de América Latina y Chile, además de conmemorar el día de la acción global por el aborto legal, también se cumplen 3 años desde la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de este contexto, en Nada Sin Nosotras, conversamos con Andrea Álvarez, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e integrante de la mesa de acción por el aborto y Camila Maturana abogada feminista de Corporación Humanas, para analizar que está pasando con el aborto en nuestro país.

Tras 3 años de la implementación de la ley de interrupción del embarazo, Chile sigue enfrentando dificultades para asegurar a todas las mujeres el acceso a decidir por nuestro cuerpo. Este proceso que ya cumple 3 años ha dejado enseñanzas, experiencias y desafíos para lograr un aborto seguro, gratuito, legal y libre.

Frente a este escenario, Andrea Álvarez manifestó que existe una responsabilidad de las autoridades de salud en la información a la que acceden las mujeres sobre este ley: “hay una dificultad en el acceso a la información, en que todas las mujeres del territorio nacional sepan que pueden acceder a este ley y que además en la tercera causal, que es la causal de violación, tiene plazos muy acotados y eso es algo no menor (…) entonces contar con la información debe ser algo clave de esta política de salud”.

Asimismo, Camila Maturana agregó que “el Estado sigue en deuda, se ha saldado sólo un parte con la ley de tres causales, pero finalmente la propuesta del Estado de Chile sigue siendo que las mujeres que interrumpen un embarazo deben ir a la cárcel, lo que es completamente retrógrado y está en retirada en el mundo porque la marea verde no solamente está en nuestro país, la marea verde está en el mundo”.

Respecto al aborto en tiempos de pandemia, las invitadas manifestaron su preocupación sobre el manejo que han tenido las autoridades de salud para asegurar a las mujeres el acceso a la interrupción del embarazo. En este sentido las causales de riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto han mostrado una disminución de los casos respecto al año 2019.

Al respecto Camila Maturana expresó que “la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva ha sido una de las graves consecuencias que ha tenido esta pandemia para nosotras. El retraso en la difusión sobre el derecho a decidir de nosotras las mujeres también”.

Finalmente, Andrea Álvarez destacó la oportunidad que tenemos las mujeres de ser parte del proceso constituyente para asegurar el derecho de todas a la salud sexual y reproductiva. “El derecho al aborto, los derechos sexuales y reproductivos son parte del derecho a la salud y ese derecho no está recogido en nuestra Constitución y esa es una falta desastrosa que tiene consecuencias en tantos niveles en la vida de nosotras las mujeres que no puede ser que dejemos pasar la oportunidad de participar en un proceso constituyente”.