Camila Maturana, abogada Corporación Humanas: “Las candidaturas presidenciales tienen que tener una opinión, una posición, una propuesta de cómo se va a regular, garantizar y proteger la salud y la vida de las mujeres, las niñas y de las personas con capacidad de gestar”

 

El próximo martes 14 de septiembre se cumplen cuatro años de la promulgación de la Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Cuatro años de marchas, procesos legislativos y debate, cuyo abordaje ha marcado diferencias entre los distintos sectores políticos de cara a las  elecciones presidenciales y parlamentarias que se aproximan en noviembre próximo.

“Es un tema de políticas públicas, ¿cierto?,” comenta Camila Maturana, abogada feminista de Corporación Humanas, en conversación con el Observatorio Género y Equidad al ser consultada sobre la instalación que ha tenido, desde 2017, la discusión del aborto en Chile luego de la despenalización en tres  causales. Hecho que cambió el paradigma y posicionó la discusión en torno a los  derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Las candidaturas  presidenciales tienen que tener una opinión, posición, propuesta de cómo se va a regular para garantizar y proteger la salud y la vida de las mujeres y las niñas y las personas con capacidad de gestar”, remarca  la abogada.

Debate que, según anticipa, se llevará a cabo en la antesala del debate legislativo que se está desarrollado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto, puntualmente, respecto a la votación del  proyecto que protegerá a personas con capacidad de gestar en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Moción que fue discutida el miércoles 1 de septiembre y que obtuvo  82 votos a favor, 48 en contra  y seis  abstenciones.

 

 

“Se va a dar en plena campaña para la reelección, ya sea para quienes van a la reelección como diputadas y diputados, o para quienes quieran ir al Senado. Eso es importante, porque la ciudadanía puede conocer qué es lo que piensan y qué es lo que va hacer el candidato o la candidata; cómo se posiciona respecto de los derechos de las mujeres y las niñas. Si legisla en base a las obligaciones que el Estado de Chile tiene en materia de derechos humanos, a lo que dicen los tratados internacionales, o legisla de acuerdo a sus condiciones personales”, reflexiona Maturana.

Según plantea, las y los chilenos no han tenido la oportunidad de conocer a quiénes piensan que las mujeres deben seguir siendo encarceladas, o en otras palabras, abortar bajo la amenaza del castigo penal, y quiénes piensan que las mujeres deben ser protegidas, y que la decisión de interrumpir el embarazo no sea impuesta a través del Código Penal.”

Seguir ese camino permitiría “avanzar un paso más allá, lo que implica dar garantía en la atención de salud para evitar que se continúe reproduciendo la desigualdad entre las mujeres, porque “si no está despenalizado y eres una mujer migrante o una adolescente migrante, no podrás acceder a un aborto seguro y en un entorno digno y protegido”

Aborto, la deuda de la política chilena

Con más de 20 años en organizaciones feministas y participando activamente desde entonces en la discusión del aborto en Chile , Camila Maturana, abogada feminista de Corporación Humanas, recuerda con gran entusiasmo lo que fue el inicio de un camino de lucha por posicionar y visibilizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

Comenzó trabajando en la Casa de la Mujer de Valparaíso una línea de trabajo sobre maternidad voluntaria, paralelamente participó en Kaleitas, colectiva feminista, y en el Foro Red de Salud y Delitos Sexuales y Reproductivos. Esta última, según comenta, fue una organización sumamente importante en la discusión de aborto en los 90.

En ese entonces, recuerda Maturana, se derogó el aborto terapéutico y comenzó la reinstalación del parlamento elegido democráticamente. “Las feministas ingenuamente pensamos que una de las primeras medidas que el parlamento iba a tomar, era cambiar esa ley que acababa de aprobar la dictadura para impedir a las mujeres su derecho a la salud. Y bueno, se presentaron proyectos de ley por parlamentarias feministas”.

Reflexiones que también rememoran manifestaciones en las que participaba junto a otras feminista de Valparaíso, sagradamente el último viernes de cada mes. “Por supuesto, que hacíamos muchas actividades callejeras, íbamos al Congreso con pancartas y nunca, ningún medio cubría lo que nosotras hacíamos”.

En ese entonces, describe, las demandas feministas por el aborto y todos las temáticas que derivan de este en el marco del derecho sexuales y reproductivos, se tradujeron en levantar un trabajo que permitiese modificar las legislaciones y abolir su criminalización del Código Penal; demanda que se mantiene hasta hoy.

Luego de la incorporación y escalada del aborto en la agenda pública como una violación a los derechos humanos, se  instaló en el debate la criminalización, el maltrato y los problemas que traían las denuncias contra las mujeres en los hospitales. Desde entonces “los partidos políticos mantienen una deuda en esta materia que incluso empieza a ser representada y reprochada por organismos de Naciones Unidas a Chile”, relata Maturana.

Posteriormente, en 2017,  con la ley circunscrita a tres casuales,  se plantean varios problemas. El principal: “No reconocer a las mujeres y las niñas como sujetas plenas de derechos. Sólo se garantiza la atención de salud cuando se trata de estas tres causales; muy específicas y acotadas. Todas las otras mujeres que necesitan o deciden abortar fuera de las tres causales, siguen estando forzadas a interrumpir su embarazo en condiciones de ilegalidad y de clandestinidad. Además, esta ley instaura esta figura de la objeción de conciencia”, explica Camila Maturana.

La abogada recuerda que al inicio del debate en torno a las tres causales y como feministas, algunas apoyaron la iniciativa a pesar de no estar de acuerdo con la proyección de la normativa implementada porque “consideramos que era un paso necesario para salir de esta situación de criminalización total”.

 

 

Así, Camila Maturana cuenta que desde Corporación Humanas elaboraron una propuesta de ley sobre despenalización dentro de las primeras 14 semanas. La iniciativa fue presentada a otras organizaciones feministas quienes apoyan el documento, y finalmente, fue entregada a las parlamentarias feministas.

Durante el 2018,  se comenzaron a reunir los apoyos entre las y los parlamentarios, socializando el proyecto y discutiendo el contenido. Era una moción bien simple: modificar el Código Penal para que el aborto no sea delito.

En ese entonces, el escenario era más bien complejo. Las movilizaciones tras el mayo feminista recién habían comenzado a tomar vuelo y la posibilidad de modificar la Constitución para instalarlo como dentro del debate constituyente , parecía una opción más bien lejana. “Como estamos en un gobierno conservador, opositor a los derechos sexuales y reproductivos, sabíamos que no había ninguna posibilidad de que apoyaran la iniciativa. Por lo tanto, no podíamos pensar en que ese era un proyecto que estableciera garantías de atención, porque estas implican un financiamiento y un gasto público que sólo puede presentar en el Ejecutivo”, detalla Maturana.

“Presentamos este proyecto, muy acotado, sin duda. No es una propuesta feminista que garantice la atención de las mujeres, porque si tú despenalizas, finalmente se mantienen inalteradas prácticamente las desigualdades estructurales entre las mujeres, porque las mujeres no abortamos en las mismas condiciones, la ilegalidad o la falta de garantía de atención de salud, perjudica y afecta de manera mucho más grave a mujeres pobres, jóvenes y niñas, pobres y migrantes, principalmente”.

El proyecto tocó puerto y fue presentado junto a varias mujeres que marcaron presencia dentro del parlamento. Cada una con su pañuelo verde colgado en el cuello y otros que fueron instalados en los pasillos de la Cámara de Diputados, “¡ fue hermoso!”, recuerda Maturana. “Y ahí quedó”, dice inmediatamente.

“La Comisión de la Mujer recién estaba creada –en el 2018–, había muchos proyectos pendientes, urgentes, que generaban más apoyo que este. Las diputadas decidieron dejarlo para más adelante y avanzar en iniciativas que tenían apoyo transversal, que no era el caso lógicamente la despenalización”, explica.

Criminalización del aborto en Chile

En enero 2021, a partir de la aprobación en Argentina de la ley de aborto, cuenta que las diputadas vuelven a poner en discusión el proyecto que incorpora la despenalización dentro de las primeras 14 semanas. “Sabiendo que no tenía apoyo transversal. En esa discusión en la Comisión de la Mujer, que tuvo lugar hasta el lunes 9 de agosto, se recibieron en sucesivas ocasiones a organizaciones a favor y en contra de la moción.  Sin embargo, al momento de la votación, quedó en evidencia que no sólo las diputadas oficialistas no apoyaban este proyecto, sino también las diputadas de la Democracia Cristiana, que era algo esperado”.

Camila Maturana plantea que “es difícil entender cómo las diputadas pueden decir ‘yo no estoy de acuerdo’, no encuentro justo que una mujer vaya a la cárcel por abortar, pero que aún así voten en contra de una ley que permitiría que las mujeres no sufran la amenaza del castigo penal. Es una contradicción, porque si tú votas en contra de despenalizar lo que estás diciendo, es que ¡esto es lo que corresponde’, que las mujeres vayan presas”.

La criminalización de las mujeres es una realidad.  Un hecho conocido, abierto y público. “Gendarmería dijo que no había ninguna mujer condenada por aborto, pero resulta que si tú miras las cifras del Ministerio Público, desde el 2010 hasta el 2020, es decir en los últimos 11 años, tienes en promedio más de 170 mujeres ingresadas al Ministerio Público por delito de aborto fuera de las tres causales. La criminalización existe, y cómo esas cifras no están desagregadas, no sabemos a quién impacta directamente. Esto quiere decir que la actual ley no soluciona el problema porque siguen existiendo denuncias, casos nuevos investigados”.

Así, la ruta de la criminalización, comenta, se inicia desde el momento en que surgen las complicaciones, en que es necesaria la atención médica y en el momento en que se instala el temor por ir al hospital; miedo al maltrato y a la denuncia. “Los equipos de salud permiten que la policía entre a tomarles declaración estando hospitalizadas. Hay mujeres que son atendidas engrilladas para que no se escapen porque están bajo una investigación penal. En otros casos, cuando no van presas, tienen que dar declaraciones. Hay mujeres que viven en la incertidumbre de si  serán condenada o si finalmente su caso se va a  archivar, qué es lo que ocurre la mayoría de las veces”.

Según lo establecido por Naciones Unidas, los estados no deben penalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo porque la criminalización incrementa los riesgos para la salud y la vida de las mujeres. En este sentido, Camila Maturana insiste que el impulso y la visibilización que ha tenido el aborto en Chile ha marcado pauta, transformándolo en un tema que va más allá de lo valórico.

Derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución

En atención al abordaje que tendrán los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y para todas las personas, Camila Maturana es tajante: “Deben plantearse sin discriminación de ejercer la sexualidad plena como fuente de desarrollo personal, y elegir y adoptar decisiones en materia de reproducción, que evidentemente,  involucran a las disidencias sexuales y afectan, principalmente, a las mujeres, ante la falta de protección a estos derechos”.

 

 

En esa misma línea, Maturana agrega: “Esperamos que las y los constituyentes tengan un compromiso con los derechos humanos, así lo han manifestado, que apoyen los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución. Desde la plataforma Nada Sin Nosotras, hicimos un mapa (Zoom Constitucional) en que revisamos los programas de candidaturas de los 155 constituyentes electos, y el 45% tiene compromisos expresos con derechos sexuales y reproductivos. Necesitamos una Constitución que reconozca expresamente la autonomía de las personas para decidir respecto de su cuerpo, su sexualidad y su reproducción a todas las personas, incluyendo a  mujeres, adolescentes, niñas, disidencias sexuales y otros colectivos vulnerabilizados”.

Por Fernanda Robles, periodista del Observatorio de Género y Equidad

A cuatro años del aborto en tres causales: “Quienes van de candidatos(as) deben decidir de qué lado están”

A cuatro años del aborto en tres causales: “Quienes van de candidatos(as) deben decidir de qué lado están»

 

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, y la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, conversaron con El Mostrador Braga sobre los cuatro años desde la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los procesos legislativos y el debate que ha generado en los sectores políticos de cara al nuevo proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias. Para las expertas es vital evidenciar los trabajos políticos que se han realizado desde la vuelta a la democracia, la penalización del aborto en dictadura y la poca preocupación de los sectores políticos en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. En este sentido, Maturana considera que se viene un buen pronóstico por delante, puesto que, sea a través de un(a) Presidente(a) o de la Convención Constitucional, tras el estallido social “los tomadores de decisiones ya no pueden ignorar los requerimientos de la ciudadanía”.

El aborto ha sido un punto de división social desde los orígenes del país y uno de los ejes de los conflictos políticos entre distintos sectores. Ya era condenado en el Código Penal de 1874 por la influencia española, hecho que solo cambió 57 años después, en 1931, cuando se despenalizó el terapéutico. Este avance retrocedió en dictadura, y luego avanzó con creces en 2017 con la despenalización en tres causales y el cambio de paradigma socio-cultural respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A partir de entonces, es que la discusión por un aborto libre se instala como algo más tangible.

Actualmente, con la nueva Constitución y las elecciones presidenciales en la mira, el debate por el aborto despenalizado y bajo ninguna causal, ha tomado la agenda de los programas gubernamentales y políticos. Si bien es una demanda que proviene de décadas, se retomó con fuerza en la opinión pública durante el estallido social.

En este sentido, tanto para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, como para la abogada y encargada de incidencia legislativa de Corporación Humanas, Camila Maturana, ha existido una dualidad en los sectores políticos, especialmente en los de “centro”, sin embargo, ambas coinciden en que alejarse de esta demanda feminista histórica, es considerarse un partido que está “en contra de los derechos de las mujeres”. Para las especialistas, “siempre fue difícil que los sectores de derecha y centro aceptaran el aborto en tres causales, especialmente la tercera causal de violación”, puntualiza Casas.

Para Maturana, la discusión ha ido cambiando el tono y es eso lo que la diferencia de hablarlo en 2021 que en 1990. Cada vez se ve menos como una muestra valórica, y más se advierte desde un derecho humano, y eso lo han comprendido ciertos sectores políticos. “En la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, el debate de las tres causales permitió plantear la conversación social”, sostiene.

En noviembre de este año habrá elecciones presidenciales y parlamentarias, y el derecho al aborto no ha estado exento de polémicas. El candidato presidencial por la alianza Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha expuesto abiertamente su apoyo a la despenalización total, al igual que la libre autonomía de decidir.

Caso contrario ocurre con los candidatos de derecha, ya sea la coalición Chile Podemos + o el Partido Republicano, donde Sebastián Sichel y José Antonio Kast, respectivamente, se oponen a su legalización. Para Sichel, las tres causales son suficientes para acceder al aborto, “mantendría las cosas tal como están”, en cambio Kast recurre a la oposición total de la legalización.

Por otro lado, la apuesta de Unidad Constituyente (ex Concertación), Yasna Provoste, ha tenido una posición dual. Si bien ella ha manifestado estar a favor, su partido (DC) se ha mostrado contrario a la despenalización y a su legalización.  

“Quienes van de candidatos(as) deben decir desde qué lado están, si desde los derechos de las mujeres y las niñas, para cumplir las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado al firmar los tratados, o si quieren defender sus propias convicciones morales y religiosas, incluso imponiéndolas a otros a través de la ley o de ‘mi cargo de representante ciudadano’. Es muy importante dejarlo en evidencia”, plantea Maturana.

Para Casas, el aborto no es una temática que la derecha considerará, ya que “históricamente han estado en contra de los derechos de las mujeres”, pero pone énfasis en la diferencia de opinión que genera esta discusión al interior de Unidad Constituyente y su candidata.

“Ella (Yasna Provoste) como candidata tiene que mostrar un paso más allá de su coalición, sin embargo, va a tener que enfrentarse a su propio sector, donde no necesariamente va a contar con los votos. Eso le pasó a la Presidenta Bachelet, donde no solo los detractores estaban en la oposición, sino que también en su propio Gobierno”.

Por otro lado, Boric tiene una postura mucho más clara. “Si fuéramos los hombres quienes nos embarazáramos sin desearlo (incluso ante la violencia de una violación), el aborto en Chile hace mucho tiempo sería legal”, ha opinado en debates parlamentarios acerca de la temática. Sin embargo, se le ha criticado por su postura y votación en proyectos defendidos por la derecha, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos, como la Ley Antibarricadas, una ley que para el excandidato presidencial Daniel Jadue es la causa de que “hoy día tengamos muchos presos políticos del estallido social”.

El cambio de paradigma

Cuando se habla de aborto, sobre todo desde la comunidad internacional, se hace desde una perspectiva de derechos humanos, eso es una novedad respecto de lo que fueron los debates antes, porque el aborto ya no se ve desde el punto de vista valórico. Para Maturana, en la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, la aprobación de las tres causales permitió plantear la conversación social, y que en las casas, en las onces, se hablara de los abortos, “porque las mujeres abortamos con o sin ley, siempre a lo largo de la historia, pero las condiciones son muy distintas cuando es ilegal, al hacerlo en la clandestinidad acarreas mucho estigma”, expresa.

Eso importa mucho en la discusión legislativa. Para la abogada, entregarle a una mujer autonomía para decidir sobre su vida cambia a una sociedad, la historia lo ha demostrado con la pastilla de emergencia y con los anticonceptivos, y por eso es que hay sectores conservadores que, al ver que desde lo moral y lo valórico “ya no resulta”, entonces buscan “tener un argumento para que esa opresión en el Código Penal no sea explícita, hay que darle otra apariencia, como ‘la protección de la vida’, por ejemplo, porque no puedes decir ‘no queremos que las mujeres sean libres’”, analiza.

Todo esto considerando que estamos en un contexto país donde se está discutiendo la nueva Constitución, para Casas y Maturana, en ella se va a hablar de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo porque “es un espacio mucho más representativo de las distintas sensibilidades, valores que la ciudadanía tiene. La composición de la Convención representa mucho mejor a la ciudadanía chilena que el Parlamento”. 

Si bien apenas un 4,5% de los programas de las y los constituyentes incluyen propuestas explícitas respecto al derecho al aborto, según concluye un informe del Observatorio Nueva Constitución, el 65,1% incluye demandas feministas o pro-mujer en sus propuestas. Del total, el 57,4% tiene un perfil feminista y el 7,7% se pronuncia respecto a propuestas pro-mujer.

A pesar de las dificultades sociales y políticas que se presentan respecto a esta problemática, la abogada Maturana considera que hay un futuro prometedor, y que el cambio se dará sí o sí, sea a través de un nuevo Presidente o nueva Presidenta, o a través de la Convención Constitucional.

“Yo lo veo todo muy positivo, considerando el tiempo transcurrido y las posiciones rígidas que estos actores han tenido en el tiempo, estamos en un momento en donde las demandas feministas en Chile y el mundo se han encalado con mucha fuerza, dando cuenta de una legitimidad social muy importante que hace unos años no era reconocida por los tomadores de decisiones, y hoy, en pleno proceso constituyente, en el marco de un estallido social que se mantiene, de un malestar social por una falta en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas, es mucho más difícil para los tomadores decisiones oponerse a las demandas y a los estatutos establecidos por los organismos internacionales”, indica.

¿Qué pasa con el aborto desde la aprobación de las tres causales?

A pocos días de cumplirse cuatro años de la promulgación de la Ley 21.030, que legaliza el aborto en tres causales, se han realizo más de dos mil interrupciones del embarazo desde 2018 hasta la actualidad. Tres causales que, para muchas organizaciones sociales, no son suficientes para ejercer el derecho de soberanía de los cuerpos.

El jueves 14 de septiembre de 2017 fue promulgada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si bien las causales fueron un avance en la salud pública, los lemas de “no bastan tres causales” o “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, comenzaron a tomar fuerza debido a la no protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.

A pocos días de ese jueves 14 de septiembre, el médico Gonzalo Rubio, primera persona que realizó un aborto legal en Chile –a una menor proveniente de Chiloé–, cuestionó la poca preparación del personal de salud, además de la poca información que el Estado entrega a la ciudadanía. Asimismo, argumentó que “es necesario que la formación académica de los médicos profundice en las medidas anticonceptivas e interrupciones de los embarazos y consideren un enfoque de género en el que se respeten los derechos de las mujeres”. 

Bajo los últimos meses del Gobierno de Bachelet, su equipo se aseguró de iniciar capacitaciones en técnicas de vaciamiento uterino, sin embargo, esa capacitación cesó a partir de la llegada del Presidente Sebastián Piñera. “Ahora, solo un 29% de aquellos que trabajan en equipos médicos están capacitados”, indica la experta en Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas.

Las tres causales en cifras

La Ley 21.030 contempla las siguientes causas:

1. Que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Este tipo de aborto puede ocurrir durante toda la gestación.

2. Que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida. Al igual que la causal anterior, no tiene límite de temporalidad.

3. Que señala que, si hubo delito de violación, el aborto se puede realizar hasta la semana 12 de gestación. Si esto ocurre en una menor de 14 años, puede ser hasta las 14 semanas.

De acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dentro de la causal 1 se han realizado 797 IVE en cuatro años, es decir, un 31,2% del total. Si se desglosa desde 2018, año en que comenzó a contabilizarse esta intervención médica, hubo 262 en todo el territorio nacional y durante este año, hasta el mes de junio, se contabilizaron 108 casos.

Respecto de la causal 2, hubo 346 casos en 2018 y 192 hasta junio de 2021. Por otro lado, la causal 3, la que genera más conflictos entre los grupos conservadores y algunos políticos, ha sido la que posee menor cantidad de casos. En 2018 hubo 124, y en 2021, hasta junio, solo 48.

Para la abogada Lidia Casas, la tercera causal tiene bajos números de aborto debido a varios factores. Uno de ellos es la limitante temporal (12 o 14 semanas), a diferencia de las otras causales, que puede ser en todo el periodo gestacional. Además, agrega que no se sabe el número exacto de niñas y mujeres que acceden a esta causal porque están fuera de plazo.

El segundo punto, explica, es que existe un “prejuicio de la agresión sexual”, es decir, en las dos primeras causales está presente la base médica, donde hay un diagnóstico, sin embargo, en el caso de una violación, este no está presente y solo depende del relato de la niña y/o mujer.

“Si a las mujeres no les creemos y hay una serie de prejuicios que están en la base sobre la violencia sexual, tendremos problemas con esa causal. Además se cruzan con otro tipo de prejuicios en los prestadores de salud (…). En otros estudios se revelan que hay 264 nacimientos con niñas menores de 14 años, entonces, cuando hablamos de esto, inmediatamente estamos en una hipótesis de violación, así la ley lo establece. La pregunta es: a esas 264 niñas, ¿alguna vez se les ofreció la posibilidad de interrumpir ese embarazo? Nosotras creemos que no”, enfatiza la especialista.

Gráfico nº1: Totalidad de abortos en tres casuales periodo 2018-2021

 

Fuente: Minsal

 

Gráficos nº2:  Abortos por región en los cuatro años 

 

Fuente: Minsal

 

Gráfico nº3: Abortos realizados en centros de salud público v/s privados 

 

Fuente: Minsal

 

Con respecto al gráfico número tres, Casas comenta que deben realizar más abortos en centros de salud privados, solo que no se informan al Ministerio Público. “También sucede que mujeres que no encuentran satisfacción en clínicas privadas, terminan en el sistema público”, ejemplo de ello es el caso del Hospital San José, quienes recibían a mujeres de distintas regiones del país y de clínicas privadas, para asistirlas en las tres causales. Esto se debe a que las clínicas privadas no quisieron “hacerse cargo” de esta situación.

Las clínicas que han declarado abiertamente objeción de conciencia institucional son: Clínica de la Universidad de los Andes, Hospital Clínico Universidad Católica, Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital de Panguipulli, Hospital de Pucón, Clínica Adventista Los Ángeles y la Clínica Indisa, bajo la tercera causal.

Casas considera que la causal 1 se niega realizar a pesar de que la vida de una mujer esté en peligro, por lo que es contradictorio por parte de las médicas y los médicos que ejercen la objeción de conciencia. 

Según la investigación “Monitoreo Interrupción Voluntaria del Embarazo, agravado por la pandemia del Covid – 19”, de la Corporación Miles, los médicos obstetras son quienes presentan mayor cantidad de objetores para todas las causales: 19,92% para la causal riesgo de vida para la madre, 27,42% para inviabilidad fetal y 46,72% para violación.

Finalmente, para ambas especialistas, es de vital importancia revisar la objeción de conciencia, puesto que significaría que el derecho humano de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no se está respetando.

(*) El Mapa de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales 2018-2021 es un informe interactivo de Data Intelligence con datos obtenidos desde El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), por medio del portal de “datos abiertos” en deis.minsal.cl buscando con palabra clave “IVE”. Este Mapa contiene información hasta junio 2021. Debido a que DEIS realiza actualización cada 3 meses.

usticia de género y acceso a la salud: lo que hay detrás del proyecto de despenalización del aborto

La iniciativa busca dejar atrás la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de criterios de plazos y no solo de causales, como lo dispone la legislación actual. “No es aborto legal, porque para que lo sea el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso” explica la diputada Marcela Sandoval.

maternidad deseada

 

Fue en 2018 cuando las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola  (PC), Camila Rojas, Claudia Mix (Comunes), Maite Orsini , Catalina Pérez (RD), Natalia Castillo (Ind.), Gael Yeomans (CS),  Daniela Ciccardini , Emilia Nuyado (PS),  Cristina Girardi (PPD) y  la ahora senadora Loreto Carvajal (PPD) presentaron  una moción que busca  modificar el Código Penal y despenalizar así la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

Segundo Monitoreo Social: Los obstáculos al aborto legal y el déficit en salud sexual y reproductiva se agravan durante la pandemia

“Nos sentimos postergadas”. Esta frase resume de forma significativa las muchas conversaciones sostenidas, tanto con usuarias como con funcionarias del sistema público de Salud en el segundo monitoreo social a la ley de interrupción del embarazo (IVE) en tres causales y el acceso a salud sexual y reproductiva.

Es la segunda vez que la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia realizan este ejercicio de fiscalización ciudadana. Esta vez, se realizó junto a seis organizaciones en distintas localidades: Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle en la región de Coquimbo, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y Colectiva Las Furias de Ancud en la región de los Lagos. 

El primer monitoreo fue en 2019, a poco más de un año de implementada la ley, y develó la ausencia de información sobre la ley a las mujeres y la comunidad; una preocupante falta de información y capacitación del propio personal de salud; la objeción de conciencia como un obstáculo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; y, finalmente, la afectación del derecho de decisión de quienes estuvieran enfrentando un embarazo en alguna de las causales permitidas por ley.

En esta oportunidad nos propusimos monitorear lo que ocurrió con la atención de salud sexual y reproductiva (SSR) y el acceso al aborto legal durante el pandémico 2020. Es entendible que la crisis requiriera una serie de adecuaciones para responder a la emergencia y disminuir las situaciones de riesgo de contagio para pacientes y personal de salud, pero el monitoreo arroja una opinión bastante generalizada entre usuarias y equipos, en que en los primeros meses hubo bastante caos, sin información clara para las usuarias, pero tampoco de directrices adecuadas desde las autoridades para los propios centros de atención. 

De hecho, recién en junio de 2020 se conocen las orientaciones para el manejo de casos COVID en gestantes, donde se indica que en situación de riesgo vital materno se puede constituir la primera causal en el embarazo de mujeres con COVID positivo y con patologías respiratorias severas, y en octubre se adoptan las orientaciones técnicas de continuidad de atención en SSR en el contexto de la pandemia.

Los resultados muestran que, en los seis territorios monitoreados, la realización de interrupciones voluntarias del embarazo se mantuvo durante la pandemia, pero los problemas y obstáculos identificados en el monitoreo de 2019 no se han superado, y en algunos casos se han producido retrocesos en la atención. 

Es grave la ausencia de información sobre el aborto legal, sobre todo cuando se conoce del aumento de la violencia y la violencia sexual al interior de las familias contra mujeres y niñas en los peores meses de la pandemia. En las entrevistas, las mujeres dicen haber conocido de las tres causales por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios, y no como resultado de la difusión de una política de salud. 

En la red asistencial, la objeción de conciencia se mantiene como una barrera para acceder al aborto legal, así como la obstrucción de profesionales que no se declaran objetores, pero que tramitan pidiendo mayores evaluaciones de las necesarias, o felicitan a las mujeres por sus embarazos o hacen comentarios religiosos a ver si cambian de opinión. 

En la atención de salud sexual y reproductiva, los déficits previos a la crisis sanitaria se han agudizado debido a la discontinuidad en las atenciones, la orientación de no ir a un establecimiento de salud salvo situaciones de emergencia o sospecha de COVID, así como el temor al contagio de las propias mujeres que evitaron acercarse a los consultorios. 

La atención de salud estuvo centrada en las gestantes -control prenatal y parto- y el o la recién nacida. Luego de semanas se retomó la entrega de anticonceptivos, no sin dificultades, tal como mostró la tardía información sobre lotes de anticonceptivos defectuosos que fueron distribuidos en la red asistencial. Las demás prestaciones como papanicolaous, mamografías, y manejo de infecciones de transmisión sexual, se suspendieron y sólo se han ido retomando recientemente. El personal de salud expresa temor respecto del impacto de estas postergaciones sobre la mortalidad y enfermedad de las mujeres –por ejemplo, cánceres no detectados a tiempo. 

Un grupo particularmente afectado es el de adolescentes y jóvenes: cerradas las escuelas, los internados y los espacios amigables en la red de salud, faltaron estrategias para mantener el contacto y la información con esta población. Veremos consecuencias en su salud sexual y reproductiva, en violencia sexual y en embarazos no deseados.

El monitoreo también da señales respecto de otras deficiencias de la atención en salud sexual y reproductiva a poblaciones específicas con necesidades particulares, como las personas en situación de discapacidad y la comunidad LGBTI+, a quienes claramente no ha incorporado el sistema de salud

A las mujeres y personas gestantes con discapacidad se las infantiliza en su sexualidad, y se las excluye, pues no hay información pensada en términos de accesibilidad universal, ni personal capacitado para entregarla. Por su parte, son muy escasos los establecimientos y profesionales que dan respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las lesbianas y las personas trans. 

En todos los territorios, las usuarias declararon haber vivido situaciones de maltrato en la atención. Particularmente durante la juventud, adolescencia o durante el parto. 

Finalmente, las entrevistas expresan que lo que se ha podido hacer en acceso al aborto en tres causales y en atención en salud sexual y reproductiva ha dependido en mucho del compromiso de los equipos de salud y de las mismas mujeres de esos equipos. Si bien se agradecen las voluntades de profesionales que tienen un interés por resguardar el acceso a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos, esto debería ser una garantía estatal.

En suma, los hallazgos del monitoreo son preocupantes y debieran llevar a acciones urgentes de parte del Ministerio de Salud

Descarga aquí el Informe completo del Segundo Monitoreo Social

Descarga aquí el Resumen Ejecutivo

 

Monitoreo implementación ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales en relación a la objeción de conciencia de funcionarios/as públicos/as de salud

En Chile, al dictarse la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en septiembre de 2017, junto con aprobarse una legislación restrictiva sobre aborto en situaciones excepcionales (riesgo vital, inviabilidad, violación), se adoptó una normativa amplia y genérica en materia de objeción de conciencia, que la permite no sólo a integrantes de los equipos de salud sino también a centros privados de salud en su calidad de instituciones. Se trata de una regulación que no resguarda el carácter estricto que dicha figura debe tener en conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos y que no cautela de manera adecuada los derechos de las mujeres y las niñas.

Con base en la normativa vigente, parte importante de los equipos de salud que se desempeñan en establecimientos públicos han podido acogerse a la objeción de conciencia para abstenerse de intervenir o participar de procedimientos médicos de interrupción voluntaria del embarazo requeridos por mujeres y niñas afectadas por alguna de las causales contempladas en la legislación. En efecto, a partir de la dictación de la ley y en adelante, la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetor/a de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. De hecho, de acuerdo a la  información reportada por el Ministerio de Salud y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, uno de cada dos obstetras que se desempeña en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital. Pese al transcurso del tiempo, esta alarmante situación no ha mejorado.

La alta proporción de funcionarios/as públicos/as que se ha acogido a la objeción de conciencia constituye una preocupación de la mayor relevancia, pues ello puede obstaculizar el respeto a las decisiones de mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales y dificultar su acceso a una prestación de salud que la legislación reconoce y protege. De ahí que para Corporación Humanas y otras organizaciones y colectivas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes, monitorear en el tiempo la implementación de la ley Nº 21.030, la realidad de la objeción de conciencia y la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país constituya una temática prioritaria, que reviste especial importancia en contexto de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 por las barreras que de ello han derivado a las atenciones en salud sexual y reproductiva y acceso al aborto legal.

Más allá de la preocupación que suscita la alta proporción de obstetras y otros/as integrantes de los equipos de salud de establecimientos públicos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto en tres causales que se declara objetor/a de conciencia, y que ello se mantenga en el tiempo, cabe señalar que dicha realidad no es homogénea a nivel nacional y que se presentan, además, particularidades territoriales que resulta necesario atender.

El reciente monitoreo llevado a cabo por Corporación Humanas permite identificar que en parte importe de los hospitales públicos –27 de 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información–, la proporción de médicos/as obstetras objetores/as de conciencia es superior a dos tercios de las contrataciones y que en cinco establecimientos la totalidad declara tal calidad, como ocurre en los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén. Además, entre los hospitales públicos en que los/as obstetras objetores/as superan los dos tercios se encuentran siete hospitales regionales, Antofagasta, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, establecimientos a los que corresponde la resolución de las necesidades de atención de la población regional. Asimismo, presentan esta elevada proporción de objetores de conciencia los hospitales Luis Tisné y Melipilla de la Región Metropolitana, Vallenar en la zona norte, y los hospitales de San Felipe, Rengo, Santa Cruz, Linares, Coronel, Lota, Cañete, Angol, Victoria, Nueva Imperial, Osorno y Castro de la zona centro y sur.

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MAPA NACIONAL MÉDICOS/AS OBSTETRAS OBJETORES DE CONCIENCIA

Andrea Huneeus, ginecóloga: “una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el planeta es la anticoncepción segura y accesible para todas”

El pasado 13 de noviembre en el programa de radio de Nada Sin Nosotras, nos acompañó la ginecóloga e integrante de la sociedad norteamericana de ginecología infanto juvenil Andrea Huneeus.

Durante el capítulo, junto a la conductora Kena Lorenzini, hablaron sobre educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos y sobre qué es lo que ha dejado todo este tiempo que hemos vivido en pandemia.

En relación a cómo la pandemia ha afectado los derechos sexuales y reproductivos la ginecóloga aseguró que “la pandemia y la sexualidad adolescente es como la tormenta perfecta ha sido la tormenta perfecta y nos tenemos que preparar para cuando esta ola reviente porque se juntan muchas cosas que son muy peligrosas para la sexualidad infantil, que son el cierre de los servicios de salud sexual y reproductivo, en tanto en entregar anticonceptivos, el difícil acceso a las farmacias, en todo lo que es control y manejo de las infecciones de transmisión sexual”.

En este sentido, Andrea Huneeus dijo que cuando reviente la tormenta perfecta a la cual se refirió en el párrafo anterior nos encontraremos con “un aumento medible de las tasas de embarazos en adolescentes, un aumento medible en infecciones de transmisión sexual, este año aún no se han notificado el número de VIH y la verdad es que este año los test de VIH no se han hecho y un aumento medible y cuantificable del abuso sexual en las casas”.

Respecto a los ítem que debería contener una nueva Constitución Huneeus afirmó que ve con preocupación la cantidad de hijos que nacen sin ser planificados y que “en la constitución, que yo sé que los derechos ambientales si van a ir anotados, es muy importante que una de las medidas más importantes para evitar el calentamiento global, que es que no nazcan hijos no planificados, esté garantizada porque es una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el planeta, la anticoncepción segura y accesible para todas”.

Por último y en relación a lo que ha ocurrido con el aborto en nuestro país, la especialista realizó una crítica a una de las causales que contempla la ley 21030 “el hecho que la tercera causal haya quedado con un límite de edad gestacional es tremendo por las condiciones de vulnerabilidad que vive una embarazada violada por un familiar, entonces es súper complicado y eso es lo que está pasando ahora, las que están llegando están llegando pasados los límites de edad gestacional en que los profesionales de salud con la ley actual no podemos hacer nada y por eso ha disminuido tanto la causal no porque haya disminuido la violación sino porque no se logra acreditar la causal”.

Nota publicada en Nada Sin Nosotras

28 de septiembre: Día de la acción global por el aborto legal

Este 28 de septiembre es un día significativo para las mujeres de América Latina y Chile, además de conmemorar el día de la acción global por el aborto legal, también se cumplen 3 años desde la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de este contexto, en Nada Sin Nosotras, conversamos con Andrea Álvarez, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e integrante de la mesa de acción por el aborto y Camila Maturana abogada feminista de Corporación Humanas, para analizar que está pasando con el aborto en nuestro país.

Tras 3 años de la implementación de la ley de interrupción del embarazo, Chile sigue enfrentando dificultades para asegurar a todas las mujeres el acceso a decidir por nuestro cuerpo. Este proceso que ya cumple 3 años ha dejado enseñanzas, experiencias y desafíos para lograr un aborto seguro, gratuito, legal y libre.

Frente a este escenario, Andrea Álvarez manifestó que existe una responsabilidad de las autoridades de salud en la información a la que acceden las mujeres sobre este ley: “hay una dificultad en el acceso a la información, en que todas las mujeres del territorio nacional sepan que pueden acceder a este ley y que además en la tercera causal, que es la causal de violación, tiene plazos muy acotados y eso es algo no menor (…) entonces contar con la información debe ser algo clave de esta política de salud”.

Asimismo, Camila Maturana agregó que “el Estado sigue en deuda, se ha saldado sólo un parte con la ley de tres causales, pero finalmente la propuesta del Estado de Chile sigue siendo que las mujeres que interrumpen un embarazo deben ir a la cárcel, lo que es completamente retrógrado y está en retirada en el mundo porque la marea verde no solamente está en nuestro país, la marea verde está en el mundo”.

Respecto al aborto en tiempos de pandemia, las invitadas manifestaron su preocupación sobre el manejo que han tenido las autoridades de salud para asegurar a las mujeres el acceso a la interrupción del embarazo. En este sentido las causales de riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto han mostrado una disminución de los casos respecto al año 2019.

Al respecto Camila Maturana expresó que “la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva ha sido una de las graves consecuencias que ha tenido esta pandemia para nosotras. El retraso en la difusión sobre el derecho a decidir de nosotras las mujeres también”.

Finalmente, Andrea Álvarez destacó la oportunidad que tenemos las mujeres de ser parte del proceso constituyente para asegurar el derecho de todas a la salud sexual y reproductiva. “El derecho al aborto, los derechos sexuales y reproductivos son parte del derecho a la salud y ese derecho no está recogido en nuestra Constitución y esa es una falta desastrosa que tiene consecuencias en tantos niveles en la vida de nosotras las mujeres que no puede ser que dejemos pasar la oportunidad de participar en un proceso constituyente”.

 

 

Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cartilla informativa sobre Ley IVE para equipos de salud

En septiembre de 2017 se dictó la ley No 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales –también conocida como Ley IVE–, normativa que permite a las mujeres y niñas que se encuentren en alguna de las tres situaciones (riesgo vital, inviabilidad y violación), decidir si interrumpir o continuar el embarazo.

Descargar la guía Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cartilla informativa sobre Ley IVE para equipos de salud

 

Aborto seguro. Un servicio esencial durante la pandemia por Covid-19

A medida que los países de todo el mundo están experimentando diferentes niveles de impacto de COVID-19 en sus sistemas de salud y sociedades, las unidades de salud se están preparando para un incremento en el número de casos y una mayor presión sobre su personal, recursos y sistemas; algunos pueden verse en la necesidad de posponer procedimientos no esenciales o electivos.

Durante esta crisis de salud pública, los servicios de salud reproductiva, como anticoncepción y aborto, deben seguir ofreciéndose como un servicio de salud esencial. La atención a mujeres en situación de aborto es un servicio sensible al tiempo, que no puede aplazarse significativamente sin consecuencias profundas para las mujeres y sus familias. Sabemos que, en tiempos de crisis, las mujeres y niñas a menudo son afectadas de manera desproporcionada. Los servicios de salud sexual y reproductiva podrían pasar a segundo término o ser de difícil acceso, así como las cadenas de suministro podrían quedar interrumpidas y esto a su vez impactar en el acceso a métodos anticonceptivos y a los insumos necesarios para los servicios de aborto seguro.

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Mujeres en tiempos de coronavirus

La expansión del coronavirus y las medidas excepcionalísimas que se exige a la ciudadanía para evitar su propagación tiene un impacto enorme en las personas, pero en particular para las mujeres y las niñas.

Ello, debido a los roles de género tradicionales que se les asigna y a su posición subordinada en las relaciones sociales y económicas, que las expone en mayor medida a la violencia y a la precarización de la vida, además de los riesgos que enfrentan en razón de un embarazo.

Hasta ahora, bajo estado de catástrofe, no se asignado a estos asuntos la debida atención y la desigualdad que enfrentan mujeres y niñas. Frente a la crisis no pareciera tener mayor importancia en el debate público y en las decisiones de las autoridades.

Una primera cuestión es la mayor carga de trabajo que implica para las mujeres el confinamiento de las personas y grupos familiares. Dada la desigual distribución de las tareas y el trabajo doméstico y de cuidado, son las mujeres y las niñas quienes en mayor medida se encuentran cargo de atender las necesidades de abastecimiento de las familias, el cuidado de niñas y niños pequeños y personas mayores, la preparación de comidas y la limpieza, en un contexto de incertidumbre y mayor exigencia.

A la sobrecarga habitual que recae en las mujeres en términos del tiempo dedicado a labores domésticas y de cuidado, se suman nuevas responsabilidades, sin reconocimiento ni protección alguna y con gran impacto para su salud física y mental.

Ello se vuelve aun más apremiante y dificultoso para aquellas mujeres que, a la vez, deben desempeñar su empleo habitual a través de alguna modalidad de teletrabajo, y mucho más para quienes, por carecer de una relación laboral formal, deben igualmente salir de sus hogares para realizar trabajos que solo se pagan en función de haberse realizado.

Ya sea que podamos desempeñarnos laboralmente a través de modalidades de teletrabajo o que debamos salir diariamente a trabajar a fin de obtener los recursos necesarios, lo cierto es que la inmensa mayoría de las mujeres enfrenta la doble o triple jornada en condiciones aun más adversas producto de la crisis del coronavirus, que ha intensificado la exigencia de trabajo doméstico y de cuidado a niveles que no conocíamos y frente a lo cual no contamos con herramientas adecuadas para enfrentarlo ni protección alguna.

En condiciones de confinamiento y aislamiento, los riesgos de sufrir alguna clase de violencia en el hogar se multiplican de manera significativa.

Ello en la medida en que muchísimas mujeres se ven enfrentadas al imperativo de quedarse en sus casas, pero encerradas junto a su agresor, aisladas de su entorno y redes habituales, en condiciones de altísimo estrés.

Asimismo, en un contexto de mayor dificultad en la respuesta oportuna de las autoridades y operadores de justicia, por ejemplo, debido a las restricciones impuestas al funcionamiento de los tribunales de justicia, es posible que se retrasen medidas de protección que pueden resultar vitales y que, adicional a ello, los agresores puedan sentirse confiados de actuar en impunidad.

De ahí la necesidad de adoptar medidas especiales para la protección de mujeres y niñas bajo el estado de catástrofe. Resulta urgente dotar de recursos especiales a los organismos que atienden a mujeres en riesgo de violencia y que los tribunales de justicia y fiscales del Ministerio Público otorguen la debida prioridad a esos casos, disponiendo de las medidas de protección pertinentes y su fiscalización. Además de reforzar la línea telefónica de orientación y apoyo (1455), como ha dispuesto el Gobierno, se debe asegurar que las mujeres y sus hijos víctimas de violencia cuenten con ayuda y que puedan salir de sus casas si requieren auxilio, aun en comunas bajo cuarentena e incluso durante el toque de queda.

Pero hasta ahora, estas situaciones de riesgo no han sido contempladas en los instructivos sobre permisos de desplazamiento y salvoconductos.

La vida y la seguridad de las mujeres debe ser resguardada. Las medidas dispuestas por las autoridades hasta ahora no se hacen cargo del mayor riesgo que enfrentan quienes viven situaciones de violencia.

Por otra parte, el sector salud, a cargo de la atención de pacientes afectados por coronavirus, está integrado mayoritariamente por mujeres y la proporción de quienes no cuentan a la fecha con medidas mínimas de prevención es preocupante.

De ahí que resulte urgente asegurar la protección de quienes atienden a la población afectada, así como la dotación de recursos e insumos para la oportuna detección de casos y la atención de quienes lo requieran.

Preocupa especialmente que en el actual contexto se desatiendan las necesidades de salud sexual y reproductiva de mujeres, adolescentes y niñas, y que frente a la postergación de determinados servicios se retrase la atención de quienes han sufrido violencia sexual, de personas viviendo con VIH/SIDA o de quienes quieren evitar un embarazo.

Asimismo, preocupa la escasa información que reciben las embarazadas acerca de los riesgos que enfrentan, los cuidados que requieren y sobre las condiciones en que tendrán sus partos.

En tanto, la atención de quienes enfrentan un embarazo bajo alguna de las tres causales de aborto previstas en la ley –riesgo vital, inviabilidad y violación– amerita especial preocupación, pues si en tiempos normales ya se cuenta con amplia información sobre las dificultades y barreras que enfrentan las mujeres para interrumpir legalmente un embarazo, en tiempos de crisis es altamente probable que dichos obstáculos se intensifiquen y que no existan garantías de que dicha atención será oportunamente brindada por los equipos de salud.

Resulta prioritario que las autoridades, junto con asegurar el diagnóstico y atención de las personas afectadas por coronavirus, resguarden a los y las trabajadoras de la salud, disponiendo las medidas necesarias para su protección, como igualmente debe asegurarse la atención de salud sexual y reproductiva de la población, de las personas que viven con VIH/SIDA, de las víctimas de cualquier clase de violencia, de las mujeres embarazadas y de quienes requieren de métodos anticonceptivos para evitar un embarazo, así como de quienes requieren acceder al aborto en las causales previstas en la ley.

Escribe Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas