usticia de género y acceso a la salud: lo que hay detrás del proyecto de despenalización del aborto

La iniciativa busca dejar atrás la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de criterios de plazos y no solo de causales, como lo dispone la legislación actual. “No es aborto legal, porque para que lo sea el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso” explica la diputada Marcela Sandoval.

maternidad deseada

 

Fue en 2018 cuando las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola  (PC), Camila Rojas, Claudia Mix (Comunes), Maite Orsini , Catalina Pérez (RD), Natalia Castillo (Ind.), Gael Yeomans (CS),  Daniela Ciccardini , Emilia Nuyado (PS),  Cristina Girardi (PPD) y  la ahora senadora Loreto Carvajal (PPD) presentaron  una moción que busca  modificar el Código Penal y despenalizar así la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

¿Cómo hablamos de aborto?

“Si tú no estuvieras todavía seguiría siendo la niña de la casa. Yo estaría estudiando, no tendría que estar trabajando a esta edad. Si tú no estuvieras yo estaría casada con el hombre que yo quería. Si tú no estuvieras yo… me muero”, dice una joven mientras mira por la ventana a una niña de no más de dos años. Luego aparece una leyenda que dice: “Un embarazo no deseado cambia tu vida, pero puede ser mejor”. El video es parte de la campaña antiaborto de la Fundación Chile Unido, que se transmitió en televisión abierta en el país, el año 2004. El otro video que era parte de la campaña, mostraba a una adolescente con uniforme escolar sentada en una mesa susurrando “me van a matar”, mientras sus padres le sirven el desayuno. Y luego hacen un efecto, como si la cámara entrara a su cuerpo y entonces muestran a un feto diciendo lo mismo: “me van a matar”. El video termina con la siguiente leyenda: “¿Te das cuenta lo que puede hacer tu hija por miedo a contarte que está embarazada?”.

Esta campaña no es la única. Quienes la recuerdan son parte de una generación que creció en la década de los noventa y principios de los dos mil, viendo propaganda de criminalización del aborto, incluso en muchos colegios les mostraron videos de este tipo a niñas, niños y adolescentes como parte del proyecto educativo. Un trabajo comunicacional que según la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), Débora Solís, tuvo un impacto altísimo. “Lo que ahí se muestra no es concreto y tampoco va acompañado de la información necesaria para prevenir un embarazo. No orienta ni informa, sino que sataniza y estigmatiza una situación que a pesar de ser muy cotidiana y real, sigue estando en el lado más oscuro de nuestras cabezas”, explica.

Y es que en temas valóricos como este, suele ocurrir que las campañas apelen más a una cuestión emocional que netamente científica. Así lo explica Cristián Leporati, Director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. “Es un tema complejo porque se cruza con dimensiones ideológicas, políticas y religiosas, y por tanto cualquier comunicación ya sea pro aborto o contra el aborto, está cruzada por estas dos dimensiones y hace que la discusión que uno vea tangibilizada posteriormente en campañas sea muy emocional y poco racional”. Dice además que es complejo porque la dimensión emocional va contaminando toda la retórica que puede tener un comercial, un spot o una campaña en un camino o en el otro.

Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en España, un país que contempla la interrupción del embarazo de manera voluntaria desde julio de 2010. En 2017, el Boletín Oficial del Estado definió a la entidad ultra y antiabortista Más Futuro, como “un instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos”. Ese año la entidad fue declarada como una asociación de utilidad pública por el gobierno de Mariano Rojoy. Desde entonces, disfrutan de ventajas fiscales y asesoría jurídica gratuita para el desarrollo de sus labores, esto es, importunar a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. En el sitio español kamchatka.es cuentan el testimonio de una mujer que tenía muy claro lo que iba a hacer, pero que en las puertas de la clínica Dator –la primera de Madrid autorizada para la realización de abortos de alto y bajo riesgo– se sintió agredida cuando fue asaltada en plena calle por un grupo de cinco mujeres que intentaron socavar su decisión. “Me decían que iba a matar a mi hijo, que no tenía derecho y que ellas podían ayudarme”.

Una trabajadora de la clínica cuenta que todos los días se plantan delante de la puerta, abordan a las mujeres y les entregan folletos, sin que ellas hayan dado su consentimiento. La normativa española establece que las clínicas autorizadas son las encargadas de entregar la información (procesos a seguir dependiendo de la edad gestacional y la valoración médica, así como las posibles complicaciones y riesgos, y los derechos que asisten a las mujeres), sin embargo, la trabajadora cuenta que “una de las prácticas más habituales entre los pelotones antielección es el reparto de panfletos que pueden llevar a confusión por constituir un memorándum de falacias desacreditadas por la ciencia. En uno de ellos, en el que se exhorta a las mujeres a ‘escuchar la llamada de tu consciencia’, advierten de la relación entre el aborto y el cáncer, una conexión desmentida por numerosos estudios médicos”.

Fernanda Marín es investigadora y parte de la red de politólogas. En 2015 realizó la investigación Aborto en Chile: La (NO) discusión de derechos y plantea que las campañas debieran estar enfocadas en entregar información clara y honesta. “No puede haber información que tenga un tinte político para uno u otro bando, porque esto no se trata de bandos, sino que un tema de salud pública, vida digna y derechos humanos”, explica. Agrega que por eso es relevante que exista una ley. “Es fundamental la desistagmitacion social del aborto y con ello no solo me refiero a la idea del aborto como tal, sino que también a la palabra. Acá en comunicaciones y campañas se suele hablar de interrupción del embarazo, se maquilla la palabra porque les parece muy fuerte, pero por ejemplo en Argentina –donde el aborto es legal hace un par de meses– no solo lograron legalizar el aborto como una práctica médica, sino que a la vez removieron el estigma social que tenia la palabra aborto a muchos niveles. Se empezó a hablar de aborto en espacios donde antes no se hablaba como en escuelas y territorios. Y esa labor es muy importante y necesaria para que la discusión pública sea seria y honesta”, agrega.

Un paréntesis en la historia

El dossier Aborto en Chile: avances en derechos humanos, publicado por la Corporación Miles en la biblioteca virtual Scielo España, dice que “las mujeres que se han realizado un aborto en Chile, viven una serie de dificultades para reinsertarse en su vida cotidiana tanto en el contexto familiar como social, debido a que muchas veces tienen que dar explicaciones respecto al por qué se interrumpió el embarazo, además de enfrentar largos procesos de recuperación psicológica, afectando su entorno familiar”. También agrega que si en una sociedad el aborto es permitido existen menos prejuicios sociales y estigmatizaciones. En este sentido la legislación chilena ha sido un terreno fértil para que las campañas antiaborto tuvieran el efecto deseado. De hecho surgen principalmente entre los años 1989 y 2017, cuando la legislación sanitaria sobre aborto difiere completamente de la que rigió en Chile durante gran parte del siglo XX, donde el aborto era lícito y socialmente aceptado.

La Ley N°18.826, implementada en 1989, sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario y penalizó el aborto en los artículos 342 a 345 del Código Penal. Desde 1931 hasta 1989 el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo por motivos terapéuticos. Las condiciones eran la autorización de dos médicos cirujanos y tener por objeto fines terapéuticos. Sin embargo, a partir de la reforma, el Código Sanitario reguló la interrupción del embarazo en los siguientes términos: “No podrá ejecutarse ninguna acción destinada a provocar el aborto” (Artículo 119). Con la modificación el aborto quedó absolutamente prohibido, tanto en la legislación sanitaria como en la penal. Para Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, este fue un punto de inflexión en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Tras la recuperación de la democracia, lamentablemente, para las mujeres en Chile fue muy difícil poder reestablecer ese derecho. Pasaron casi treinta años hasta que se pudo dictar, en 2017, una ley que permitió avanzar de la criminalización total del aborto, a un modelo de causales”, explica.

Sin embargo, esto no hizo que los abortos dejaran de realizarse. Datos publicados en el dossier de la Corporación Miles indican que aunque el número de abortos que se practican las mujeres en Chile es desconocido porque está penalizado, existen estimaciones de abortos clandestinos anuales que varían entre 160.000 –de acuerdo al único estudio nacional realizado en 1990– a 200.000 según datos del año 1994. Se suman datos del año 2012 –aunque menos corroborados– que señalan que existen 60.000 abortos clandestinos y en el año 2015 esta cifra alcanzaría a 300.000. Débora Solís dice que estas cifras confirman la idea de que las campañas antiaborto lo único que hacen es estigmatizar, porque no ayudan ni a prevenir los embarazos no deseados, ni tampoco los abortos. “Muchas de las niñas o jóvenes que vieron esos videos igualmente se practicaron un aborto, solo que con consecuencias nefastas para su salud mental. O chicas que supieron de experiencias de abortos de sus madres, hermanas o amigas y que inmediatamente las veían como criminales, porque además estos temas hasta hace poco no se conversaban”.

Fernanda Marín explica que esta estigmatización es mucho más fuerte en las generaciones de mujeres que actualmente tienen hasta 40 o 45 años. “Antiguamente era común que las mujeres se hicieran abortos por temas económicos porque no podían tener mas hijos. En el campo siempre han habido “remedios” y existe un gran imaginario en torno a esto. Fue con el cambio en la ley que se transformó en un tema tabú, que fue criminalizado y eso evidentemente afectó a generaciones de mujeres que solo tenemos consciencia respecto a los años en que el aborto fue completamente penalizado legal y socialmente. Tenemos más latente el estigma justamente porque crecimos con estas campañas”.

El rol del estado

Independiente de la tendencia política del gobierno de turno, Fernanda Marín dice que el rol del Estado debiese ser democratizar el acceso a la información. “Estos temas se deben abordar desde un punto de vista de salud pública y en ese sentido, evidentemente se debe tener un rol activo”. Leporati coincide: “Cuando estás en un gobierno indudablemente lo que tiene que primar es la política pública, pero lamentablemente como la discusión cruza con lo emocional, también influye quien esté gobernando. Sin embargo, Chile ha ido madurando y le ha hecho más fácil la tarea a los gobiernos de turno. Hoy un video antiaborto en el que muestren a un feto gritando “me van a matar” resulta muy burdo y sería impensado que se transmita por televisión abierta. La sociedad ha madurado, es más consciente de sus derechos y además está hiperconectada. Si alguien te dice en una campaña que si te haces un aborto te va a dar cáncer, los líderes de opinión van a salir a decir que eso no es cierto”.

Por eso el rol de los movimientos sociales que han relevado este tema es importante. “Todo lo que significa una discusión social y legislativa frente al aborto es difícil, ya que enfrenta importantes resistencias, sin embargo, lo que hemos visto es que los últimos años este debate se ha instalado con mucha fuerza. Los derechos de las mujeres y de las personas con la capacidad de gestar ocupan un lugar relevante en la conversación social y respecto al derecho de decidir o al derecho al aborto libre”, complementa Camila Maturana. “Ahora las chicas tienen más información, escuchan y se hacen parte del debate, entonces las ves hablando de su sexualidad con libertad, hablan de placer, de protección, de consentimiento. Ahí te das cuenta de que algo hemos evolucionado. Pero es un camino lento que necesita ir de la mano de una legislación y de una discusión pública que, por sobre todo, se base en la salud y los derechos de las mujeres”, concluye Débora.

Publicado en Revista Paula 

Tras hito argentino, feministas buscan reimpulsar la despenalización del aborto en Chile

En el Congreso Nacional ya hay al menos dos proyectos que buscan autorizar, sin causales, la interrupción del embarazo.

La norma actualmente vigente nuestro país es «sumamente limitada, y no protege a todas las mujeres», afirma la Corporación Humanas.

Tras hito argentino, feministas buscan reimpulsar la despenalización del aborto en Chile
La abogada Camila Maturana estimó que la aprobación en Argentina «pone de relieve la importancia de contar con marcos jurídicos que reconozcan y protejan nuestros derechos».

DIVERSAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS DE CHILE VEN LA APROBACIÓN DEL ABORTO LIBRE EN ARGENTINA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA REIMPULSAR EL DEBATE EN EL PAÍS, TOMANDO EN CUENTA QUE EL CONGRESO TIENE AL MENOS DOS PROYECTOS QUE BUSCAN DESPENALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO POR COMPLETO.

Una de las instituciones interesadas en que se tramiten es la Corporación Humanas, desde donde la abogada Camila Maturana estimó que la decisión del Congreso trasandino «es un tremendo avance para todas las mujeres y las niñas en la región», al tiempo que «pone de relieve la importancia de contar con marcos jurídicos que reconozcan y protejan nuestros derechos, en especial el derecho a decidir».

«En Chile, se cuenta con una ley sobre aborto en tres causales, sumamente limitada, que no protege a todas las mujeres, y consideramos que ya es tiempo de que el Parlamento debata una moción presentada en agosto del año 2018 para despenalizar la interrupción voluntaria del aborto sin causales durante las primeras 14 semanas», remarcó.

Esta iniciativa, que se encuentra hace dos años en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y fue firmada por 10 diputadas, modifica el Código Penal para señalar que, en las ocasiones en que se habla de sanciones por abortar, éstas se aplicarían solo si la interrupción del embarazo ocurre después de la semana 14.
La diputada Daniella Cicardini (PS), firmante del mencionado proyecto, dijo que «cosas que eran imposibles hasta el 2019, como el cambiar la Constitución, hoy serán una realidad. Creo que el debate que se dio en Argentina no sólo es viable, sino que es absolutamente necesario reimpulsar en nuestro país, entendiendo que hay una serie de demandas por los derechos de las mujeres que se pusieron con mucha fuerza sobre la mesa y que, a través de LasTesis, tuvieron resonancia mundial».

«Es importante volver a discutir la interrupción voluntaria del embarazado más allá de las tres causales en Chile», sostuvo la diputada Camila Vallejo (PC), también impulsora de la iniciativa.

«La lucha que han dado las mujeres feministas en Argentina es un ejemplo a seguir a nivel mundial», agregó.

Por otro lado, está el proyecto que se mantiene desde su inicio en la Comisión de Salud del Senado, ingresado por tres parlamentarias y dos parlamentarios, y aunque éste permite abortar hasta la semana 14, habla de requisitos, garantías de acceso y objeción de conciencia.

Sin embargo, la presidenta de la instancia, Carolina Goic (DC), descartó que vaya a ser revisado en lo inmediato, pues «en términos de prioridades para la discusión legislativa, hoy día estamos abocados al fortalecimiento de Fonasa, donde está el 70 por ciento de la población».

«Ahí yo espero que concentremos las energías durante el mes de enero, y por otro lado, la Ley de Fármacos II, que no puede seguir demorando más su tramitación», agregó.

De todos modos, colectivos y organizaciones de mujeres inician conversaciones para intentar promover la tramitación de estos proyectos junto a las legisladoras que ya han reivindicado sus demandas en esta materia.

DIPUTADO RN: «ES UNA NOTICIA PREOCUPANTE»

El diputado Eduardo Durán (RN) considera el hito argentino como «una noticia sin dudas triste y preocupante».

«En lugar de poner el foco en la educación para que exista una sexualidad responsable e indagar en las causas sociales de las agresiones sexuales y condenar a sus responsables, se legaliza el aborto y se condena a muerte a niños que están por nacer», aseguró el legislador, quien rechazó el proyecto de ley de educación sexual integral (ESI)en octubre pasado.

«Es de esperar que en nuestro país esto (la legalización del aborto) nunca pase. Los que no estamos de acuerdo estaríamos financiando con nuestros impuestos ese aborto», afirmó el hijo del obispo evangélico Eduardo Durán.

 

Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cartilla informativa sobre Ley IVE para equipos de salud

En septiembre de 2017 se dictó la ley No 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales –también conocida como Ley IVE–, normativa que permite a las mujeres y niñas que se encuentren en alguna de las tres situaciones (riesgo vital, inviabilidad y violación), decidir si interrumpir o continuar el embarazo.

Descargar la guía Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cartilla informativa sobre Ley IVE para equipos de salud

 

Mujeres en tiempos de coronavirus

La expansión del coronavirus y las medidas excepcionalísimas que se exige a la ciudadanía para evitar su propagación tiene un impacto enorme en las personas, pero en particular para las mujeres y las niñas.

Ello, debido a los roles de género tradicionales que se les asigna y a su posición subordinada en las relaciones sociales y económicas, que las expone en mayor medida a la violencia y a la precarización de la vida, además de los riesgos que enfrentan en razón de un embarazo.

Hasta ahora, bajo estado de catástrofe, no se asignado a estos asuntos la debida atención y la desigualdad que enfrentan mujeres y niñas. Frente a la crisis no pareciera tener mayor importancia en el debate público y en las decisiones de las autoridades.

Una primera cuestión es la mayor carga de trabajo que implica para las mujeres el confinamiento de las personas y grupos familiares. Dada la desigual distribución de las tareas y el trabajo doméstico y de cuidado, son las mujeres y las niñas quienes en mayor medida se encuentran cargo de atender las necesidades de abastecimiento de las familias, el cuidado de niñas y niños pequeños y personas mayores, la preparación de comidas y la limpieza, en un contexto de incertidumbre y mayor exigencia.

A la sobrecarga habitual que recae en las mujeres en términos del tiempo dedicado a labores domésticas y de cuidado, se suman nuevas responsabilidades, sin reconocimiento ni protección alguna y con gran impacto para su salud física y mental.

Ello se vuelve aun más apremiante y dificultoso para aquellas mujeres que, a la vez, deben desempeñar su empleo habitual a través de alguna modalidad de teletrabajo, y mucho más para quienes, por carecer de una relación laboral formal, deben igualmente salir de sus hogares para realizar trabajos que solo se pagan en función de haberse realizado.

Ya sea que podamos desempeñarnos laboralmente a través de modalidades de teletrabajo o que debamos salir diariamente a trabajar a fin de obtener los recursos necesarios, lo cierto es que la inmensa mayoría de las mujeres enfrenta la doble o triple jornada en condiciones aun más adversas producto de la crisis del coronavirus, que ha intensificado la exigencia de trabajo doméstico y de cuidado a niveles que no conocíamos y frente a lo cual no contamos con herramientas adecuadas para enfrentarlo ni protección alguna.

En condiciones de confinamiento y aislamiento, los riesgos de sufrir alguna clase de violencia en el hogar se multiplican de manera significativa.

Ello en la medida en que muchísimas mujeres se ven enfrentadas al imperativo de quedarse en sus casas, pero encerradas junto a su agresor, aisladas de su entorno y redes habituales, en condiciones de altísimo estrés.

Asimismo, en un contexto de mayor dificultad en la respuesta oportuna de las autoridades y operadores de justicia, por ejemplo, debido a las restricciones impuestas al funcionamiento de los tribunales de justicia, es posible que se retrasen medidas de protección que pueden resultar vitales y que, adicional a ello, los agresores puedan sentirse confiados de actuar en impunidad.

De ahí la necesidad de adoptar medidas especiales para la protección de mujeres y niñas bajo el estado de catástrofe. Resulta urgente dotar de recursos especiales a los organismos que atienden a mujeres en riesgo de violencia y que los tribunales de justicia y fiscales del Ministerio Público otorguen la debida prioridad a esos casos, disponiendo de las medidas de protección pertinentes y su fiscalización. Además de reforzar la línea telefónica de orientación y apoyo (1455), como ha dispuesto el Gobierno, se debe asegurar que las mujeres y sus hijos víctimas de violencia cuenten con ayuda y que puedan salir de sus casas si requieren auxilio, aun en comunas bajo cuarentena e incluso durante el toque de queda.

Pero hasta ahora, estas situaciones de riesgo no han sido contempladas en los instructivos sobre permisos de desplazamiento y salvoconductos.

La vida y la seguridad de las mujeres debe ser resguardada. Las medidas dispuestas por las autoridades hasta ahora no se hacen cargo del mayor riesgo que enfrentan quienes viven situaciones de violencia.

Por otra parte, el sector salud, a cargo de la atención de pacientes afectados por coronavirus, está integrado mayoritariamente por mujeres y la proporción de quienes no cuentan a la fecha con medidas mínimas de prevención es preocupante.

De ahí que resulte urgente asegurar la protección de quienes atienden a la población afectada, así como la dotación de recursos e insumos para la oportuna detección de casos y la atención de quienes lo requieran.

Preocupa especialmente que en el actual contexto se desatiendan las necesidades de salud sexual y reproductiva de mujeres, adolescentes y niñas, y que frente a la postergación de determinados servicios se retrase la atención de quienes han sufrido violencia sexual, de personas viviendo con VIH/SIDA o de quienes quieren evitar un embarazo.

Asimismo, preocupa la escasa información que reciben las embarazadas acerca de los riesgos que enfrentan, los cuidados que requieren y sobre las condiciones en que tendrán sus partos.

En tanto, la atención de quienes enfrentan un embarazo bajo alguna de las tres causales de aborto previstas en la ley –riesgo vital, inviabilidad y violación– amerita especial preocupación, pues si en tiempos normales ya se cuenta con amplia información sobre las dificultades y barreras que enfrentan las mujeres para interrumpir legalmente un embarazo, en tiempos de crisis es altamente probable que dichos obstáculos se intensifiquen y que no existan garantías de que dicha atención será oportunamente brindada por los equipos de salud.

Resulta prioritario que las autoridades, junto con asegurar el diagnóstico y atención de las personas afectadas por coronavirus, resguarden a los y las trabajadoras de la salud, disponiendo las medidas necesarias para su protección, como igualmente debe asegurarse la atención de salud sexual y reproductiva de la población, de las personas que viven con VIH/SIDA, de las víctimas de cualquier clase de violencia, de las mujeres embarazadas y de quienes requieren de métodos anticonceptivos para evitar un embarazo, así como de quienes requieren acceder al aborto en las causales previstas en la ley.

Escribe Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas