usticia de género y acceso a la salud: lo que hay detrás del proyecto de despenalización del aborto

La iniciativa busca dejar atrás la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de criterios de plazos y no solo de causales, como lo dispone la legislación actual. “No es aborto legal, porque para que lo sea el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso” explica la diputada Marcela Sandoval.

maternidad deseada

 

Fue en 2018 cuando las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola  (PC), Camila Rojas, Claudia Mix (Comunes), Maite Orsini , Catalina Pérez (RD), Natalia Castillo (Ind.), Gael Yeomans (CS),  Daniela Ciccardini , Emilia Nuyado (PS),  Cristina Girardi (PPD) y  la ahora senadora Loreto Carvajal (PPD) presentaron  una moción que busca  modificar el Código Penal y despenalizar así la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

Andrea Huneeus, ginecóloga: “una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el planeta es la anticoncepción segura y accesible para todas”

El pasado 13 de noviembre en el programa de radio de Nada Sin Nosotras, nos acompañó la ginecóloga e integrante de la sociedad norteamericana de ginecología infanto juvenil Andrea Huneeus.

Durante el capítulo, junto a la conductora Kena Lorenzini, hablaron sobre educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos y sobre qué es lo que ha dejado todo este tiempo que hemos vivido en pandemia.

En relación a cómo la pandemia ha afectado los derechos sexuales y reproductivos la ginecóloga aseguró que “la pandemia y la sexualidad adolescente es como la tormenta perfecta ha sido la tormenta perfecta y nos tenemos que preparar para cuando esta ola reviente porque se juntan muchas cosas que son muy peligrosas para la sexualidad infantil, que son el cierre de los servicios de salud sexual y reproductivo, en tanto en entregar anticonceptivos, el difícil acceso a las farmacias, en todo lo que es control y manejo de las infecciones de transmisión sexual”.

En este sentido, Andrea Huneeus dijo que cuando reviente la tormenta perfecta a la cual se refirió en el párrafo anterior nos encontraremos con “un aumento medible de las tasas de embarazos en adolescentes, un aumento medible en infecciones de transmisión sexual, este año aún no se han notificado el número de VIH y la verdad es que este año los test de VIH no se han hecho y un aumento medible y cuantificable del abuso sexual en las casas”.

Respecto a los ítem que debería contener una nueva Constitución Huneeus afirmó que ve con preocupación la cantidad de hijos que nacen sin ser planificados y que “en la constitución, que yo sé que los derechos ambientales si van a ir anotados, es muy importante que una de las medidas más importantes para evitar el calentamiento global, que es que no nazcan hijos no planificados, esté garantizada porque es una de las inversiones más importantes que podemos hacer en el planeta, la anticoncepción segura y accesible para todas”.

Por último y en relación a lo que ha ocurrido con el aborto en nuestro país, la especialista realizó una crítica a una de las causales que contempla la ley 21030 “el hecho que la tercera causal haya quedado con un límite de edad gestacional es tremendo por las condiciones de vulnerabilidad que vive una embarazada violada por un familiar, entonces es súper complicado y eso es lo que está pasando ahora, las que están llegando están llegando pasados los límites de edad gestacional en que los profesionales de salud con la ley actual no podemos hacer nada y por eso ha disminuido tanto la causal no porque haya disminuido la violación sino porque no se logra acreditar la causal”.

Nota publicada en Nada Sin Nosotras

El caso de Camila, una niña indígena abusada sexualmente que enfrentó un embarazo forzado, llega al Comité de Derechos del Niño de la ONU

  • Es la primera vez que un caso de abuso sexual a una niña peruana es presentado a esta instancia internacional, de la mano de Promsex.
  • El Estado peruano ya ha sido sancionado en dos ocasiones anteriores en otros Comités de la ONU por haberse negado a brindar información y acceso al aborto terapéutico a dos niñas que lo solicitaron.

Camila vivía en una zona rural del Perú junto a su padre, un trabajador del campo y su madre, una persona quechuahablante con una discapacidad severa. Cuando tenía trece años, su padre abusó sexualmente de ella y quedó embarazada. Ante las autoridades policiales, Camila reveló que su padre la había estado violando durante al menos cuatro años. La Fiscalía ordenó la detención preliminar de su agresor y en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua.

En el 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 1303 nacimientos de madres menores de 15 años. Las niñas entre 10 y 14 años tienen 4 veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta (SIS). Un estudio regional de Planned Parenthood Global señaló que el 24% de niñas entre 9 y 14 años que pasaron por un embarazo forzado había tenido complicaciones alrededor del momento del parto, como hemorragias e infecciones.

Persecución injustificada

Preocupada por la salud de Camila, su madre solicitó la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto terapéutico es un procedimiento médico legal en el Perú desde 1924 y se aplica en casos que la vida o la salud de la gestante se encuentra en riesgo. De acuerdo con la guía que establece pautas para la atención de estos casos, la respuesta debió llegar en seis días como máximo. Sin embargo, el hospital nunca le informó que tenía el derecho de interrumpir su embarazo y peor aún, nunca respondió a la solicitud. Inclusive, condicionó el servicio a la presentación de un informe médico y de una ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.

Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales. Este hecho aumentó la presión social sobre Camila, ya que vecinos de su comunidad preguntaban por lo sucedido y realizaban comentarios humillantes sobre su comportamiento.

Luego del aborto espontáneo sufrido por Camila, la representante del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido y, basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, decidió denunciarla por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes. A pesar de que el agresor había reconocido su responsabilidad, Camila pasó de víctima a victimaria, siendo ella la investigada por cometer una infracción a la ley penal y perseguida por el sistema de justicia.

#JusticiaParaCamila

Así como a Camila, a miles de niñas violadas se les impone un embarazo y maternidad forzadas que ponen en riesgo su vida y su salud física, mental y emocional, afectando de ese modo sus posibilidades de un futuro en el que pueda desarrollarse y lograr sus sueños.

“El caso de Camila es un patrón del Estado. Esas falencias son una serie de vulneraciones horribles que no solo ha vivido Camila. A pesar de que al Perú se le ha recomendado aplicar la normativa en el tema de aborto, esperamos que el Estado aplique un enfoque de niñez e interculturalidad, sobre todo para víctimas de violencia sexual. Ellas necesitan una atención eficaz, de calidad y rápida, no una persecución penal ni más violencia”, explicó Claudia Castro, abogada y asesora del área de Litigio Estratégico de Promsex.

Promsex asumió la defensa de Camila e inició una serie de procesos judiciales y administrativos que lograron que quede libre de la persecución en su contra. Agotados los recursos judiciales internos, el caso llega al Comité de los Derechos del Niño de la ONU de la mano de Promsex, Planned Parenthood Global y con el respaldo del Centro de Derechos Reproductivos y el movimiento #NiñasNoMadres. Camila busca justicia para que ninguna niña, en Perú o América Latina, tenga que vivir de nuevo esta situación y que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar lineamientos que garanticen la atención integral de las niñas en situación de embarazo producto de violencia sexual.

“Lo sucedido en el caso Camila es solo una muestra de cómo, a pesar de que el Estado ya ha sido interpelado por instancias internacionales en casos similares como el de L.C., hasta hoy sigue sin establecer estándares judiciales y de salud adecuados, para que las niñas no sean revictimizadas cuando son víctimas de violencia sexual y necesitan acceder a servicios de salud que puedan garantizarles su derecho a una adecuada atención, en el marco de la Guía de atención del protocolo de aborto terapéutico. El Estado sigue teniendo una deuda pendiente con todas ellas”, señala Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex.

Lima, 12 de octubre del 2020

#JusticiaParaCamila

#NiñasNoMadres

Publicado por Clacai

Aborto seguro. Un servicio esencial durante la pandemia por Covid-19

A medida que los países de todo el mundo están experimentando diferentes niveles de impacto de COVID-19 en sus sistemas de salud y sociedades, las unidades de salud se están preparando para un incremento en el número de casos y una mayor presión sobre su personal, recursos y sistemas; algunos pueden verse en la necesidad de posponer procedimientos no esenciales o electivos.

Durante esta crisis de salud pública, los servicios de salud reproductiva, como anticoncepción y aborto, deben seguir ofreciéndose como un servicio de salud esencial. La atención a mujeres en situación de aborto es un servicio sensible al tiempo, que no puede aplazarse significativamente sin consecuencias profundas para las mujeres y sus familias. Sabemos que, en tiempos de crisis, las mujeres y niñas a menudo son afectadas de manera desproporcionada. Los servicios de salud sexual y reproductiva podrían pasar a segundo término o ser de difícil acceso, así como las cadenas de suministro podrían quedar interrumpidas y esto a su vez impactar en el acceso a métodos anticonceptivos y a los insumos necesarios para los servicios de aborto seguro.

Acceso al documento completo en el siguiente link

COVID-19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género

En épocas de crisis, como sucede durante un brote, las mujeres y las niñas pueden presentar un riesgo más elevado de padecer violencia infligida por la pareja y otras formas de violencia intrafamiliar como resultado de las tensiones crecientes en el hogar. Como los sistemas de protección para las mujeres y las niñas, incluidas las estructuras comunitarias, pueden debilitarse o dejar de funcionar, es necesario implementar medidas específicas para protegerlas del riesgo de padecer violencia infligida por la pareja considerando la dinámica cambiante del riesgo impuesto por la COVID-19.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos son un importante problema de salud pública que requiere de atención particular durante las pandemias.

Descarga el documento COVID-19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género

Campaña #CuarentenaEnRed

En el marco de los derechos humanos de las mujeres, nos hacemos la siguientes preguntas, porque la cuarentena afecta de manera diferencia a mujeres y hombres. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que se ven obligadas a estar confinadas con su agresor o con aquellas mujeres que realizan una doble o triple jornada laboral por las tareas de cuidado y teletrabajo? ¿Qué pasará con garantizar los derechos sexuales y reproductivos?

 

Desde Corporación Humanas lanzamos la campaña #CuarentenaEnRed. Además de las recomendaciones sanitarias para prevenir el coronavirus queremos compartir líneas de ayuda y acompañamiento. Proponemos que frente a la pandemia construyamos redes comunitarias para apoyar los cuidados, realizar llamados periódicos, crear grupos en redes sociales con códigos de alerta para cuidarnos de la violencia.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Los derechos sexuales y reproductivos NO entran en cuarentena

El Estado tiene la obligación de asegurar tus derechos reproductivos

Tienes derecho a información, a decidir, a ser tratada con dignidad, a un parto libre de violencia, a que te deriven a un hospital donde puedas hacer valer la ley de aborto en tres causales 

Si sabes de alguna mujer, niña o adolescente que necesita atención médica llámala, acompáñala y comunicate con el centro de atención más cercano. #CuarentenaEnRed

 

Mujeres en tiempos de coronavirus

La expansión del coronavirus y las medidas excepcionalísimas que se exige a la ciudadanía para evitar su propagación tiene un impacto enorme en las personas, pero en particular para las mujeres y las niñas.

Ello, debido a los roles de género tradicionales que se les asigna y a su posición subordinada en las relaciones sociales y económicas, que las expone en mayor medida a la violencia y a la precarización de la vida, además de los riesgos que enfrentan en razón de un embarazo.

Hasta ahora, bajo estado de catástrofe, no se asignado a estos asuntos la debida atención y la desigualdad que enfrentan mujeres y niñas. Frente a la crisis no pareciera tener mayor importancia en el debate público y en las decisiones de las autoridades.

Una primera cuestión es la mayor carga de trabajo que implica para las mujeres el confinamiento de las personas y grupos familiares. Dada la desigual distribución de las tareas y el trabajo doméstico y de cuidado, son las mujeres y las niñas quienes en mayor medida se encuentran cargo de atender las necesidades de abastecimiento de las familias, el cuidado de niñas y niños pequeños y personas mayores, la preparación de comidas y la limpieza, en un contexto de incertidumbre y mayor exigencia.

A la sobrecarga habitual que recae en las mujeres en términos del tiempo dedicado a labores domésticas y de cuidado, se suman nuevas responsabilidades, sin reconocimiento ni protección alguna y con gran impacto para su salud física y mental.

Ello se vuelve aun más apremiante y dificultoso para aquellas mujeres que, a la vez, deben desempeñar su empleo habitual a través de alguna modalidad de teletrabajo, y mucho más para quienes, por carecer de una relación laboral formal, deben igualmente salir de sus hogares para realizar trabajos que solo se pagan en función de haberse realizado.

Ya sea que podamos desempeñarnos laboralmente a través de modalidades de teletrabajo o que debamos salir diariamente a trabajar a fin de obtener los recursos necesarios, lo cierto es que la inmensa mayoría de las mujeres enfrenta la doble o triple jornada en condiciones aun más adversas producto de la crisis del coronavirus, que ha intensificado la exigencia de trabajo doméstico y de cuidado a niveles que no conocíamos y frente a lo cual no contamos con herramientas adecuadas para enfrentarlo ni protección alguna.

En condiciones de confinamiento y aislamiento, los riesgos de sufrir alguna clase de violencia en el hogar se multiplican de manera significativa.

Ello en la medida en que muchísimas mujeres se ven enfrentadas al imperativo de quedarse en sus casas, pero encerradas junto a su agresor, aisladas de su entorno y redes habituales, en condiciones de altísimo estrés.

Asimismo, en un contexto de mayor dificultad en la respuesta oportuna de las autoridades y operadores de justicia, por ejemplo, debido a las restricciones impuestas al funcionamiento de los tribunales de justicia, es posible que se retrasen medidas de protección que pueden resultar vitales y que, adicional a ello, los agresores puedan sentirse confiados de actuar en impunidad.

De ahí la necesidad de adoptar medidas especiales para la protección de mujeres y niñas bajo el estado de catástrofe. Resulta urgente dotar de recursos especiales a los organismos que atienden a mujeres en riesgo de violencia y que los tribunales de justicia y fiscales del Ministerio Público otorguen la debida prioridad a esos casos, disponiendo de las medidas de protección pertinentes y su fiscalización. Además de reforzar la línea telefónica de orientación y apoyo (1455), como ha dispuesto el Gobierno, se debe asegurar que las mujeres y sus hijos víctimas de violencia cuenten con ayuda y que puedan salir de sus casas si requieren auxilio, aun en comunas bajo cuarentena e incluso durante el toque de queda.

Pero hasta ahora, estas situaciones de riesgo no han sido contempladas en los instructivos sobre permisos de desplazamiento y salvoconductos.

La vida y la seguridad de las mujeres debe ser resguardada. Las medidas dispuestas por las autoridades hasta ahora no se hacen cargo del mayor riesgo que enfrentan quienes viven situaciones de violencia.

Por otra parte, el sector salud, a cargo de la atención de pacientes afectados por coronavirus, está integrado mayoritariamente por mujeres y la proporción de quienes no cuentan a la fecha con medidas mínimas de prevención es preocupante.

De ahí que resulte urgente asegurar la protección de quienes atienden a la población afectada, así como la dotación de recursos e insumos para la oportuna detección de casos y la atención de quienes lo requieran.

Preocupa especialmente que en el actual contexto se desatiendan las necesidades de salud sexual y reproductiva de mujeres, adolescentes y niñas, y que frente a la postergación de determinados servicios se retrase la atención de quienes han sufrido violencia sexual, de personas viviendo con VIH/SIDA o de quienes quieren evitar un embarazo.

Asimismo, preocupa la escasa información que reciben las embarazadas acerca de los riesgos que enfrentan, los cuidados que requieren y sobre las condiciones en que tendrán sus partos.

En tanto, la atención de quienes enfrentan un embarazo bajo alguna de las tres causales de aborto previstas en la ley –riesgo vital, inviabilidad y violación– amerita especial preocupación, pues si en tiempos normales ya se cuenta con amplia información sobre las dificultades y barreras que enfrentan las mujeres para interrumpir legalmente un embarazo, en tiempos de crisis es altamente probable que dichos obstáculos se intensifiquen y que no existan garantías de que dicha atención será oportunamente brindada por los equipos de salud.

Resulta prioritario que las autoridades, junto con asegurar el diagnóstico y atención de las personas afectadas por coronavirus, resguarden a los y las trabajadoras de la salud, disponiendo las medidas necesarias para su protección, como igualmente debe asegurarse la atención de salud sexual y reproductiva de la población, de las personas que viven con VIH/SIDA, de las víctimas de cualquier clase de violencia, de las mujeres embarazadas y de quienes requieren de métodos anticonceptivos para evitar un embarazo, así como de quienes requieren acceder al aborto en las causales previstas en la ley.

Escribe Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas