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Camila Maturana, abogada Corporación Humanas: “Las candidaturas presidenciales tienen que tener una opinión, una posición, una propuesta de cómo se va a regular, garantizar y proteger la salud y la vida de las mujeres, las niñas y de las personas con capacidad de gestar”

 

El próximo martes 14 de septiembre se cumplen cuatro años de la promulgación de la Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Cuatro años de marchas, procesos legislativos y debate, cuyo abordaje ha marcado diferencias entre los distintos sectores políticos de cara a las  elecciones presidenciales y parlamentarias que se aproximan en noviembre próximo.

“Es un tema de políticas públicas, ¿cierto?,” comenta Camila Maturana, abogada feminista de Corporación Humanas, en conversación con el Observatorio Género y Equidad al ser consultada sobre la instalación que ha tenido, desde 2017, la discusión del aborto en Chile luego de la despenalización en tres  causales. Hecho que cambió el paradigma y posicionó la discusión en torno a los  derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Las candidaturas  presidenciales tienen que tener una opinión, posición, propuesta de cómo se va a regular para garantizar y proteger la salud y la vida de las mujeres y las niñas y las personas con capacidad de gestar”, remarca  la abogada.

Debate que, según anticipa, se llevará a cabo en la antesala del debate legislativo que se está desarrollado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto, puntualmente, respecto a la votación del  proyecto que protegerá a personas con capacidad de gestar en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Moción que fue discutida el miércoles 1 de septiembre y que obtuvo  82 votos a favor, 48 en contra  y seis  abstenciones.

 

 

“Se va a dar en plena campaña para la reelección, ya sea para quienes van a la reelección como diputadas y diputados, o para quienes quieran ir al Senado. Eso es importante, porque la ciudadanía puede conocer qué es lo que piensan y qué es lo que va hacer el candidato o la candidata; cómo se posiciona respecto de los derechos de las mujeres y las niñas. Si legisla en base a las obligaciones que el Estado de Chile tiene en materia de derechos humanos, a lo que dicen los tratados internacionales, o legisla de acuerdo a sus condiciones personales”, reflexiona Maturana.

Según plantea, las y los chilenos no han tenido la oportunidad de conocer a quiénes piensan que las mujeres deben seguir siendo encarceladas, o en otras palabras, abortar bajo la amenaza del castigo penal, y quiénes piensan que las mujeres deben ser protegidas, y que la decisión de interrumpir el embarazo no sea impuesta a través del Código Penal.”

Seguir ese camino permitiría “avanzar un paso más allá, lo que implica dar garantía en la atención de salud para evitar que se continúe reproduciendo la desigualdad entre las mujeres, porque “si no está despenalizado y eres una mujer migrante o una adolescente migrante, no podrás acceder a un aborto seguro y en un entorno digno y protegido”

Aborto, la deuda de la política chilena

Con más de 20 años en organizaciones feministas y participando activamente desde entonces en la discusión del aborto en Chile , Camila Maturana, abogada feminista de Corporación Humanas, recuerda con gran entusiasmo lo que fue el inicio de un camino de lucha por posicionar y visibilizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

Comenzó trabajando en la Casa de la Mujer de Valparaíso una línea de trabajo sobre maternidad voluntaria, paralelamente participó en Kaleitas, colectiva feminista, y en el Foro Red de Salud y Delitos Sexuales y Reproductivos. Esta última, según comenta, fue una organización sumamente importante en la discusión de aborto en los 90.

En ese entonces, recuerda Maturana, se derogó el aborto terapéutico y comenzó la reinstalación del parlamento elegido democráticamente. “Las feministas ingenuamente pensamos que una de las primeras medidas que el parlamento iba a tomar, era cambiar esa ley que acababa de aprobar la dictadura para impedir a las mujeres su derecho a la salud. Y bueno, se presentaron proyectos de ley por parlamentarias feministas”.

Reflexiones que también rememoran manifestaciones en las que participaba junto a otras feminista de Valparaíso, sagradamente el último viernes de cada mes. “Por supuesto, que hacíamos muchas actividades callejeras, íbamos al Congreso con pancartas y nunca, ningún medio cubría lo que nosotras hacíamos”.

En ese entonces, describe, las demandas feministas por el aborto y todos las temáticas que derivan de este en el marco del derecho sexuales y reproductivos, se tradujeron en levantar un trabajo que permitiese modificar las legislaciones y abolir su criminalización del Código Penal; demanda que se mantiene hasta hoy.

Luego de la incorporación y escalada del aborto en la agenda pública como una violación a los derechos humanos, se  instaló en el debate la criminalización, el maltrato y los problemas que traían las denuncias contra las mujeres en los hospitales. Desde entonces “los partidos políticos mantienen una deuda en esta materia que incluso empieza a ser representada y reprochada por organismos de Naciones Unidas a Chile”, relata Maturana.

Posteriormente, en 2017,  con la ley circunscrita a tres casuales,  se plantean varios problemas. El principal: “No reconocer a las mujeres y las niñas como sujetas plenas de derechos. Sólo se garantiza la atención de salud cuando se trata de estas tres causales; muy específicas y acotadas. Todas las otras mujeres que necesitan o deciden abortar fuera de las tres causales, siguen estando forzadas a interrumpir su embarazo en condiciones de ilegalidad y de clandestinidad. Además, esta ley instaura esta figura de la objeción de conciencia”, explica Camila Maturana.

La abogada recuerda que al inicio del debate en torno a las tres causales y como feministas, algunas apoyaron la iniciativa a pesar de no estar de acuerdo con la proyección de la normativa implementada porque “consideramos que era un paso necesario para salir de esta situación de criminalización total”.

 

 

Así, Camila Maturana cuenta que desde Corporación Humanas elaboraron una propuesta de ley sobre despenalización dentro de las primeras 14 semanas. La iniciativa fue presentada a otras organizaciones feministas quienes apoyan el documento, y finalmente, fue entregada a las parlamentarias feministas.

Durante el 2018,  se comenzaron a reunir los apoyos entre las y los parlamentarios, socializando el proyecto y discutiendo el contenido. Era una moción bien simple: modificar el Código Penal para que el aborto no sea delito.

En ese entonces, el escenario era más bien complejo. Las movilizaciones tras el mayo feminista recién habían comenzado a tomar vuelo y la posibilidad de modificar la Constitución para instalarlo como dentro del debate constituyente , parecía una opción más bien lejana. “Como estamos en un gobierno conservador, opositor a los derechos sexuales y reproductivos, sabíamos que no había ninguna posibilidad de que apoyaran la iniciativa. Por lo tanto, no podíamos pensar en que ese era un proyecto que estableciera garantías de atención, porque estas implican un financiamiento y un gasto público que sólo puede presentar en el Ejecutivo”, detalla Maturana.

“Presentamos este proyecto, muy acotado, sin duda. No es una propuesta feminista que garantice la atención de las mujeres, porque si tú despenalizas, finalmente se mantienen inalteradas prácticamente las desigualdades estructurales entre las mujeres, porque las mujeres no abortamos en las mismas condiciones, la ilegalidad o la falta de garantía de atención de salud, perjudica y afecta de manera mucho más grave a mujeres pobres, jóvenes y niñas, pobres y migrantes, principalmente”.

El proyecto tocó puerto y fue presentado junto a varias mujeres que marcaron presencia dentro del parlamento. Cada una con su pañuelo verde colgado en el cuello y otros que fueron instalados en los pasillos de la Cámara de Diputados, “¡ fue hermoso!”, recuerda Maturana. “Y ahí quedó”, dice inmediatamente.

“La Comisión de la Mujer recién estaba creada –en el 2018–, había muchos proyectos pendientes, urgentes, que generaban más apoyo que este. Las diputadas decidieron dejarlo para más adelante y avanzar en iniciativas que tenían apoyo transversal, que no era el caso lógicamente la despenalización”, explica.

Criminalización del aborto en Chile

En enero 2021, a partir de la aprobación en Argentina de la ley de aborto, cuenta que las diputadas vuelven a poner en discusión el proyecto que incorpora la despenalización dentro de las primeras 14 semanas. “Sabiendo que no tenía apoyo transversal. En esa discusión en la Comisión de la Mujer, que tuvo lugar hasta el lunes 9 de agosto, se recibieron en sucesivas ocasiones a organizaciones a favor y en contra de la moción.  Sin embargo, al momento de la votación, quedó en evidencia que no sólo las diputadas oficialistas no apoyaban este proyecto, sino también las diputadas de la Democracia Cristiana, que era algo esperado”.

Camila Maturana plantea que “es difícil entender cómo las diputadas pueden decir ‘yo no estoy de acuerdo’, no encuentro justo que una mujer vaya a la cárcel por abortar, pero que aún así voten en contra de una ley que permitiría que las mujeres no sufran la amenaza del castigo penal. Es una contradicción, porque si tú votas en contra de despenalizar lo que estás diciendo, es que ¡esto es lo que corresponde’, que las mujeres vayan presas”.

La criminalización de las mujeres es una realidad.  Un hecho conocido, abierto y público. “Gendarmería dijo que no había ninguna mujer condenada por aborto, pero resulta que si tú miras las cifras del Ministerio Público, desde el 2010 hasta el 2020, es decir en los últimos 11 años, tienes en promedio más de 170 mujeres ingresadas al Ministerio Público por delito de aborto fuera de las tres causales. La criminalización existe, y cómo esas cifras no están desagregadas, no sabemos a quién impacta directamente. Esto quiere decir que la actual ley no soluciona el problema porque siguen existiendo denuncias, casos nuevos investigados”.

Así, la ruta de la criminalización, comenta, se inicia desde el momento en que surgen las complicaciones, en que es necesaria la atención médica y en el momento en que se instala el temor por ir al hospital; miedo al maltrato y a la denuncia. “Los equipos de salud permiten que la policía entre a tomarles declaración estando hospitalizadas. Hay mujeres que son atendidas engrilladas para que no se escapen porque están bajo una investigación penal. En otros casos, cuando no van presas, tienen que dar declaraciones. Hay mujeres que viven en la incertidumbre de si  serán condenada o si finalmente su caso se va a  archivar, qué es lo que ocurre la mayoría de las veces”.

Según lo establecido por Naciones Unidas, los estados no deben penalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo porque la criminalización incrementa los riesgos para la salud y la vida de las mujeres. En este sentido, Camila Maturana insiste que el impulso y la visibilización que ha tenido el aborto en Chile ha marcado pauta, transformándolo en un tema que va más allá de lo valórico.

Derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución

En atención al abordaje que tendrán los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y para todas las personas, Camila Maturana es tajante: “Deben plantearse sin discriminación de ejercer la sexualidad plena como fuente de desarrollo personal, y elegir y adoptar decisiones en materia de reproducción, que evidentemente,  involucran a las disidencias sexuales y afectan, principalmente, a las mujeres, ante la falta de protección a estos derechos”.

 

 

En esa misma línea, Maturana agrega: “Esperamos que las y los constituyentes tengan un compromiso con los derechos humanos, así lo han manifestado, que apoyen los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución. Desde la plataforma Nada Sin Nosotras, hicimos un mapa (Zoom Constitucional) en que revisamos los programas de candidaturas de los 155 constituyentes electos, y el 45% tiene compromisos expresos con derechos sexuales y reproductivos. Necesitamos una Constitución que reconozca expresamente la autonomía de las personas para decidir respecto de su cuerpo, su sexualidad y su reproducción a todas las personas, incluyendo a  mujeres, adolescentes, niñas, disidencias sexuales y otros colectivos vulnerabilizados”.

Por Fernanda Robles, periodista del Observatorio de Género y Equidad

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A cuatro años del aborto en tres causales: “Quienes van de candidatos(as) deben decidir de qué lado están»

A cuatro años del aborto en tres causales: “Quienes van de candidatos(as) deben decidir de qué lado están»

 

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, y la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, conversaron con El Mostrador Braga sobre los cuatro años desde la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los procesos legislativos y el debate que ha generado en los sectores políticos de cara al nuevo proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias. Para las expertas es vital evidenciar los trabajos políticos que se han realizado desde la vuelta a la democracia, la penalización del aborto en dictadura y la poca preocupación de los sectores políticos en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. En este sentido, Maturana considera que se viene un buen pronóstico por delante, puesto que, sea a través de un(a) Presidente(a) o de la Convención Constitucional, tras el estallido social “los tomadores de decisiones ya no pueden ignorar los requerimientos de la ciudadanía”.

El aborto ha sido un punto de división social desde los orígenes del país y uno de los ejes de los conflictos políticos entre distintos sectores. Ya era condenado en el Código Penal de 1874 por la influencia española, hecho que solo cambió 57 años después, en 1931, cuando se despenalizó el terapéutico. Este avance retrocedió en dictadura, y luego avanzó con creces en 2017 con la despenalización en tres causales y el cambio de paradigma socio-cultural respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A partir de entonces, es que la discusión por un aborto libre se instala como algo más tangible.

Actualmente, con la nueva Constitución y las elecciones presidenciales en la mira, el debate por el aborto despenalizado y bajo ninguna causal, ha tomado la agenda de los programas gubernamentales y políticos. Si bien es una demanda que proviene de décadas, se retomó con fuerza en la opinión pública durante el estallido social.

En este sentido, tanto para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, como para la abogada y encargada de incidencia legislativa de Corporación Humanas, Camila Maturana, ha existido una dualidad en los sectores políticos, especialmente en los de “centro”, sin embargo, ambas coinciden en que alejarse de esta demanda feminista histórica, es considerarse un partido que está “en contra de los derechos de las mujeres”. Para las especialistas, “siempre fue difícil que los sectores de derecha y centro aceptaran el aborto en tres causales, especialmente la tercera causal de violación”, puntualiza Casas.

Para Maturana, la discusión ha ido cambiando el tono y es eso lo que la diferencia de hablarlo en 2021 que en 1990. Cada vez se ve menos como una muestra valórica, y más se advierte desde un derecho humano, y eso lo han comprendido ciertos sectores políticos. “En la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, el debate de las tres causales permitió plantear la conversación social”, sostiene.

En noviembre de este año habrá elecciones presidenciales y parlamentarias, y el derecho al aborto no ha estado exento de polémicas. El candidato presidencial por la alianza Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha expuesto abiertamente su apoyo a la despenalización total, al igual que la libre autonomía de decidir.

Caso contrario ocurre con los candidatos de derecha, ya sea la coalición Chile Podemos + o el Partido Republicano, donde Sebastián Sichel y José Antonio Kast, respectivamente, se oponen a su legalización. Para Sichel, las tres causales son suficientes para acceder al aborto, “mantendría las cosas tal como están”, en cambio Kast recurre a la oposición total de la legalización.

Por otro lado, la apuesta de Unidad Constituyente (ex Concertación), Yasna Provoste, ha tenido una posición dual. Si bien ella ha manifestado estar a favor, su partido (DC) se ha mostrado contrario a la despenalización y a su legalización.  

“Quienes van de candidatos(as) deben decir desde qué lado están, si desde los derechos de las mujeres y las niñas, para cumplir las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado al firmar los tratados, o si quieren defender sus propias convicciones morales y religiosas, incluso imponiéndolas a otros a través de la ley o de ‘mi cargo de representante ciudadano’. Es muy importante dejarlo en evidencia”, plantea Maturana.

Para Casas, el aborto no es una temática que la derecha considerará, ya que “históricamente han estado en contra de los derechos de las mujeres”, pero pone énfasis en la diferencia de opinión que genera esta discusión al interior de Unidad Constituyente y su candidata.

“Ella (Yasna Provoste) como candidata tiene que mostrar un paso más allá de su coalición, sin embargo, va a tener que enfrentarse a su propio sector, donde no necesariamente va a contar con los votos. Eso le pasó a la Presidenta Bachelet, donde no solo los detractores estaban en la oposición, sino que también en su propio Gobierno”.

Por otro lado, Boric tiene una postura mucho más clara. “Si fuéramos los hombres quienes nos embarazáramos sin desearlo (incluso ante la violencia de una violación), el aborto en Chile hace mucho tiempo sería legal”, ha opinado en debates parlamentarios acerca de la temática. Sin embargo, se le ha criticado por su postura y votación en proyectos defendidos por la derecha, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos, como la Ley Antibarricadas, una ley que para el excandidato presidencial Daniel Jadue es la causa de que “hoy día tengamos muchos presos políticos del estallido social”.

El cambio de paradigma

Cuando se habla de aborto, sobre todo desde la comunidad internacional, se hace desde una perspectiva de derechos humanos, eso es una novedad respecto de lo que fueron los debates antes, porque el aborto ya no se ve desde el punto de vista valórico. Para Maturana, en la medida en que la misma discusión estaba estigmatizada y silenciada, la aprobación de las tres causales permitió plantear la conversación social, y que en las casas, en las onces, se hablara de los abortos, “porque las mujeres abortamos con o sin ley, siempre a lo largo de la historia, pero las condiciones son muy distintas cuando es ilegal, al hacerlo en la clandestinidad acarreas mucho estigma”, expresa.

Eso importa mucho en la discusión legislativa. Para la abogada, entregarle a una mujer autonomía para decidir sobre su vida cambia a una sociedad, la historia lo ha demostrado con la pastilla de emergencia y con los anticonceptivos, y por eso es que hay sectores conservadores que, al ver que desde lo moral y lo valórico “ya no resulta”, entonces buscan “tener un argumento para que esa opresión en el Código Penal no sea explícita, hay que darle otra apariencia, como ‘la protección de la vida’, por ejemplo, porque no puedes decir ‘no queremos que las mujeres sean libres’”, analiza.

Todo esto considerando que estamos en un contexto país donde se está discutiendo la nueva Constitución, para Casas y Maturana, en ella se va a hablar de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo porque “es un espacio mucho más representativo de las distintas sensibilidades, valores que la ciudadanía tiene. La composición de la Convención representa mucho mejor a la ciudadanía chilena que el Parlamento”. 

Si bien apenas un 4,5% de los programas de las y los constituyentes incluyen propuestas explícitas respecto al derecho al aborto, según concluye un informe del Observatorio Nueva Constitución, el 65,1% incluye demandas feministas o pro-mujer en sus propuestas. Del total, el 57,4% tiene un perfil feminista y el 7,7% se pronuncia respecto a propuestas pro-mujer.

A pesar de las dificultades sociales y políticas que se presentan respecto a esta problemática, la abogada Maturana considera que hay un futuro prometedor, y que el cambio se dará sí o sí, sea a través de un nuevo Presidente o nueva Presidenta, o a través de la Convención Constitucional.

“Yo lo veo todo muy positivo, considerando el tiempo transcurrido y las posiciones rígidas que estos actores han tenido en el tiempo, estamos en un momento en donde las demandas feministas en Chile y el mundo se han encalado con mucha fuerza, dando cuenta de una legitimidad social muy importante que hace unos años no era reconocida por los tomadores de decisiones, y hoy, en pleno proceso constituyente, en el marco de un estallido social que se mantiene, de un malestar social por una falta en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas, es mucho más difícil para los tomadores decisiones oponerse a las demandas y a los estatutos establecidos por los organismos internacionales”, indica.

¿Qué pasa con el aborto desde la aprobación de las tres causales?

A pocos días de cumplirse cuatro años de la promulgación de la Ley 21.030, que legaliza el aborto en tres causales, se han realizo más de dos mil interrupciones del embarazo desde 2018 hasta la actualidad. Tres causales que, para muchas organizaciones sociales, no son suficientes para ejercer el derecho de soberanía de los cuerpos.

El jueves 14 de septiembre de 2017 fue promulgada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si bien las causales fueron un avance en la salud pública, los lemas de “no bastan tres causales” o “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, comenzaron a tomar fuerza debido a la no protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.

A pocos días de ese jueves 14 de septiembre, el médico Gonzalo Rubio, primera persona que realizó un aborto legal en Chile –a una menor proveniente de Chiloé–, cuestionó la poca preparación del personal de salud, además de la poca información que el Estado entrega a la ciudadanía. Asimismo, argumentó que “es necesario que la formación académica de los médicos profundice en las medidas anticonceptivas e interrupciones de los embarazos y consideren un enfoque de género en el que se respeten los derechos de las mujeres”. 

Bajo los últimos meses del Gobierno de Bachelet, su equipo se aseguró de iniciar capacitaciones en técnicas de vaciamiento uterino, sin embargo, esa capacitación cesó a partir de la llegada del Presidente Sebastián Piñera. «Ahora, solo un 29% de aquellos que trabajan en equipos médicos están capacitados”, indica la experta en Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas.

Las tres causales en cifras

La Ley 21.030 contempla las siguientes causas:

1. Que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Este tipo de aborto puede ocurrir durante toda la gestación.

2. Que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida. Al igual que la causal anterior, no tiene límite de temporalidad.

3. Que señala que, si hubo delito de violación, el aborto se puede realizar hasta la semana 12 de gestación. Si esto ocurre en una menor de 14 años, puede ser hasta las 14 semanas.

De acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dentro de la causal 1 se han realizado 797 IVE en cuatro años, es decir, un 31,2% del total. Si se desglosa desde 2018, año en que comenzó a contabilizarse esta intervención médica, hubo 262 en todo el territorio nacional y durante este año, hasta el mes de junio, se contabilizaron 108 casos.

Respecto de la causal 2, hubo 346 casos en 2018 y 192 hasta junio de 2021. Por otro lado, la causal 3, la que genera más conflictos entre los grupos conservadores y algunos políticos, ha sido la que posee menor cantidad de casos. En 2018 hubo 124, y en 2021, hasta junio, solo 48.

Para la abogada Lidia Casas, la tercera causal tiene bajos números de aborto debido a varios factores. Uno de ellos es la limitante temporal (12 o 14 semanas), a diferencia de las otras causales, que puede ser en todo el periodo gestacional. Además, agrega que no se sabe el número exacto de niñas y mujeres que acceden a esta causal porque están fuera de plazo.

El segundo punto, explica, es que existe un “prejuicio de la agresión sexual”, es decir, en las dos primeras causales está presente la base médica, donde hay un diagnóstico, sin embargo, en el caso de una violación, este no está presente y solo depende del relato de la niña y/o mujer.

“Si a las mujeres no les creemos y hay una serie de prejuicios que están en la base sobre la violencia sexual, tendremos problemas con esa causal. Además se cruzan con otro tipo de prejuicios en los prestadores de salud (…). En otros estudios se revelan que hay 264 nacimientos con niñas menores de 14 años, entonces, cuando hablamos de esto, inmediatamente estamos en una hipótesis de violación, así la ley lo establece. La pregunta es: a esas 264 niñas, ¿alguna vez se les ofreció la posibilidad de interrumpir ese embarazo? Nosotras creemos que no”, enfatiza la especialista.

Gráfico nº1: Totalidad de abortos en tres casuales periodo 2018-2021

 

Fuente: Minsal

 

Gráficos nº2:  Abortos por región en los cuatro años 

 

Fuente: Minsal

 

Gráfico nº3: Abortos realizados en centros de salud público v/s privados 

 

Fuente: Minsal

 

Con respecto al gráfico número tres, Casas comenta que deben realizar más abortos en centros de salud privados, solo que no se informan al Ministerio Público. “También sucede que mujeres que no encuentran satisfacción en clínicas privadas, terminan en el sistema público”, ejemplo de ello es el caso del Hospital San José, quienes recibían a mujeres de distintas regiones del país y de clínicas privadas, para asistirlas en las tres causales. Esto se debe a que las clínicas privadas no quisieron “hacerse cargo” de esta situación.

Las clínicas que han declarado abiertamente objeción de conciencia institucional son: Clínica de la Universidad de los Andes, Hospital Clínico Universidad Católica, Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital de Panguipulli, Hospital de Pucón, Clínica Adventista Los Ángeles y la Clínica Indisa, bajo la tercera causal.

Casas considera que la causal 1 se niega realizar a pesar de que la vida de una mujer esté en peligro, por lo que es contradictorio por parte de las médicas y los médicos que ejercen la objeción de conciencia. 

Según la investigación “Monitoreo Interrupción Voluntaria del Embarazo, agravado por la pandemia del Covid – 19”, de la Corporación Miles, los médicos obstetras son quienes presentan mayor cantidad de objetores para todas las causales: 19,92% para la causal riesgo de vida para la madre, 27,42% para inviabilidad fetal y 46,72% para violación.

Finalmente, para ambas especialistas, es de vital importancia revisar la objeción de conciencia, puesto que significaría que el derecho humano de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no se está respetando.

(*) El Mapa de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales 2018-2021 es un informe interactivo de Data Intelligence con datos obtenidos desde El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), por medio del portal de «datos abiertos» en deis.minsal.cl buscando con palabra clave «IVE». Este Mapa contiene información hasta junio 2021. Debido a que DEIS realiza actualización cada 3 meses.

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Llamamiento público: Asamblea popular y estado de alerta permanente por la legalización del aborto

El lunes 9 de agosto de 2021, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados ha rechazado legislar en torno a la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, iniciativa promovida por organizaciones de mujeres y feministas en 2018 frente a las falencias de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales (Ley No 21.030). Por 7 votos en contra y 6 a favor, dicha instancia ha negado resguardar un mínimo de dignidad a quienes deciden abortar (Boletín Legislativo No 12.038-34).

EXISTE abundante evidencia acerca de que la criminalización del aborto no impide ni disuade a las mujeres de realizarlo, pero sí profundiza las desigualdades sociales (Organización Mundial de la Salud, 2012). Además, numerosos organismos internacionales han relevado que los Estados no deben aplicar sanciones penales a quienes se sometan a un aborto ni a los proveedores de servicios médicos que las ayuden, pues la penalización fuerza a las mujeres a recurrir a abortos en condiciones de riesgo (Comité de Derechos Humanos, 2019). La criminalización del aborto no solo es una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino también una manifestación de la violencia de género, constitutiva de una violación a los derechos humanos (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2017).

EXISTEN hace décadas guías e instructivos elaborados por organismos competentes que garantizan procesos de abortos seguros, entre ellos la OMS, CLACAI y FIGO, además de toda la evidencia levantada por las redes de acompañantes de aborto en Latinoamérica y el mundo.

No existen razones epidemiológicas ni de salud para negar el acceso garantizado al aborto seguro y legal, que además es de bajísimo costo. Lo que EXISTE es misoginia, desinformación, criminalización, estigma y desprotección de la salud.

Entonces nos preguntamos ¿EXISTEN autoridades democráticamente elegidas que prioricen la dignidad y la salud de las mujeres? Creemos que no.

Por ello, invitamos a las Organizaciones Sociales y Feministas a plegarse a la ASAMBLEA POPULAR Y ESTADO DE ALERTA PERMANENTE POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO, pues lo que nos toca es posicionar en el proceso constituyente los elementos necesarios para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo el acceso al aborto seguro. Porque quienes abortamos EXISTIMOS.

Esperamos generar colectivamente una propuesta integral que permita legalizar el aborto.

Por la vida y dignidad de las mujeres, las niñas y personas con capacidad de gestar Por un aborto legal y libre de estigmas

Para sumar organizaciones escríbenos a: contacto@redporderechoadecidir.cl observadorasleydeaborto@riseup.net

CRONOGRAMA DE ACCIÓN

Desde el 9 al 26 de agosto de 2021:
Suma a tu organización a la Asamblea Popular y Estado de Alerta Permanente por la Legalización del Aborto

Sábado 28 de agosto de 2021, 12 hrs: Sesión inaugural Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto

RED CHILENA DE PROFESIONALES POR EL DERECHO A DECIDIR

CORPORACIÓN HUMANAS – CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO

RED NACIONAL DE ACOMPAÑANTES DE ABORTO CON LAS AMIGAS Y EN LA CASA

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Justicia de género y acceso a la salud: lo que hay detrás del proyecto de despenalización del aborto

La iniciativa busca dejar atrás la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de criterios de plazos y no solo de causales, como lo dispone la legislación actual. «No es aborto legal, porque para que lo sea el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso» explica la diputada Marcela Sandoval.

maternidad deseada

 

Fue en 2018 cuando las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola  (PC), Camila Rojas, Claudia Mix (Comunes), Maite Orsini , Catalina Pérez (RD), Natalia Castillo (Ind.), Gael Yeomans (CS),  Daniela Ciccardini , Emilia Nuyado (PS),  Cristina Girardi (PPD) y  la ahora senadora Loreto Carvajal (PPD) presentaron  una moción que busca  modificar el Código Penal y despenalizar así la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

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¿Cómo hablamos de aborto?

“Si tú no estuvieras todavía seguiría siendo la niña de la casa. Yo estaría estudiando, no tendría que estar trabajando a esta edad. Si tú no estuvieras yo estaría casada con el hombre que yo quería. Si tú no estuvieras yo… me muero”, dice una joven mientras mira por la ventana a una niña de no más de dos años. Luego aparece una leyenda que dice: “Un embarazo no deseado cambia tu vida, pero puede ser mejor”. El video es parte de la campaña antiaborto de la Fundación Chile Unido, que se transmitió en televisión abierta en el país, el año 2004. El otro video que era parte de la campaña, mostraba a una adolescente con uniforme escolar sentada en una mesa susurrando “me van a matar”, mientras sus padres le sirven el desayuno. Y luego hacen un efecto, como si la cámara entrara a su cuerpo y entonces muestran a un feto diciendo lo mismo: “me van a matar”. El video termina con la siguiente leyenda: “¿Te das cuenta lo que puede hacer tu hija por miedo a contarte que está embarazada?”.

Esta campaña no es la única. Quienes la recuerdan son parte de una generación que creció en la década de los noventa y principios de los dos mil, viendo propaganda de criminalización del aborto, incluso en muchos colegios les mostraron videos de este tipo a niñas, niños y adolescentes como parte del proyecto educativo. Un trabajo comunicacional que según la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), Débora Solís, tuvo un impacto altísimo. “Lo que ahí se muestra no es concreto y tampoco va acompañado de la información necesaria para prevenir un embarazo. No orienta ni informa, sino que sataniza y estigmatiza una situación que a pesar de ser muy cotidiana y real, sigue estando en el lado más oscuro de nuestras cabezas”, explica.

Y es que en temas valóricos como este, suele ocurrir que las campañas apelen más a una cuestión emocional que netamente científica. Así lo explica Cristián Leporati, Director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. “Es un tema complejo porque se cruza con dimensiones ideológicas, políticas y religiosas, y por tanto cualquier comunicación ya sea pro aborto o contra el aborto, está cruzada por estas dos dimensiones y hace que la discusión que uno vea tangibilizada posteriormente en campañas sea muy emocional y poco racional”. Dice además que es complejo porque la dimensión emocional va contaminando toda la retórica que puede tener un comercial, un spot o una campaña en un camino o en el otro.

Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en España, un país que contempla la interrupción del embarazo de manera voluntaria desde julio de 2010. En 2017, el Boletín Oficial del Estado definió a la entidad ultra y antiabortista Más Futuro, como “un instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos”. Ese año la entidad fue declarada como una asociación de utilidad pública por el gobierno de Mariano Rojoy. Desde entonces, disfrutan de ventajas fiscales y asesoría jurídica gratuita para el desarrollo de sus labores, esto es, importunar a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. En el sitio español kamchatka.es cuentan el testimonio de una mujer que tenía muy claro lo que iba a hacer, pero que en las puertas de la clínica Dator –la primera de Madrid autorizada para la realización de abortos de alto y bajo riesgo– se sintió agredida cuando fue asaltada en plena calle por un grupo de cinco mujeres que intentaron socavar su decisión. “Me decían que iba a matar a mi hijo, que no tenía derecho y que ellas podían ayudarme”.

Una trabajadora de la clínica cuenta que todos los días se plantan delante de la puerta, abordan a las mujeres y les entregan folletos, sin que ellas hayan dado su consentimiento. La normativa española establece que las clínicas autorizadas son las encargadas de entregar la información (procesos a seguir dependiendo de la edad gestacional y la valoración médica, así como las posibles complicaciones y riesgos, y los derechos que asisten a las mujeres), sin embargo, la trabajadora cuenta que “una de las prácticas más habituales entre los pelotones antielección es el reparto de panfletos que pueden llevar a confusión por constituir un memorándum de falacias desacreditadas por la ciencia. En uno de ellos, en el que se exhorta a las mujeres a ‘escuchar la llamada de tu consciencia’, advierten de la relación entre el aborto y el cáncer, una conexión desmentida por numerosos estudios médicos”.

Fernanda Marín es investigadora y parte de la red de politólogas. En 2015 realizó la investigación Aborto en Chile: La (NO) discusión de derechos y plantea que las campañas debieran estar enfocadas en entregar información clara y honesta. “No puede haber información que tenga un tinte político para uno u otro bando, porque esto no se trata de bandos, sino que un tema de salud pública, vida digna y derechos humanos”, explica. Agrega que por eso es relevante que exista una ley. “Es fundamental la desistagmitacion social del aborto y con ello no solo me refiero a la idea del aborto como tal, sino que también a la palabra. Acá en comunicaciones y campañas se suele hablar de interrupción del embarazo, se maquilla la palabra porque les parece muy fuerte, pero por ejemplo en Argentina –donde el aborto es legal hace un par de meses– no solo lograron legalizar el aborto como una práctica médica, sino que a la vez removieron el estigma social que tenia la palabra aborto a muchos niveles. Se empezó a hablar de aborto en espacios donde antes no se hablaba como en escuelas y territorios. Y esa labor es muy importante y necesaria para que la discusión pública sea seria y honesta”, agrega.

Un paréntesis en la historia

El dossier Aborto en Chile: avances en derechos humanos, publicado por la Corporación Miles en la biblioteca virtual Scielo España, dice que “las mujeres que se han realizado un aborto en Chile, viven una serie de dificultades para reinsertarse en su vida cotidiana tanto en el contexto familiar como social, debido a que muchas veces tienen que dar explicaciones respecto al por qué se interrumpió el embarazo, además de enfrentar largos procesos de recuperación psicológica, afectando su entorno familiar”. También agrega que si en una sociedad el aborto es permitido existen menos prejuicios sociales y estigmatizaciones. En este sentido la legislación chilena ha sido un terreno fértil para que las campañas antiaborto tuvieran el efecto deseado. De hecho surgen principalmente entre los años 1989 y 2017, cuando la legislación sanitaria sobre aborto difiere completamente de la que rigió en Chile durante gran parte del siglo XX, donde el aborto era lícito y socialmente aceptado.

La Ley N°18.826, implementada en 1989, sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario y penalizó el aborto en los artículos 342 a 345 del Código Penal. Desde 1931 hasta 1989 el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo por motivos terapéuticos. Las condiciones eran la autorización de dos médicos cirujanos y tener por objeto fines terapéuticos. Sin embargo, a partir de la reforma, el Código Sanitario reguló la interrupción del embarazo en los siguientes términos: “No podrá ejecutarse ninguna acción destinada a provocar el aborto” (Artículo 119). Con la modificación el aborto quedó absolutamente prohibido, tanto en la legislación sanitaria como en la penal. Para Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, este fue un punto de inflexión en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Tras la recuperación de la democracia, lamentablemente, para las mujeres en Chile fue muy difícil poder reestablecer ese derecho. Pasaron casi treinta años hasta que se pudo dictar, en 2017, una ley que permitió avanzar de la criminalización total del aborto, a un modelo de causales”, explica.

Sin embargo, esto no hizo que los abortos dejaran de realizarse. Datos publicados en el dossier de la Corporación Miles indican que aunque el número de abortos que se practican las mujeres en Chile es desconocido porque está penalizado, existen estimaciones de abortos clandestinos anuales que varían entre 160.000 –de acuerdo al único estudio nacional realizado en 1990– a 200.000 según datos del año 1994. Se suman datos del año 2012 –aunque menos corroborados– que señalan que existen 60.000 abortos clandestinos y en el año 2015 esta cifra alcanzaría a 300.000. Débora Solís dice que estas cifras confirman la idea de que las campañas antiaborto lo único que hacen es estigmatizar, porque no ayudan ni a prevenir los embarazos no deseados, ni tampoco los abortos. “Muchas de las niñas o jóvenes que vieron esos videos igualmente se practicaron un aborto, solo que con consecuencias nefastas para su salud mental. O chicas que supieron de experiencias de abortos de sus madres, hermanas o amigas y que inmediatamente las veían como criminales, porque además estos temas hasta hace poco no se conversaban”.

Fernanda Marín explica que esta estigmatización es mucho más fuerte en las generaciones de mujeres que actualmente tienen hasta 40 o 45 años. “Antiguamente era común que las mujeres se hicieran abortos por temas económicos porque no podían tener mas hijos. En el campo siempre han habido “remedios” y existe un gran imaginario en torno a esto. Fue con el cambio en la ley que se transformó en un tema tabú, que fue criminalizado y eso evidentemente afectó a generaciones de mujeres que solo tenemos consciencia respecto a los años en que el aborto fue completamente penalizado legal y socialmente. Tenemos más latente el estigma justamente porque crecimos con estas campañas”.

El rol del estado

Independiente de la tendencia política del gobierno de turno, Fernanda Marín dice que el rol del Estado debiese ser democratizar el acceso a la información. “Estos temas se deben abordar desde un punto de vista de salud pública y en ese sentido, evidentemente se debe tener un rol activo”. Leporati coincide: “Cuando estás en un gobierno indudablemente lo que tiene que primar es la política pública, pero lamentablemente como la discusión cruza con lo emocional, también influye quien esté gobernando. Sin embargo, Chile ha ido madurando y le ha hecho más fácil la tarea a los gobiernos de turno. Hoy un video antiaborto en el que muestren a un feto gritando “me van a matar” resulta muy burdo y sería impensado que se transmita por televisión abierta. La sociedad ha madurado, es más consciente de sus derechos y además está hiperconectada. Si alguien te dice en una campaña que si te haces un aborto te va a dar cáncer, los líderes de opinión van a salir a decir que eso no es cierto”.

Por eso el rol de los movimientos sociales que han relevado este tema es importante. “Todo lo que significa una discusión social y legislativa frente al aborto es difícil, ya que enfrenta importantes resistencias, sin embargo, lo que hemos visto es que los últimos años este debate se ha instalado con mucha fuerza. Los derechos de las mujeres y de las personas con la capacidad de gestar ocupan un lugar relevante en la conversación social y respecto al derecho de decidir o al derecho al aborto libre”, complementa Camila Maturana. “Ahora las chicas tienen más información, escuchan y se hacen parte del debate, entonces las ves hablando de su sexualidad con libertad, hablan de placer, de protección, de consentimiento. Ahí te das cuenta de que algo hemos evolucionado. Pero es un camino lento que necesita ir de la mano de una legislación y de una discusión pública que, por sobre todo, se base en la salud y los derechos de las mujeres”, concluye Débora.

Publicado en Revista Paula 

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Monitoreo implementación ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales en relación a la objeción de conciencia de funcionarios/as públicos/as de salud

En Chile, al dictarse la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en septiembre de 2017, junto con aprobarse una legislación restrictiva sobre aborto en situaciones excepcionales (riesgo vital, inviabilidad, violación), se adoptó una normativa amplia y genérica en materia de objeción de conciencia, que la permite no sólo a integrantes de los equipos de salud sino también a centros privados de salud en su calidad de instituciones. Se trata de una regulación que no resguarda el carácter estricto que dicha figura debe tener en conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos y que no cautela de manera adecuada los derechos de las mujeres y las niñas.

Con base en la normativa vigente, parte importante de los equipos de salud que se desempeñan en establecimientos públicos han podido acogerse a la objeción de conciencia para abstenerse de intervenir o participar de procedimientos médicos de interrupción voluntaria del embarazo requeridos por mujeres y niñas afectadas por alguna de las causales contempladas en la legislación. En efecto, a partir de la dictación de la ley y en adelante, la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetor/a de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. De hecho, de acuerdo a la  información reportada por el Ministerio de Salud y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, uno de cada dos obstetras que se desempeña en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital. Pese al transcurso del tiempo, esta alarmante situación no ha mejorado.

La alta proporción de funcionarios/as públicos/as que se ha acogido a la objeción de conciencia constituye una preocupación de la mayor relevancia, pues ello puede obstaculizar el respeto a las decisiones de mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales y dificultar su acceso a una prestación de salud que la legislación reconoce y protege. De ahí que para Corporación Humanas y otras organizaciones y colectivas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes, monitorear en el tiempo la implementación de la ley Nº 21.030, la realidad de la objeción de conciencia y la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país constituya una temática prioritaria, que reviste especial importancia en contexto de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 por las barreras que de ello han derivado a las atenciones en salud sexual y reproductiva y acceso al aborto legal.

Más allá de la preocupación que suscita la alta proporción de obstetras y otros/as integrantes de los equipos de salud de establecimientos públicos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto en tres causales que se declara objetor/a de conciencia, y que ello se mantenga en el tiempo, cabe señalar que dicha realidad no es homogénea a nivel nacional y que se presentan, además, particularidades territoriales que resulta necesario atender.

El reciente monitoreo llevado a cabo por Corporación Humanas permite identificar que en parte importe de los hospitales públicos –27 de 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información–, la proporción de médicos/as obstetras objetores/as de conciencia es superior a dos tercios de las contrataciones y que en cinco establecimientos la totalidad declara tal calidad, como ocurre en los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén. Además, entre los hospitales públicos en que los/as obstetras objetores/as superan los dos tercios se encuentran siete hospitales regionales, Antofagasta, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, establecimientos a los que corresponde la resolución de las necesidades de atención de la población regional. Asimismo, presentan esta elevada proporción de objetores de conciencia los hospitales Luis Tisné y Melipilla de la Región Metropolitana, Vallenar en la zona norte, y los hospitales de San Felipe, Rengo, Santa Cruz, Linares, Coronel, Lota, Cañete, Angol, Victoria, Nueva Imperial, Osorno y Castro de la zona centro y sur.

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