usticia de género y acceso a la salud: lo que hay detrás del proyecto de despenalización del aborto

La iniciativa busca dejar atrás la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de criterios de plazos y no solo de causales, como lo dispone la legislación actual. “No es aborto legal, porque para que lo sea el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso” explica la diputada Marcela Sandoval.

maternidad deseada

 

Fue en 2018 cuando las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola  (PC), Camila Rojas, Claudia Mix (Comunes), Maite Orsini , Catalina Pérez (RD), Natalia Castillo (Ind.), Gael Yeomans (CS),  Daniela Ciccardini , Emilia Nuyado (PS),  Cristina Girardi (PPD) y  la ahora senadora Loreto Carvajal (PPD) presentaron  una moción que busca  modificar el Código Penal y despenalizar así la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

¿Cómo hablamos de aborto?

“Si tú no estuvieras todavía seguiría siendo la niña de la casa. Yo estaría estudiando, no tendría que estar trabajando a esta edad. Si tú no estuvieras yo estaría casada con el hombre que yo quería. Si tú no estuvieras yo… me muero”, dice una joven mientras mira por la ventana a una niña de no más de dos años. Luego aparece una leyenda que dice: “Un embarazo no deseado cambia tu vida, pero puede ser mejor”. El video es parte de la campaña antiaborto de la Fundación Chile Unido, que se transmitió en televisión abierta en el país, el año 2004. El otro video que era parte de la campaña, mostraba a una adolescente con uniforme escolar sentada en una mesa susurrando “me van a matar”, mientras sus padres le sirven el desayuno. Y luego hacen un efecto, como si la cámara entrara a su cuerpo y entonces muestran a un feto diciendo lo mismo: “me van a matar”. El video termina con la siguiente leyenda: “¿Te das cuenta lo que puede hacer tu hija por miedo a contarte que está embarazada?”.

Esta campaña no es la única. Quienes la recuerdan son parte de una generación que creció en la década de los noventa y principios de los dos mil, viendo propaganda de criminalización del aborto, incluso en muchos colegios les mostraron videos de este tipo a niñas, niños y adolescentes como parte del proyecto educativo. Un trabajo comunicacional que según la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), Débora Solís, tuvo un impacto altísimo. “Lo que ahí se muestra no es concreto y tampoco va acompañado de la información necesaria para prevenir un embarazo. No orienta ni informa, sino que sataniza y estigmatiza una situación que a pesar de ser muy cotidiana y real, sigue estando en el lado más oscuro de nuestras cabezas”, explica.

Y es que en temas valóricos como este, suele ocurrir que las campañas apelen más a una cuestión emocional que netamente científica. Así lo explica Cristián Leporati, Director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. “Es un tema complejo porque se cruza con dimensiones ideológicas, políticas y religiosas, y por tanto cualquier comunicación ya sea pro aborto o contra el aborto, está cruzada por estas dos dimensiones y hace que la discusión que uno vea tangibilizada posteriormente en campañas sea muy emocional y poco racional”. Dice además que es complejo porque la dimensión emocional va contaminando toda la retórica que puede tener un comercial, un spot o una campaña en un camino o en el otro.

Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en España, un país que contempla la interrupción del embarazo de manera voluntaria desde julio de 2010. En 2017, el Boletín Oficial del Estado definió a la entidad ultra y antiabortista Más Futuro, como “un instrumento de integración, participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos”. Ese año la entidad fue declarada como una asociación de utilidad pública por el gobierno de Mariano Rojoy. Desde entonces, disfrutan de ventajas fiscales y asesoría jurídica gratuita para el desarrollo de sus labores, esto es, importunar a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. En el sitio español kamchatka.es cuentan el testimonio de una mujer que tenía muy claro lo que iba a hacer, pero que en las puertas de la clínica Dator –la primera de Madrid autorizada para la realización de abortos de alto y bajo riesgo– se sintió agredida cuando fue asaltada en plena calle por un grupo de cinco mujeres que intentaron socavar su decisión. “Me decían que iba a matar a mi hijo, que no tenía derecho y que ellas podían ayudarme”.

Una trabajadora de la clínica cuenta que todos los días se plantan delante de la puerta, abordan a las mujeres y les entregan folletos, sin que ellas hayan dado su consentimiento. La normativa española establece que las clínicas autorizadas son las encargadas de entregar la información (procesos a seguir dependiendo de la edad gestacional y la valoración médica, así como las posibles complicaciones y riesgos, y los derechos que asisten a las mujeres), sin embargo, la trabajadora cuenta que “una de las prácticas más habituales entre los pelotones antielección es el reparto de panfletos que pueden llevar a confusión por constituir un memorándum de falacias desacreditadas por la ciencia. En uno de ellos, en el que se exhorta a las mujeres a ‘escuchar la llamada de tu consciencia’, advierten de la relación entre el aborto y el cáncer, una conexión desmentida por numerosos estudios médicos”.

Fernanda Marín es investigadora y parte de la red de politólogas. En 2015 realizó la investigación Aborto en Chile: La (NO) discusión de derechos y plantea que las campañas debieran estar enfocadas en entregar información clara y honesta. “No puede haber información que tenga un tinte político para uno u otro bando, porque esto no se trata de bandos, sino que un tema de salud pública, vida digna y derechos humanos”, explica. Agrega que por eso es relevante que exista una ley. “Es fundamental la desistagmitacion social del aborto y con ello no solo me refiero a la idea del aborto como tal, sino que también a la palabra. Acá en comunicaciones y campañas se suele hablar de interrupción del embarazo, se maquilla la palabra porque les parece muy fuerte, pero por ejemplo en Argentina –donde el aborto es legal hace un par de meses– no solo lograron legalizar el aborto como una práctica médica, sino que a la vez removieron el estigma social que tenia la palabra aborto a muchos niveles. Se empezó a hablar de aborto en espacios donde antes no se hablaba como en escuelas y territorios. Y esa labor es muy importante y necesaria para que la discusión pública sea seria y honesta”, agrega.

Un paréntesis en la historia

El dossier Aborto en Chile: avances en derechos humanos, publicado por la Corporación Miles en la biblioteca virtual Scielo España, dice que “las mujeres que se han realizado un aborto en Chile, viven una serie de dificultades para reinsertarse en su vida cotidiana tanto en el contexto familiar como social, debido a que muchas veces tienen que dar explicaciones respecto al por qué se interrumpió el embarazo, además de enfrentar largos procesos de recuperación psicológica, afectando su entorno familiar”. También agrega que si en una sociedad el aborto es permitido existen menos prejuicios sociales y estigmatizaciones. En este sentido la legislación chilena ha sido un terreno fértil para que las campañas antiaborto tuvieran el efecto deseado. De hecho surgen principalmente entre los años 1989 y 2017, cuando la legislación sanitaria sobre aborto difiere completamente de la que rigió en Chile durante gran parte del siglo XX, donde el aborto era lícito y socialmente aceptado.

La Ley N°18.826, implementada en 1989, sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario y penalizó el aborto en los artículos 342 a 345 del Código Penal. Desde 1931 hasta 1989 el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo por motivos terapéuticos. Las condiciones eran la autorización de dos médicos cirujanos y tener por objeto fines terapéuticos. Sin embargo, a partir de la reforma, el Código Sanitario reguló la interrupción del embarazo en los siguientes términos: “No podrá ejecutarse ninguna acción destinada a provocar el aborto” (Artículo 119). Con la modificación el aborto quedó absolutamente prohibido, tanto en la legislación sanitaria como en la penal. Para Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, este fue un punto de inflexión en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Tras la recuperación de la democracia, lamentablemente, para las mujeres en Chile fue muy difícil poder reestablecer ese derecho. Pasaron casi treinta años hasta que se pudo dictar, en 2017, una ley que permitió avanzar de la criminalización total del aborto, a un modelo de causales”, explica.

Sin embargo, esto no hizo que los abortos dejaran de realizarse. Datos publicados en el dossier de la Corporación Miles indican que aunque el número de abortos que se practican las mujeres en Chile es desconocido porque está penalizado, existen estimaciones de abortos clandestinos anuales que varían entre 160.000 –de acuerdo al único estudio nacional realizado en 1990– a 200.000 según datos del año 1994. Se suman datos del año 2012 –aunque menos corroborados– que señalan que existen 60.000 abortos clandestinos y en el año 2015 esta cifra alcanzaría a 300.000. Débora Solís dice que estas cifras confirman la idea de que las campañas antiaborto lo único que hacen es estigmatizar, porque no ayudan ni a prevenir los embarazos no deseados, ni tampoco los abortos. “Muchas de las niñas o jóvenes que vieron esos videos igualmente se practicaron un aborto, solo que con consecuencias nefastas para su salud mental. O chicas que supieron de experiencias de abortos de sus madres, hermanas o amigas y que inmediatamente las veían como criminales, porque además estos temas hasta hace poco no se conversaban”.

Fernanda Marín explica que esta estigmatización es mucho más fuerte en las generaciones de mujeres que actualmente tienen hasta 40 o 45 años. “Antiguamente era común que las mujeres se hicieran abortos por temas económicos porque no podían tener mas hijos. En el campo siempre han habido “remedios” y existe un gran imaginario en torno a esto. Fue con el cambio en la ley que se transformó en un tema tabú, que fue criminalizado y eso evidentemente afectó a generaciones de mujeres que solo tenemos consciencia respecto a los años en que el aborto fue completamente penalizado legal y socialmente. Tenemos más latente el estigma justamente porque crecimos con estas campañas”.

El rol del estado

Independiente de la tendencia política del gobierno de turno, Fernanda Marín dice que el rol del Estado debiese ser democratizar el acceso a la información. “Estos temas se deben abordar desde un punto de vista de salud pública y en ese sentido, evidentemente se debe tener un rol activo”. Leporati coincide: “Cuando estás en un gobierno indudablemente lo que tiene que primar es la política pública, pero lamentablemente como la discusión cruza con lo emocional, también influye quien esté gobernando. Sin embargo, Chile ha ido madurando y le ha hecho más fácil la tarea a los gobiernos de turno. Hoy un video antiaborto en el que muestren a un feto gritando “me van a matar” resulta muy burdo y sería impensado que se transmita por televisión abierta. La sociedad ha madurado, es más consciente de sus derechos y además está hiperconectada. Si alguien te dice en una campaña que si te haces un aborto te va a dar cáncer, los líderes de opinión van a salir a decir que eso no es cierto”.

Por eso el rol de los movimientos sociales que han relevado este tema es importante. “Todo lo que significa una discusión social y legislativa frente al aborto es difícil, ya que enfrenta importantes resistencias, sin embargo, lo que hemos visto es que los últimos años este debate se ha instalado con mucha fuerza. Los derechos de las mujeres y de las personas con la capacidad de gestar ocupan un lugar relevante en la conversación social y respecto al derecho de decidir o al derecho al aborto libre”, complementa Camila Maturana. “Ahora las chicas tienen más información, escuchan y se hacen parte del debate, entonces las ves hablando de su sexualidad con libertad, hablan de placer, de protección, de consentimiento. Ahí te das cuenta de que algo hemos evolucionado. Pero es un camino lento que necesita ir de la mano de una legislación y de una discusión pública que, por sobre todo, se base en la salud y los derechos de las mujeres”, concluye Débora.

Publicado en Revista Paula 

Monitoreo implementación ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales en relación a la objeción de conciencia de funcionarios/as públicos/as de salud

En Chile, al dictarse la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en septiembre de 2017, junto con aprobarse una legislación restrictiva sobre aborto en situaciones excepcionales (riesgo vital, inviabilidad, violación), se adoptó una normativa amplia y genérica en materia de objeción de conciencia, que la permite no sólo a integrantes de los equipos de salud sino también a centros privados de salud en su calidad de instituciones. Se trata de una regulación que no resguarda el carácter estricto que dicha figura debe tener en conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos y que no cautela de manera adecuada los derechos de las mujeres y las niñas.

Con base en la normativa vigente, parte importante de los equipos de salud que se desempeñan en establecimientos públicos han podido acogerse a la objeción de conciencia para abstenerse de intervenir o participar de procedimientos médicos de interrupción voluntaria del embarazo requeridos por mujeres y niñas afectadas por alguna de las causales contempladas en la legislación. En efecto, a partir de la dictación de la ley y en adelante, la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetor/a de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. De hecho, de acuerdo a la  información reportada por el Ministerio de Salud y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, uno de cada dos obstetras que se desempeña en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital. Pese al transcurso del tiempo, esta alarmante situación no ha mejorado.

La alta proporción de funcionarios/as públicos/as que se ha acogido a la objeción de conciencia constituye una preocupación de la mayor relevancia, pues ello puede obstaculizar el respeto a las decisiones de mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales y dificultar su acceso a una prestación de salud que la legislación reconoce y protege. De ahí que para Corporación Humanas y otras organizaciones y colectivas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes, monitorear en el tiempo la implementación de la ley Nº 21.030, la realidad de la objeción de conciencia y la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país constituya una temática prioritaria, que reviste especial importancia en contexto de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 por las barreras que de ello han derivado a las atenciones en salud sexual y reproductiva y acceso al aborto legal.

Más allá de la preocupación que suscita la alta proporción de obstetras y otros/as integrantes de los equipos de salud de establecimientos públicos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto en tres causales que se declara objetor/a de conciencia, y que ello se mantenga en el tiempo, cabe señalar que dicha realidad no es homogénea a nivel nacional y que se presentan, además, particularidades territoriales que resulta necesario atender.

El reciente monitoreo llevado a cabo por Corporación Humanas permite identificar que en parte importe de los hospitales públicos –27 de 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información–, la proporción de médicos/as obstetras objetores/as de conciencia es superior a dos tercios de las contrataciones y que en cinco establecimientos la totalidad declara tal calidad, como ocurre en los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén. Además, entre los hospitales públicos en que los/as obstetras objetores/as superan los dos tercios se encuentran siete hospitales regionales, Antofagasta, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, establecimientos a los que corresponde la resolución de las necesidades de atención de la población regional. Asimismo, presentan esta elevada proporción de objetores de conciencia los hospitales Luis Tisné y Melipilla de la Región Metropolitana, Vallenar en la zona norte, y los hospitales de San Felipe, Rengo, Santa Cruz, Linares, Coronel, Lota, Cañete, Angol, Victoria, Nueva Imperial, Osorno y Castro de la zona centro y sur.

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