La iniciativa busca dejar atrás la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de criterios de plazos y no solo de causales, como lo dispone la legislación actual. «No es aborto legal, porque para que lo sea el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso» explica la diputada Marcela Sandoval.
Fue en 2018 cuando las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola (PC), Camila Rojas, Claudia Mix (Comunes), Maite Orsini , Catalina Pérez (RD), Natalia Castillo (Ind.), Gael Yeomans (CS), Daniela Ciccardini , Emilia Nuyado (PS), Cristina Girardi (PPD) y la ahora senadora Loreto Carvajal (PPD) presentaron una moción que busca modificar el Código Penal y despenalizar así la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.
La legislación penal vigente prescribe, en el artículo 344 del Código Penal, que la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique puede ser condenada a la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es, desde tres años y un día a 5 años.A la vez, en el mismo cuerpo legal existen otras dos disposiciones relativas al aborto que también imponen penas de cárcel para el tercero que causa un aborto consentido por una mujer y al médico que practica o coopera con un aborto consentido por la mujer.
El proyecto de las mencionadas parlamentarias pretende que todas estas situaciones sean despenalizadas cuando la gestación es inferior a las catorce semanas y requiere, necesariamente, que el aborto sea consentido por la mujer.
“El proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género más bien apunta a la despenalización y a liberar de la criminalización tanto de la mujer como de terceros que pueden estar apoyando en esa decisión. Se trata de incorporar algunas modificaciones al Código Penal y no es aborto legal, porque para que lo fuera, el Estado debe formar parte en términos de las garantías de salud, de protección de salud y de que efectivamente el aborto exista como un dispositivo de atención en torno a su acceso”, explica en entrevista con nuestro medio la diputada Marcela Sandoval (RD).
Diputada Marcela Sandoval.
En enero de este año entró en vigencia la ley que permite a a las argentinas abortar de forma legal, libre y gratuita hasta la semana 14, y en Chile, esa misma semana la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la revisión de la moción que pretende despenalizarlo de la manera ya explicada. Las críticas desde el sector conservador se elevaron de manera inmediata, acusando a las parlamentarias de una campaña orquestada apara aprovechar el “vuelito” de lo ocurrido en el país vecino.
Sin embargo el proyecto chileno dista mucho de la interrupción voluntaria del embarazo que rige actualmente en Argentina y así lo detalla la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana.
“En Argentina la legislación es mucho más amplia pues no solo despenaliza la figura del aborto dentro de las primeras catorce semanas, sino que legaliza el aborto estableciendo garantías de atención de salud para las mujeres y adolescentes que así lo requieran y, además en el marco de una ley de educación integral muy importante y de un programa de atención social orientado a apoyar a las mujeres que deciden seguir adelante con sus embarazos”, precisa Maturana.
En el caso chileno, una normativa de ese estilo solo podría provenir desde el Ejecutivo en su rol de colegislador y con materias de iniciativa exclusiva, ya que implicaría gasto público. Al tratarse de una moción parlamentaria, solo pretende avanzar un paso más allá de la legislación actual que permite el aborto en tres causales, ya que esta es muy limitada y permite que puede acceder a él en situaciones muy específicas y excepcionales. Además mantiene vigente las sanciones penales para la inmensa mayoría de las mujeres, adolescentes y niñas que interrumpen sus embarazos por razones distintas de las tres establecidas taxativamente en la ley.
“Se trata de un aborto no sujeto a causales ni autorización de terceras personas, más bien se acerca a un modelo de plazo considerando que se plantea que, dentro de las primeras catorce semanas, el aborto deja de ser un delito”, indica la abogada de Humanas.
Un asunto también sanitario
En Chile existe un número indeterminado de abortos ilegales. Previo a la entrada en vigencia del aborto en tres causales, las cifras del del Ministerio de Salud señalaban que se realizaban más de 33 mil abortos por año, es decir 90 abortos diarios en promedio. Sin embargo, otros estudios ampliaban el número a un rango de entre 60 mil a 70 mil abortos al año, y otras indicaban incluso una cantidad que cuadriplicaba el dato del Minsal con más de 160 mil abortos por año.
Así, el tema del aborto trasciende incluso los principios de igualdad, el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que además se trata de un asunto de salud pública.
Abogada Camila Maturana.
“En la medida que la legislación criminaliza a las mujeres que interrumpen sus embarazos, eso no contribuye a prevenir los abortos. Lo que previene es la educación sexual integral, el acceso amplio a métodos anticonceptivos, leyes que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, etcétera, pero la criminalización no tiene impacto en la disminución o prevención de los abortos. Lo que ocurre es que cuando el aborto es ilegal, las mujeres abortan en condiciones de clandestinidad y eso significa riesgos para su vida, su salud física y mental, y además, como lo han destacado la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, estos riesgos no son iguales para todas las mujeres, porque afecta en mayor medida a las adolescentes, a las mujeres pobres, migrantes y a las que viven en sectores rurales, porque están en situación de mayor vulnerabilidad, por lo tanto, cuentan con menos información, menos redes y menos recursos para poder interrumpir sus embarazos en condiciones de cierta seguridad”, manifiesta Camila Maturana.
Las mujeres chilenas están en una situación de desigualdad con otras mujeres del planeta, debido a que se mantiene coartado su derecho a decidir, pero, incluso dentro de nuestro territorio también hay desigualdades, como señala la diputada Marcela Sandoval.
“Efectivamente hay un efecto en la salud de las mujeres que debe ser abordado por los equipos de salud, sobre todo de los recintos públicos. Muchas mujeres llegan a recibir atención hospitalaria, pero en las estadísticas no aparecen como personas que abortaron, sino que se les registra como con un legrado por razones de aborto espontáneo. Es un tema que se cuida y no se habla mucho, justamente porque una mujer se expone a la cárcel por haber abortado. Hay una responsabilidad de parte del Estado de que esto no puede seguir ocurriendo en un círculo de clandestinidad, porque se expone también a los equipos de salud a tomar estas decisiones para salvar las vidas de las mujeres luego de haber tenido que pasar por un aborto en clandestinidad” indica la parlamentaria.
“Como en muchas otras situaciones, hay sectores de la sociedad que pueden recurrir a la atención de privados donde pueden obtener los resguardos necesarios. Sin embargo, esa acción sigue siendo irregular, ilegal y clandestina, la única diferencia es que, dado el estándar de la salud privada, las condiciones son mucho más seguras”, enfatiza la legisladora.
El proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las catorce semanas se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados que en las últimas dos sesiones ha escuchado a diferentes organizaciones civiles como la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, Organización “Con las amigas y en la casa”, el Instituto Melisa, la ONG Médicos por la Vida, ABOFEM y la Fundación Chile Unido.
Dependiendo de la votación en la Comisión, el proyecto pasará o no a ser discutido en la Sala durante este segundo semestre.